No son ni los ministros ni el presidente del Gobierno, ni los tertulianos «al punto», ni los testigos «de parte», ni las declarativas, ni los informes de la Policía Judicial, ni los abogados defensores, ni las acusaciones, ni la Fiscalía, quienes dictan las sentencias. Son los jueces.

Esos son, y en exclusiva, quienes han de hacerlo. Esa es la misión y el deber que tienen encomendado. Ellos son quienes, con la ley en la mano, los hechos probados y las pruebas documentadas, las ponen y las imponen. Y esa es la hora, su hora, que para el primer caso de este rugiente volcán que desde hace años no hace sino que vomitar mierda y cochambre, al fin ha llegado.

Es la hora de la Justicia y la hora en que los jueces del más alto tribunal del Estado, el Tribunal Supremo, los magistrados del máximo rango y calificación para hacerlo, por más que oleadas de botarates y abducidos se empecinen en señalarlos como sayones apestados, ponderen y consideren todo y , con todos los considerandos precisos de todo lo que haya de considerarse y redacten, voten y dicten sentencia. Entonces será cuando, al fin, la Justicia habrá hablado.

La sociedad española necesita, mas que nunca en este ya casi medio siglo de democracia, oír y escuchar atentamente esa voz. Más que nunca, en este ya casi medio siglo de democracia, nos hace falta. Porque estamos tan anegados por este inmenso cenagal de porquería, tan embarrados por tanto fango, por tantas bocas escupiendo detritus y heces, entrelazadas las unas con las otras, que al cabo llegan ya a embotar con tanta fetidez nuestros sentidos y hasta que el pestilente olor a mierda lo demos ya por normalizado. Es más, algunos la han adoptado y declarado como el más agradable perfume y la más refrescante colonia y se rebozan con ella.

Por todo ello, y por una desesperada urgencia de una mínima higiene colectiva, necesitamos que de manera urgente y perentoria la Justicia comience a dragar las ciénagas y hacer limpieza. Nos va la democracia , la vida, tal y como la entendemos en libertad y en derechos, y nuestro futuro, en ello.

Y por ello este es, y ahora más que nunca, el momento de confiar en la Justicia y en quienes la aplican. Y no solo eso sino defenderla y defenderlos del acoso al que la están sometiendo.

El primero de los «casos», el Abalos-Koldo, de esta ristra interminables de procesos enredados los unos con los otros, de Begoña a Leire, de Cerdán a Pardo de Vera, del hermanísimo al amigo de Zapatero, con Sánchez planeando sobre todos en modo almendra encapsulada, ha quedado visto para sentencia. Queda esperarla y cuando llegue, acatarla y cumplirla. Le guste o le disguste a quien sea y suponga absolución o condena.

Habrá hablado la justicia y lo habrá hecho desde su más alto y calificado tribunal, el Tribunal Supremo. Que lo es jurisdiccionalmente por más que se pretenda hacernos ver y retorciendo torticeramente sus atribuciones, hacerlo y otorgarse unas atribuciones que no tiene, que el Tribunal Constitucional, ese donde se colocó a Conde Pumpido para arrastrar togas, es una suerte de Tribunal de Casación que está por encima.

Eso no es más que otra mentira. El Constitucional no es un órgano jurisdiccional. Sus competencias son otras y no le compete revisar sentencia alguna. Su función no es otra que velar porque los derechos constitucionales de todo ciudadano, y por supuesto de los reos, hayan sido y sean respetados. Con ello es con lo que trampean a gusto de quien los ha designado, declarando constitucional lo que se cisca en la Carta Magna y aduciendo que se han conculcado derechos de quien los ha conculcado todos y al que se ha tratado con la mayor y más exquisita consideración a los suyos.