Manuel Recio Abad.- Siempre se ha dicho entre aficionados, que no hay cosa peor que una corrida de toros aburrida.

El aburrimiento es un “estado emocional y psicológico de insatisfacción, caracterizado por la falta de interés, desgana o fastidio, provocado por la ausencia de estímulos, monotonía o inactividad. Es una sensación desagradable que surge al no tener nada que hacer o al encontrar las tareas actuales tediosas”. En la Real Maestranza, en alguna tarde en la que el tedio campaba por los tendidos, el ganado no embestía y los matadores perdían el control sobre su arte, se oía desde los tendidos de sol un singular sonido de alguien imitando a un pajarito. Inmediatamente el silencio maestrante que preside las corridas de toros, se tornaba en murmullo y más tarde en una estruendosa carcajada. Igualmente ocurría cuando se escuchaba a otro aficionado que tras colocarse las manos junto a la boca a modo de bocina gritaba: “Que aburrimientooooo!!!!!.

Pues eso mismo es lo que está sucediendo en toda España. Políticos y funcionarios nos están aburriendo. Casi nadie duda ya del objetivo destructor de la clase media, ni de la pequeña empresa o negocio familiar y no digamos ya de los autónomos. Han acabado con el necesario relevo generacional en la actividad de padres o abuelos. Cuantos pequeños comercios se han cerrado en los últimos cinco años?

Entre el año 2019 y el 2025 han cerrado cerca de 50.000 pequeños comercios en España, con una media de desaparición de unos 25 a 32 negocios al día. Solo en el pasado años 2025, se estima que más de 13.000 pequeños negocios bajaron la persiana.

Se estima que en estos últimos 25 años transcurridos en el presente siglo XXI , han cerrado más de 140.000 comercios. Una tragedia para muchas familias afectadas por esa fijación politico-administrativa de aburrir a quien quiere crear o mantener determinada actividad empresarial.

Ser empresario en España se ha convertido, para muchos, en una carrera de obstáculos. No por falta de talento, ideas o capacidad de trabajo. Tampoco por ausencia de iniciativa.

España está llena de personas valientes que arriesgan sus ahorros, hipotecan su tranquilidad y sus bienes, dedicando muchos años y esfuerzo a levantar un negocio. El problema estriba en la sensación creciente de que el sistema no acompaña al que emprende, sino que lo vigila, lo carga y en demasiadas ocasiones, lo desanima.

Hay una frase que se escucha cada vez con más frecuencia entre autónomos y empresarios: “En España parece que ser empresario está mal visto”. Y aunque pueda parecer exagerada, refleja una percepción muy extendida en amplios sectores de la sociedad productiva.

El discurso público habla constantemente de empleo, progreso y crecimiento económico, pero la realidad cotidiana de miles de pequeñas y medianas empresas es muy distinta: burocracia interminable, presión fiscal creciente, inseguridad jurídica, inspecciones constantes, costes laborales disparados y una administración lenta que exige mucho y facilita poco o nada.

Abrir un negocio en España no debería parecer una prueba de resistencia administrativa. Sin embargo, lo es. Licencias, permisos, declaraciones responsables, normativa laboral, protección de datos, prevención de riesgos, obligaciones fiscales, tasas municipales, autonómicas y estatales… El empresario dedica más tiempo a sobrevivir al papeleo que a hacer crecer su empresa.

Lo más preocupante es que esta situación se produce precisamente sobre quienes sostienen gran parte del empleo del país: autónomos, pequeños empresarios y pymes familiares, que son quienes crean 6 de cada 10 puestos de trabajo. Se trata de personas que no disponen de departamentos jurídicos, ni financieros capaces de absorber el coste de una regulación cada vez más compleja.

Durante años se ha instalado en parte del debate y la opinión pública la idea de que el beneficio empresarial es sospechoso. Se habla del empresario muchas veces como si fuera un privilegiado, cuando la realidad habitual es la de alguien que asume riesgos constantes, trabaja más horas que nadie, duerme poco y vive con la incertidumbre permanente de no saber qué nueva norma, impuesto o coste aparecerá mañana.

La realidad es que no hay empleo sin empresa y no hay salarios sin inversión y tampoco prosperidad sin iniciativa privada.

A ello se suma otro gravísimo problema como es la inseguridad jurídica. Las reglas cambian constantemente. Reformas laborales sucesivas, modificaciones fiscales, nuevas exigencias regulatorias y cambios normativos continuos dificultan cualquier planificación empresarial seria. Invertir requiere estabilidad, y la estabilidad se ha convertido en un bien escaso.

Todo esto genera una consecuencia silenciosa pero muy peligrosa: el desánimo. Muchos jóvenes ya no sueñan con emprender. Otros empresarios deciden no crecer para evitar más cargas. Algunos trasladan inversiones fuera de España. Y otros simplemente cierran.

Cuando un país desincentiva a sus emprendedores, termina debilitando su economía, su empleo y a toda su clase media. Porque detrás de cada pequeño negocio hay familias, trabajadores, proveedores y proyectos de vida.

Defender a los empresarios no significa defender abusos ni privilegios. Significa entender que quien arriesga capital, genera empleo y mueve la economía merece respeto y apoyo institucional, seguridad jurídica y una administración que ayude más y obstaculice menos.

España necesita menos sospecha hacia la iniciativa privada y más apoyo real al esfuerzo productivo. Necesita simplificar trámites, reducir burocracia, ofrecer estabilidad normativa y comprender que el empresario no es el enemigo del bienestar social, sino una pieza esencial para sostenerlo.

Un país que pone dificultades constantes a quienes crean riqueza acaba por empobrecerse a sí mismo.

Que aburrimientooooo!!!