¿Para qué sirve dar una subvención a una empresa en crisis? Se supone que dicho dinero, dinero público, debe servir para reflotar la empresa o, al menos, para evitar despidos masivos de trabajadores. Pero resulta sorprendente que 22 sociedades que presentaron un expediente de regulación de empleo en Andalucía recibieran previamente cuantiosas subvenciones por parte del Gobierno andaluz. ¿Para qué sirvió ese dinero? Lo que parece claro es que no sirvió para ayudar a las empresas a sobrevivir ya que luego presentaron ERE amparados asimismo por la Junta andaluza.

Según expuso el consejero de Empleo, Manuel Recio el pasado miércoles en el Pleno del Parlamento de Andalucía los incentivos y el apoyo público son necesarios para contribuir al sostenimiento del empleo y de la actividad productiva». Pero los hechos son testarudos y niegan esta afirmación.

La empresa Graficromo recibió 407.488 euros tras acogerse a la Orden de 10 de marzo de 2000 que regulaba el Programa de Ayuda para la Promoción y el Desarrollo del Sector Industrial. El incentivo se publicó en el BOJA el 7 de febrero de 2003. Un año y medio después, la empresa llegó a un acuerdo con el comité de empresa para un ERE que afectaría a entre 40 y 45 bajas incentivadas. De nada sirvió: la empresa presentó suspensión de pagos en febrero del año siguiente. En Graficromo figura como prejubilado de manera irregular el militante socialista de El Pedroso (Sevilla) Alejandro Millán Torres. Hay otras dos personas de las que se desconoce su identidad.

El caso de Cydeplas Pet también es llamativo. Ya en 1994 recibió a través del IFA un préstamo de 250 millones de pesetas. El 14 de marzo de 2000 aparece en el BOJA como beneficiaria de una ayuda directa para la promoción y el desarrollo del sector industrial –Orden de 4 de diciembre de 2005– de 100.981.200 pesetas. La fábrica de Dos Hermanas (Sevilla) presentó un ERE a finales de 2003 que afectaba a la totalidad de la plantilla: 49 trabajadores. El proceso culminó en 2004 tras la intermediación de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Según los datos de la Junta enviados al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hay tres intrusos en este expediente: uno de ellos, el ex alcalde socialista de El Pedroso, Rafael Rosendo.

Calderinox recibió más de 600.000 euros (652.263,71) según consta en el BOJA de 15 de mayo de 2006 tras acogerse a la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 21 de diciembre de 2001, por la que se convocan ayudas para las empresas del sector aeronáutico y para la localización de entidades y empresas en el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía. Es el mismo caso de Graficromo: año y medio después solicitó concurso de acreedores –antigua suspensión de pagos–. Ahí comenzó el proceso que acabó con prejubilaciones financiadas por la Junta entre las que se incluyeron dos personas irregularmente, uno de ellos el ex delegado de Trabajo en Sevilla entre 1998 y 2000, Juan Rodríguez Cordobés.

Otro ex alcalde socialista –Domingo Martínez, de San Nicolás del Puerto (Sevilla)– es uno de los tres intrusos en el ERE de Acyco Sal. Esta envasadora de aceitunas de Dos Hermanas –propiedad del Grupo Sos desde 2009 y en la que desembarcó en 2003– también recibe estímulos frecuentes de dinero público. En 1995, el IFA le prestó un aval por 450 millones de pesetas; en 1999, otro por 233 millones; y en 2001, uno nuevo de 350. Las subvenciones también son cuantiosas: entre 1997 y 2000 recibió varias por promoción cooperativa y economía social. Pero la más importante llegó en 2001: 2.941.052,73 de euros al amparo de la Orden de 29 de marzo de 2001 que regulaba el Programa Andaluz para el Fomento de la Economía Social. A finales de 2003, SOS Cuétara compró el 33,3 por ciento de Acyco por cinco millones de euros. La propia SOS Cuétara también tiene intrusos en ERE, como la suegra del ex director general de Trabajo.

Al amparo de la Orden de 5 de mayo de Promoción Cooperativa, la empresa Springer Arteferro recibió 30 millones de pesetas en 1995; 39, en 1997; y otros 30, en 1999. También obtuvo casi 7 millones por participar en programas de Formación Profesional Ocupacional como consta en el BOJA de 7 de febrero de 1998. Presentó un ERE y una persona que nunca trabajó en esta sociedad figura como beneficiaria de una póliza de seguros hasta su edad de jubilación, pagada con fondos públicos.

Grandes empresas como Primayor, Dhul, Delphi, Tioxide o Hitemasa siguieron el mismo proceso: dinero público para tratar de salvarlas y más dinero después para seguir pagando a los trabajadores –y a los que no lo son– hasta su jubilación.