Los sondeos internos y externos que circulan entre Ferraz, La Moncloa y San Vicente coinciden hoy en una imagen inquietante para el socialismo: el PSOE entra en la recta final de la campaña andaluza con riesgo real de caída por debajo del suelo histórico que marcó en las últimas elecciones autonómicas y que les dejó en 30 diputados de los 109 que tiene el Parlamento actual. La mayoría absoluta está fijada en los 55. En el mejor de los escenarios se conforman con la pérdida de otro diputado, pero el problema es que, conforme a los últimos trackings, podrían quedarse hasta en 26. El dato ha encendido todas las alarmas porque rompería otra barrera psicológica para un partido que durante décadas hizo de Andalucía en su gran fortaleza electoral.

La angustia no está únicamente en la caída, sino en lo que simboliza. En privado, dirigentes socialistas admiten que bajar de 30 diputados confirmaría que María Jesús Montero no ha conseguido reconstruir el espacio político perdido ni movilizar al electorado tradicional de izquierdas. Y que, además, el “efecto Moncloa” resta en Andalucía.

La fotografía que manejan en el PSOE se sostiene en un consenso demoscópico estabilizado: una derecha consolidada por encima del 50%, un PP tocando la mayoría absoluta, Vox resistiendo y una izquierda alternativa compitiendo por absorber parte del desencanto socialista.

Los diputados “missing”, que aterrorizan en el núcleo socialista, aparecen repetidamente en las simulaciones que manejan distintos equipos demoscópicos y dependen de movimientos mínimos en provincias decisivas como Sevilla, Málaga, Cádiz o Granada. Ahí es donde el sistema electoral andaluz convierte pequeñas oscilaciones de voto en terremotos parlamentarios.

El error del PSOE con Aldama

La implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la campaña no ha generado activación del voto. Tampoco ha conseguido alterar la sensación dominante de que Juanma Moreno sigue controlando el centro político andaluz mientras la izquierda continúa fragmentada y defensiva. La candidatura de Montero, diseñada inicialmente para nacionalizar la campaña y convertirla en un duelo directo con Moreno, ha acabado atrapada precisamente por su vinculación con el Gobierno central.

Mientras, en Moncloa han pasado ya página de Andalucía, no asumirán ninguna responsabilidad en el resultado, y están trabajando en ver cómo blindan mejor a la familia Sánchez (hermano y esposa) ante el calendario judicial que se les echa encima. El juicio a David Sánchez comienza el 28 de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz. Las sesiones están previstas para los días 26 y 29 y continuarán del 1 al 4 de junio. En un complicado escenario judicial, Moncloa ha pasado de negar el impacto político a dedicar todos sus recursos (también públicos) a diseñar una estrategia de resistencia: recurso de Begoña contra el jurado popular, ofensiva del PSOE contra jueces y lawfare, y movimientos judiciales para prepararse ante una más que posible condena al hermano, escenario principal en la hoja de ruta del Gobierno.

El caso de David Sánchez añade además un componente especialmente incómodo para el PSOE porque afecta a uno de los territorios políticamente más sensibles para el sanchismo: Extremadura y, lindando, de nuevo Andalucía. El PSOE teme que la percepción pública del mal ejercicio del poder acabe de hundir a las siglas en lo que fueron sus feudos más fuertes de voto territorial. En la estrategia de defensa del la familia de Sánchez entra todo el peso institucional del Estado, con la implicación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado en distintos momentos de los dos procedimientos.