Estanislao de Kostka.- Hay desahucios que exigen protección social, soluciones habitacionales y una Administración que no mire hacia otro lado. Y hay otro, estrictamente político y democrático, que reclama el sentido común: el de Pedro Sánchez de La Moncloa. No mediante atajos ni estridencias, sino mediante lo que corresponde en una democracia parlamentaria cuando un Gobierno ha agotado su crédito: elecciones.

El último episodio de los decretos de vivienda resume con incómoda precisión una forma de gobernar que ya parece estructural. Después de casi ocho años al frente del Ejecutivo, en plena crisis de acceso a la vivienda, el Gobierno vuelve a comparecer con urgencias, parches, eslóganes y medidas de efecto inmediato. El Consejo de Ministros aprobó el 29 de septiembre dos reales decretos-ley: uno relativo a la “función social” de la vivienda y a la oferta asequible, y otro dirigido a la estabilidad de los contratos de arrendamiento. Ambos, afortunadamente, no han sido convalidados por el Congreso.

La urgencia, sin embargo, tiene algo de ironía cuando quien la invoca lleva casi ocho años manejando las palancas del poder. Si el acceso a la vivienda es hoy uno de los principales problemas de tantos españoles, no parece muy edificante presentarse ahora como bombero de un incendio que, durante años, no se quiso o no se supo evitar. Porque una cosa es reconocer una emergencia; otra, bastante distinta, es pretender que nadie pregunte cómo se ha llegado hasta ella. Y en ello está la prensa subvencionada.

El Gobierno anunció medidas como la extensión hasta el 31 de diciembre de 2030 de la protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional; prórrogas de alquiler para ciertos contratos; límites temporales a la actualización de rentas; y restricciones a determinadas operaciones de compra por entidades calificadas políticamente como “fondos buitre”.

Conviene decirlo con claridad: proteger a una familia vulnerable no es demagogia. Es una exigencia de humanidad y de Estado social. El problema comienza cuando la protección se formula sin una política suficiente y duradera de vivienda pública, sin seguridad jurídica equilibrada, sin mecanismos eficaces para ampliar de verdad el parque de alquiler asequible y sin soluciones que eviten trasladar una carga pública exclusivamente al propietario particular.

Porque una vivienda no aparece por decreto en el BOE. No se levanta con una rueda de prensa. No se rehabilita con una declaración institucional. No se incorpora al mercado asequible porque un ministro decida prolongar contratos, congelar subidas o bautizar ideológicamente a determinados propietarios. La vivienda exige suelo disponible, seguridad normativa, financiación, plazos administrativos razonables, colaboración entre administraciones y, sobre todo, construcción.

La pregunta es sencilla: ¿dónde están las viviendas prometidas, ejecutadas y puestas realmente a disposición de quienes no pueden pagar un alquiler? Después de casi ocho años, el ciudadano no necesita que le expliquen que existe una crisis. Lo sabe cada vez que busca un piso, cuando ve que su hijo no puede emanciparse, cuando comprueba que el alquiler consume media nómina o cuando una familia se ve obligada a abandonar el barrio en el que ha vivido toda la vida.

La secuencia de los últimos días resulta particularmente reveladora de quien nos gobierna y como nos gobierna.Eso no es una anécdota técnica. Es el retrato de un Gobierno que parece haber convertido la excepción normativa en rutina y la improvisación en método. Se anuncia primero, se negocia después y se comprueba al final si hay una mayoría parlamentaria que respalde lo aprobado. Así, los ciudadanos asisten a la aprobación de medidas que apenas tienen tiempo de desplegar efectos antes de ser tumbadas, mientras los problemas de fondo permanecen intactos. Y mientras tanto no hablamos de Ceuta ni de su corrupción.

En materia de vivienda, esa dinámica es especialmente dañina. Un inquilino necesita saber a qué reglas atenerse. Un pequeño propietario necesita conocer el marco jurídico antes de decidir si alquila o no su vivienda. Un promotor debe poder calcular costes, plazos y riesgos antes de construir. Un ayuntamiento requiere coordinación y recursos antes de planificar. La inseguridad, los cambios constantes y el uso partidista de normas sensibles no generan más oferta: generan cautela, retraimiento y más dificultad.

El pequeño propietario no es el enemigo, el enemigo de los españoles ahora mismo es el Gobierno y los que nos gobiernan, perdón, nos desgobiernan. La retórica de la extrema izquierda ha encontrado en el propietario una figura perfecta para el cartel político: una especie de villano genérico, siempre sospechoso, siempre responsable de que otro no pueda acceder a una vivienda. Pero la realidad española es bastante menos conveniente para la propaganda. Gran parte del mercado de alquiler descansa en pequeños propietarios: familias que han heredado una vivienda, personas mayores que complementan una pensión, trabajadores que ahorraron durante décadas o matrimonios que alquilan un inmueble como respaldo económico.

Convertirlos en la pieza de ajuste de una política pública fallida es, además de injusto, contraproducente. Si se prolongan de manera generalizada los contratos, se limitan las rentas sin atender a los costes reales, se incrementa la incertidumbre sobre la recuperación de la vivienda y se transmite el mensaje de que alquilar es asumir obligaciones crecientes con protección decreciente, el efecto previsible y que ya se está cumpliendo es que muchos propietarios retiren inmuebles del mercado o extremen la selección de inquilinos.

Entonces llega el milagro dialéctico: se intentan aprobar medidas que reducen la confianza, disminuyen la oferta y, después, se culpa al mercado por no obedecer al decreto. La demagogia tiene una gran ventaja: jamás se responsabiliza de sus propios resultados.

No se trata de defender abusos, ni de negar la necesidad de intervenir allí donde exista especulación, vulnerabilidad o fraude. Se trata de no confundir política de vivienda con propaganda contra quien posee una vivienda. El problema no se resuelve enfrentando a inquilinos y propietarios, como si ambos fueran ejércitos enemigos. Se resuelve haciendo que haya muchas más viviendas disponibles, asequibles y estables.

Después de casi ocho años de Gobierno, Pedro Sánchez no puede comportarse como si acabara de llegar a La Moncloa y acabara de descubrir que los alquileres son caros. No puede presentar como audacia lo que en realidad es una reacción tardía. No puede disfrazar de política estructural, una sucesión de decretos que nacen condicionados por negociaciones de última hora con sus socios y que terminan decayendo en el Congreso.

La vivienda es demasiado importante para utilizarla como una escenografía de urgencia. Quienes padecen alquileres imposibles, quienes no pueden comprar, quienes esperan una vivienda pública y quienes viven de la renta de un pequeño inmueble merecen algo más que consignas, decretos efímeros y culpables prefabricados.

España necesita una política de vivienda seria: más oferta, más construcción, más rehabilitación, más suelo, procedimientos más ágiles, colaboración institucional, seguridad jurídica y protección efectiva para quien de verdad la necesita. Lo demás es el habitual reparto de papeles: el Gobierno se atribuye la compasión, sus socios elevan la exigencia ideológica y los ciudadanos pagan la factura de la improvisación.

Pedro Sánchez debería tomar nota. El problema no es que España necesite proteger a los vulnerables; el problema es que La Moncloa lleva demasiado tiempo confundiendo protección con propaganda y gobierno con supervivencia parlamentaria.

España no necesita otro decreto para salir del paso. Necesita un Gobierno con proyecto, respaldo y capacidad de asumir responsabilidades. ¡España despierta ya y pide elecciones ya!, ¡desahucia ya al inquilino de la Moncloa!, es evidente que se le terminó el contrato.

*Abogado jefe de Alerta Digital