Sucesos como la invasión en Ceuta se irán acentuando porque el deterioro y la disfuncionalidad son inminentes: el Estado de bienestar tenderá a ser más caro.

Miguel Solís.- Es ampliamente conocido como los estados se expanden y fortalecen con las crisis económicas, ambientales, sanitarias o las guerras. A continuación, expondré una forma muy particular en la que el Estado se fortalece y amplia con el aumento de la conflictividad social.

¿Puede una sociedad cada vez más heterogénea en cuanto a sus valores y costumbres sostener indefinidamente instituciones basadas en la cooperación obligatoria y la provisión colectiva?

De inicio empezaré por lo básico: la libertad tiene valor por sí misma, pero en gran medida la valoramos consecuencialistamente: permite que el sistema conserve lo bueno mientras funciona pero también innove y haga cambios cuando hace falta, y desde un punto de vista individual, permite a cada uno desarrollar su proyecto de vida basado en su unicidad (genética y cultural) y su subjetividad (información, especulación, ambición, etc).

Por la propia naturaleza del ser humano, que busca alcanzar fines empleando medios que pueden ser económicos (ahorro y capital) o sociales (reputación, prestigio, confianza), la libertad no suele llevar al deterioro social. De hecho, los liberales tenemos teorías, difíciles de probar por completo, sobre cómo el colectivismo, el socialismo o el estatismo llevan al deterioro social por medio de la modificación de los incentivos económicos y sociales. Por ejemplo: la idea de que la inflación lleva al pensamiento cortoplacista y a la devaluación social de las personas mayores; que el Estado de bienestar lleva al abandono de los sistemas voluntarios de mutua codependencia, lo que facilita el parasitismo social y el aislamiento; o también, que la ilegalización de las drogas permite la formación de un negocio de alto riesgo pero también de altas ganancias que genera un sistema complejo de corrupción que atrae a jóvenes a la delincuencia y al vicio.

El deterioro social y la socialización forzada (obligar al individuo a cooperar y compartir recursos por medio de impuestos y gasto público) llevan inevitablemente a mayor conflictividad social. Por ejemplo, el transporte público propone que si varias personas comparten el mismo medio de transporte se pueden abaratar costes y aumentar la eficiencia; pero, sea de financiación pública o privada, constituye un modelo altamente dependiente de las buenas costumbres de los usuarios del transporte. En caso de que no haya buenas costumbres, depende al menos de que los usuarios compartan las mismas malas costumbres y, en consecuencia, no las perciban como externalidades negativas. Esto es tan sencillo como que, si en una sociedad se valora la limpieza e higiene personal, el transporte público depende en gran medida de que los usuarios estén aseados. Si el 40% no está aseado y no lo valora, y el 60% está aseado y lo valora, el transporte público no es viable en la práctica. Si, por el contrario, el 100% de los usuarios no está correctamente aseado porque no lo valora, esto no representa ningún problema.

Amte este ejemplo del transporte publico se puede objetar que si puede ser viable si hay mayor tolerancia entre los usuarios, si se emplean sanciones, una limpieza profesional o se hace una segmentación de los usuarios. Pero todo tendría un costo, y cuanto mayor sea la divergencia entre las normas que consideran aceptables los usuarios, mayor será el coste de mantener un sistema de uso colectivo.

Entonces podemos resumirlo de la siguiente manera: las prácticas colectivistas facilitan el deterioro social y el deterioro social atenta directamente contra las prácticas colectivistas. De hecho, la percepción de heterogeneidad o disonancia social dentro de un grupo o país está fuertemente vinculada a un menor apoyo a políticas públicas colectivistas o redistributivas, e incrementa la preferencia por esquemas más individualistas. Esto ocurre por varias vías; una es el altruismo intragrupal: cuando las personas perciben que la sociedad es social o étnicamente homogénea, tienden a identificar a los beneficiarios de la ayuda pública como miembros de su propio grupo social, lo que genera una mayor disposición a pagar impuestos o ceder recursos. Además, en un grupo socialmente homogéneo, las personas suelen enfrentarse a riesgos económicos similares y comparten visiones parecidas sobre el esfuerzo y el éxito, lo que facilita el consenso sobre qué tipo de red de protección estatal obligatoria se necesita. La evidencia empírica muestra que el incremento de la heterogeneidad social suele desplazar la demanda hacia bienes privados o transferencias individualizadas, reduciendo el interés por la provisión de bienes públicos universales.

