El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) ha presentado una querella contra todos aquellos que resulten responsables de la trama organizada que investiga el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla sobre la inclusión de intrusos en expedientes de regulación de empleo financiados con cargo al Presupuesto autonómico. El Sindicato ha pedido su personación en la causa que instruye la magistrada Mercedes Alaya. Se inspira para ello en el hecho de que pudiera ser la Administración “paralela” una de las causas de este escándalo, cosa que no podría haber ocurrido de ser funcionarios los que estuvieran en el control de estas ayudas como marca la Ley.

El convenio que la Consejería de Empleo firmó a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad y Social con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) el 17 de julio de 2001 permitió que se tramitaran «subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido», como denunció el máximo órgano de control y fiscalización en su informe de 2005 y reiteró en los sucesivos.

Desde 2001 y hasta 2010, se destinaron 647 millones de euros para pagar ayudas a empresas en crisis y sufragar prejubilaciones. Hasta la fecha se han encontrado 111 irregularidades administrativas y 75 intrusos que han percibido una póliza de rentas mensualmente de manera previsiblemente ilegal.

La participación de la «administración paralela» en la trama de los ERE resulta fundamental. Pese a que el IFA –luego Agencia IDEA– era una entidad sometida a control financiero permanente, los hechos demuestran que la vigilancia no ha sido suficiente. El personal de estos entes autónomos no es funcionario.

El Safja entiende que los hechos investigados pudieran venir motivados por la ausencia de personal funcionario ejerciendo las labores de control que les reserva en exclusiva la ley. Por ello, argumenta que la Intervención General de Hacienda advirtió en reiteradas ocasiones que en la tramitación de las ayudas sociolaborales se estaba vulnerando la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma. Estos avisos han sido reconocidos por el propio Ejecutivo de José Antonio Griñán.

La propia Intervención denunció de manera reiterada en sus informes de cumplimiento que el personal laboral contratado vulneraba los principios y el procedimiento establecido en el artículo 15 del propio organismo, que recoge que «la provisión de puestos de trabajo del personal del Instituto se efectuará bajo los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, mediante el procedimiento de concurso que, en caso de existir vacantes, se celebrará, al menos, con carácter anual, con arreglo al siguiente orden de prelación: concurso de traslado, concurso de promoción y concurso de acceso».

Para el Safja es una de las claves, ya que constituye una de las principales reivindicaciones de este sindicato desde su fundación. Considera que la huida del derecho administrativo en beneficio de un entramado de empresas públicas dirigidas por personal situado por el Gobierno andaluz posibilita que los controles sean más laxos. Aquí enmarcan también sus protestas y reclamaciones judiciales contra el decreto ley 6/2010 de reordenación del sector público empresarial que posibilita la creación de nuevas agencias empresariales.

En la querella que esta mañana presentarán en los juzgados de Sevilla argumentan que existen claros indicios de comisión de un delito de malversación de caudales públicos, regulado en el artículo 432 del Código Penal y otro de prevaricación, tipificado en el artículo 404.

De la «guerra» contra el «decretazo», al escándalo de las ayudas fraudulentas

El descontento del personal funcionario con los responsables de la Junta de Andalucía es notorio. Durante años, han visto cómo sus funciones han sido suplantadas por personal laboral contratado a través de fundaciones, empresas públicas y entes instrumentales que desarrollaban su trabajo. Ahora, una juez investiga si esa maraña al margen de la Administración facilitó el fraude y busca hasta dónde alcanzan las responsabilidades. Por eso, ha pedido las actas de los Consejos de Gobierno. Los funcionarios quieren ser parte de la causa.