El problema ya no es únicamente la corrupción real o presunta; el problema es la degradación institucional y moral que provoca la sensación permanente de impunidad. Y ahí es donde la figura de José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en un símbolo profundamente incómodo para muchos españoles.

Resulta difícil entender por qué un expresidente del Gobierno aparece de forma tan insistente en escenarios políticos, económicos y mediáticos siempre rodeados de sospechas, de intermediaciones opacas o de relaciones difíciles de explicar con determinadas dictaduras y regímenes extranjeros. No hace falta siquiera que exista una condena judicial para que la imagen pública quede deteriorada: basta con la reiteración constante de episodios turbios, con la sensación de que siempre hay humo alrededor de los mismos nombres.

Y ese desgaste se multiplica cuando coincide con el momento más delicado del Gobierno de Pedro Sánchez. España asiste atónita a un desfile continuo de investigaciones, imputaciones, escándalos y sospechas que afectan al entorno político y personal más cercano al presidente. La ciudadanía contempla cómo los banquillos parecen llenarse de colaboradores, asesores, familiares políticos y personas vinculadas al núcleo duro del poder socialista. Aunque la justicia deba actuar con todas las garantías y respetando siempre la presunción de inocencia, el deterioro ético y político es ya evidente.

Lo más grave no es solo lo que pueda acabar probándose en los tribunales. Lo verdaderamente demoledor es el clima moral que se instala: la percepción de que el poder ha dejado de ejercerse con ejemplaridad para convertirse en una red de intereses, favores y supervivencia política. Y la comparación con otros expresidentes resulta inevitable.

Felipe González, con todas las críticas legítimas que puedan hacérsele, al menos ha mantenido una posición de independencia intelectual y ha terminado denunciando con crudeza muchas de las derivas de su propio partido. Sus discrepancias públicas con el actual PSOE reflejan, como mínimo, una preocupación real por la erosión institucional que vive España.

José María Aznar ha protagonizado declaraciones polémicas y episodios discutibles —incluida aquella boda de su hija convertida en símbolo de ostentación política—, pero jamás hemos visto su nombre vinculado de manera persistente a operaciones internacionales oscuras o a maniobras que desprendan sospechas continuas de corrupción personal.

Y después está Mariano Rajoy. Se le podrá reprochar su pasividad política o la sombra permanente de la financiación ilegal del PP durante años anteriores, pero incluso muchos adversarios reconocen que ha dado una lección de discreción institucional tras abandonar el poder. Rajoy desapareció prácticamente de la primera línea, renunció al protagonismo constante y, además, rechazó el sueldo vitalicio como expresidente. Un gesto de sobriedad y respeto institucional del que deberían tomar nota muchos otros dirigentes acostumbrados a vivir eternamente del cargo y de la influencia.

Porque un expresidente debería entender que su papel histórico consiste en proteger las instituciones, no en deteriorarlas; en aportar serenidad, no sospechas; en retirarse con dignidad, no en permanecer orbitando permanentemente alrededor del poder y de negocios que generan desconfianza.

España necesita menos ruido, menos arrogancia moral y mucha más ejemplaridad pública. Y precisamente por eso produce tanta indignación comprobar cómo ciertos nombres siguen apareciendo una y otra vez allí donde siempre parece haber demasiadas sombras.