Es cierto que la percepción de homogeneidad no depende estrictamente de la etnia o la cultura. Conviene distinguir, en este sentido, entre la heterogeneidad objetiva de una sociedad, la distancia cultural que sus miembros perciben y las categorías políticas mediante las cuales identifican a quienes consideran parte del propio grupo. Las recientes controversias y descalificaciones dirigidas hacia «el inmigrante venezolano» por determinados medios afines al gobierno en España pueden servir como ejemplo. Aunque existen importantes similitudes lingüísticas y culturales entre venezolanos y españoles, la asociación del inmigrante venezolano con posiciones políticas de derecha puede convertirlo, para determinados sectores, en un exogrupo político. Del mismo modo, otros grupos de inmigrantes como los marroquíes que se percibe como votante de izquierda (con los matices que ese apoyo a la izquierda pueda tener) pueden ser percibidos de manera más favorable por el votante de izquierda que lo asocia al propio endogrupo.

Lo relevante, por tanto, no es únicamente quién es objetivamente más parecido a quién, sino quién es percibido como «uno de los nuestros». Desde esta perspectiva, podría plantearse que la inmigración no necesariamente reduce por sí misma el apoyo a las políticas redistributivas: la polarización política puede desplazar la construcción del endogrupo y el exogrupo desde criterios principalmente étnicos, culturales o religiosos hacia criterios ideológicos. Sin embargo, el endogrupo político tiene que chocar en algún punto con el endogrupo cultural, a menos que no se perciba un conflicto ideológico en marcha, que es justamente el foco de la propaganda gubernamental.

A esta altura aparece el siguiente problema: cuando determinadas conductas comienzan a percibirse como incompatibles con la convivencia o con los fines del grupo, el Estado empieza a adquirir un papel creciente en su regulación, hasta el punto de determinar quién representa una amenaza para el orden colectivo.

¿Qué ocurre cuando, para mantenerlas, intentamos utilizar al Estado para fabricar la homogeneidad que la sociedad ya no posee espontáneamente?

En este punto de conflictividad en el que nos encontramos actualmente aparecen dos tipos de leyes que, aunque suelen presentarse como respuestas a problemas muy diferentes, comparten una estructura semejante: las leyes contra la vagancia, las malas costumbres o la peligrosidad social, y las leyes contra la subversión, el sabotaje, el desorden público, contra el odio o por la convivencia pacífica y la tolerancia. Lo interesante de estas leyes es que sirven para cazar opositores, pero se venden fácilmente como leyes para favorecer el bien común, la cooperación y la consecución de los “fines colectivos”.

Los dos tipos de leyes cumplen una función similar y terminan en escenarios similares: censura, arbitrariedad y persecución política. El Estado no puede perseguir la traición ni las malas costumbres sin sacar provecho para eliminar enemigos políticos. No niego que en el corto plazo pueda parecer tentador apoyar una ley estatal para restablecer las buenas costumbres y recuperar los espacios públicos que hoy se llenan de vendedores ambulantes, personas sin hogar o vagabundos; pero nada más lejos de una solución sostenible: prohibir la decadencia social sería prohibir el síntoma, sin atender la causa.

Ahora mismo en Europa se puede percibir la demanda por ambas leyes: la “derecha” pide que vuelva el orden social, las buenas costumbres y la sensación endogrupal. La izquierda pide que se acabe con el odio, el sabotaje al proyecto colectivo y el fascismo. Ambos tipos de leyes son dos maneras de llegar al mismo fin: la homogeneización del “pueblo” para hacerlo a la medida del político; pero, paradójicamente, son los ciudadanos quienes están deseosos de que la sociedad sea podada por una tijera u otra.

La tensión creciente en favor de estas dos leyes, que son a fin de cuentas dos estrategias de contención del grupo, continuará creciendo en los próximos años. Eventos como los recientes acontecimientos en Ceuta y la reciente burla hacia la inmigración venezolana asociada con la derecha se irán acentuando porque el deterioro y la disfuncionalidad son inminentes: el Estado de bienestar tenderá a ser más caro y peor, y las grandes promesas europeas como el uso y disfrute de lo público serán cada vez más difíciles.

La heterogeneidad tiene diversas fuentes: las redes sociales y la tecnología, la migración y las costumbres, las generaciones y la genética. Y varias de estas fuentes están impactando fuertemente en Europa, desencadenando potencialmente la siguiente paradoja: cuanto más heterogénea se vuelve una sociedad, más difícil resulta sostener proyectos basados en la cooperación obligatoria y en la existencia de un «nosotros» suficientemente amplio como para justificar la redistribución, la provisión colectiva y determinadas normas comunes. Sin embargo, al Estado le termina favoreciendo este caos, porque cuanto mayor es esa dificultad, mayor puede ser también la demanda por parte del electorado de utilizar al Estado para reconstruir artificialmente la homogeneidad perdida, ya sea en nombre del orden, de las buenas costumbres, de la tolerancia o de la protección frente al odio y la subversión. En ambos casos aparece el mismo problema: quién decide qué conductas y creencias son compatibles con la convivencia define quien conforma el pueblo o la ciudadanía y quien queda excluido o condenado.