El sanchismo es una dictadura presidencialista de facto que controla todo el poder y que es responsable de todos y cada uno de sus actos.

Numerosos expertos creen que Pedro Sánchez controla a sus ministros y colaboradores con igual o superior intensidad que lo hicieron en el pasado Hitler y Stalin.

Tras haber prostituido la democracia, dinamitado los principales controles y contrapesos del sistema y colonizado las principales instituciones del país, El sanchismo se ha convertido en algo odioso e indeseable.

En el sistema parlamentario español, definido por la Constitución de 1978 como una monarquía parlamentaria, el presidente del Gobierno dirige la acción ejecutiva y coordina a los ministros, pero responde ante el Congreso de los Diputados. Sin embargo, Pedro Sánchez ha impuesto un liderazgo donde el presidente se erige en eje indiscutible de todas las decisiones relevantes.

En una estructura de partido y Gobierno tan verticalizada, es difícil admitir que un ministro, un secretario de Estado o un dirigente territorial del PSOE tome una decisión de calado sin el permiso de Moncloa.

Si algo caracteriza al sanchismo es la identificación total entre el líder y el proyecto. Sánchez no solo preside el Gobierno; ha reconstruido el PSOE a su imagen y semejanza desde que recuperó el control del partido.

Críticos internos, como exministros o dirigentes históricos, han señalado una excesiva verticalidad: las listas electorales, los nombramientos en federaciones y las líneas estratégicas se deciden en el núcleo duro de Moncloa. Esto genera un entorno donde los “súbditos” —ministros, barones autonómicos afines y cargos orgánicos— son más lacayos que actores autónomos.

Esta concentración de poder es la esencia del sanchismo. Sánchez ganó primarias contra el aparato, resistió una crisis interna en 2016, llegó a La Moncloa vía moción de censura y ha rehecho coaliciones y apoyos parlamentarios pactando con independentistas catalanes (ERC, Junts), Bildu y otros. Cada paso ha requerido cesiones —como la ley de amnistía— que refuerzan la percepción de que el interés personal y de supervivencia prima sobre otros equilibrios institucionales.

Es un modelo donde los abusos y desmanes recaen directamente sobre la figura presidencial.

Cuando surgen escándalos de corrupción en el entorno (casos como Koldo, implicaciones en contratos durante la pandemia o problemas en secretarías de organización del PSOE), es casi imposible que el presidente no tuviera conocimiento y responsabilidad política última. Nadie duda, de que el “sí” o el “no” final pasa por Sánchez.

¿Dictadura presidencialista en un régimen parlamentario?

Sánchez ha potenciado todas las herramientas que la Constitución pone en manos de la presidencia del gobierno:

• Ha acumulado competencias en Moncloa.
• Ha reducido el peso real del Consejo de Ministros.
• Ha mantenido un control férreo sobre el PSOE, colocando a fieles en puestos clave y marginando a los que discrepan.

Son rasgos puros de un autócrata que erosiona los contrapesos y usa las instituciones en su provecho. Sus alianzas con fuerzas que desafían el orden constitucional (independentistas procesados y amnistiados) y el hecho de que el Gobierno legisla o gobierna más para mantener la mayoría parlamentaria que para el interés general alimentan la sensación de abuso de poder y avance hacia la tiranía.

El resultado es un “sanchismo” percibido como un régimen personalista: lealtad al líder por encima de ideología clásica socialista, instituciones subordinadas al proyecto de supervivencia y una polarización que sirve de escudo.

En este esquema, los ministros y altos cargos del PSOE funcionan como extensiones del presidente. La rotación de fieles, la centralización de la comunicación y la dificultad para que surjan voces disidentes fuertes dentro del partido refuerzan la imagen de una corte en torno a Sánchez. Incluso barones autonómicos que en el pasado marcaban perfil han sido neutralizados o reemplazados por perfiles más afines.

Esto no implica un régimen autoritario clásico con supresión de libertades o fraude electoral. España sigue siendo una democracia con elecciones, prensa plural y oposición activa. Pero sí señala una degradación profunda de la calidad democrática: debilidad de los contrapesos internos, personalización extrema y una cultura política donde el disenso se paga caro.

En un Gobierno y un partido tan centrados en una sola persona, los abusos, errores y desmanes tienen un responsable principal difícil de eludir.

Mientras el sistema permita esta concentración de poder abusiva, sin mecanismos efectivos de corrección interna, el “sanchismo” seguirá siendo sinónimo de una dictadura presidencialista de facto, dentro de las formas democráticas.

La historia juzgará si esta forma de ejercer el poder fortalece o destroza a España, a largo plazo.