El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ex vicepresidenta segunda y ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la votación de la Ley de amnistía

A la presente legislatura, la primera de la historia en la que el Gobierno no ha presentado al Parlamento unos Presupuestos Generales del Estado para su aprobación, se le empiezan a ver las costuras a una ejecución presupuestaria elaborada hace tres legislaturas y a unos parches a los que ya se pone incluso en duda su legalidad. Ha sido el Tribunal de Cuentas el que ha desvelado que el Gobierno recurrió a los fondos europeos –destinados a proyectos de recuperación económica– para pagar parte de la factura de las pensiones. En concreto lo hizo en noviembre de 2024, cuando desvió 2.389 millones para abonar las pensiones de clases pasivas y los complementos de las mínimas ante la falta de crédito generado por la prórroga presupuestaria desde 2023.

El organismo fiscalizador ha hecho esta denuncia en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio de 2024, en la que señala que la insuficiencia de crédito presupuestario para atender “compromisos ineludibles” de pensiones motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389 millones de euros, ambas financiadas con “créditos sobrantes” del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia financiado con fondos NextGen, con la justificación de que “no comprometían el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de fondos europeos”.

Pese a que el Gobierno asegura que ese dinero se usó porque “no se comprometía el cumplimiento del plan de recuperación ni la capacidad de absorción de los fondos europeos”, esta excusa no ha convencido al Tribunal, que considera que la actuación se ha llevado a cabo bajo unos “fundamentos jurídicos que tendrían que haber quedado mejor justificados”. También critica la “incertidumbre” generada sobre la “aplicabilidad de limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos” para financiar modificaciones presupuestarias “fuera de dicho servicio”.

Aunque es la primera vez que el Tribunal de Cuentas señala directamente un desvío de fondos “injustificado”, ya venía advirtiendo sobre esta situación en anteriores declaraciones, en las que ya señaló la necesidad de adoptar medidas que “garanticen la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo”. Ahora ha vuelto a advertir del «importante déficit estructural» del sistema de pensiones, cuya prórroga presupuestaria ha venido provocando que la disponibilidad de fondos siga siendo la misma que la fijada para 2023, algo que ya en 2024 provocó una infravaloración neta de esta partida de 1.008,4 millones. Otro efecto pernicioso es que los créditos definitivos superaron en 77.342 millones a los iniciales, de los cuales el 95% se tuvieron que financiar “apelando a la variación del saldo vivo de la deuda”, y solo el buen comportamiento de los ingresos permitió que dicha variación “no alcanzase este importe”. En este contexto, se advierte de que el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social vuelve a situarse por octavo año consecutivo en negativo y ya supera los 106.000 millones de euros.

Además, el informe saca a la luz la existencia de “pagos pendientes de justificación o de aprobación” a cierre de ejercicio por un importe de 1.627 millones de euros, que han superado los plazos establecidos en la normativa a estos efectos, al margen de otras incidencias, como las relativas a los “inventarios de inmovilizado” de la Administración General del Estado o la “falta de registro contable de las aplicaciones informáticas” desarrolladas con medios propios de la Seguridad Social.

Asimismo, el informe apunta que el balance en otras áreas, como en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes (baja laboral por enfermedad común) en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, es igualmente negativo y alcanza 2.677,3 millones de agujero. Por ello, indica que existen en la Cuenta General del Estado de 2024 “deficiencias en los deudores y en sus correcciones valorativas”, tales como la sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios por un valor de 1.263 millones de euros o la infravaloración de deudores de la Seguridad Social, el SEPE y el Fogasa por 2.643,9 millones. Con todas estas valoraciones, el Tribunal apunta a una sobreexposición del resultado presupuestario consolidado en 4.090,3 millones, que achaca a “una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos durante el ejercicio fiscalizado”. En total, existen en la Cuenta General del Estado de 2024 deficiencias en los deudores y en sus correcciones valorativas, tales como la sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributario, por un valor de 11.263 millones de euros.

Esta declaración del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado (CGE) ha sido aprobada con un voto particular en contra y seis votos concurrentes explicativo, es decir, que están a favor pero con disensiones y salvedades.