Rafa Bermúdez.- Hace unos cuantos años, y con ocasión de una visita frustrada de alguien muy importante a Málaga, un veterano periodista me recordó una frase —parece que mal— atribuida a Mark Twain: «no dejes que la verdad estropee una buena historia».

Cada día estoy más convencido de que eso es exactamente lo que está ocurriendo con la sanidad andaluza. Da igual lo que demuestren los datos, los partidos de la izquierda opositora no aflojan la dura crítica contra la gestión del gobierno de Juanma Moreno.
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Pero lo que me ha servido de detonante para escribir este texto, han sido las últimas declaraciones de María Jesús Montero respecto de que la sanidad andaluza se aproxima al modelo de beneficencia, dicho por alguien que ha sido muy criticada por numerosos profesionales sanitarios.

Esta última apreciación no es un juicio de valor, sino que parece la conclusión lógica de una serie de datos objetivos. Como muestra dos botones: en el periodo en que fue consejera de sanidad (2004 a 2013) el SAS acumuló al menos 13 sentencias condenatorias firmes por demoras indebidas en diagnósticos de cáncer, especialmente de cáncer de mama, algunas con resultado de fallecimiento de pacientes. Y según la Cámara de Cuentas de Andalucía, en dicho periodo el SAS perdió unos 8.000 profesionales; el gasto sanitario se redujo en torno al 8 % y se cerraron más de 600 camas hospitalarias Y aunque no todo es imputable a su periodo, se denunció que en 2018 había 540.000 andaluces que no aparecían correctamente registrados en las listas de espera.

Voy a intentar analizar la situación actual de la sanidad andaluza utilizando pocos datos económicos y apoyándome, sobre todo, en mi experiencia y en la de personas muy cercanas y queridas por mí.

Los datos muestran una realidad difícil de ignorar:

• El gasto sanitario supera los 15.200 millones (más de un 55% respecto a 2018) representando un tercio del presupuesto global de la Junta.
• El gasto por habitante ha aumentado más de un 50%.
• Los conciertos con el sector privado se han reducido en cuantía en un punto y medio respecto de 2018, siendo inferior en cinco puntos a la media nacional.
• La inversión hospitalaria se ha multiplicado por 8,5 veces respecto de 2018.
• Andalucía ha sido una de las regiones que más ha reducido la lista de esperaquirúrgica en 2025.

Y, sin embargo, la crítica política no ha disminuido.

Es cierto que, pese al incremento del gasto y de la inversión sanitaria, la percepción ciudadana apenas ha mejorado respecto de 2018. De hecho, se ha reducido en 40 días la espera quirúrgica pero aún sigue por encima de la media nacional; prácticamente no se ha recortado nada la espera de especialistas y se ha empeorado en la obtención de cita en asistencia primaria.

¿Tiene alguna lógica esta realidad? Más adelante volveremos con ello.

Vamos ahora por el análisis de percepción. Hace dos años murió mi hermana a causa de un cáncer, agravado según unos o enmascarado según otros, por el COVID persistente que le quedó de la pandemia.

Mi hermana era enfermera del Hospital Regional de Málaga, con una experiencia de más de 30 años y se contagió del coronavirus muy pronto, por no abandonar su cometido aun a pesar de no contar con los equipos de protección necesarios. Y ahora que hemos vuelto a ver a Fernando Simón hemos recordado que aún quedan muchas preguntas abiertas sobre la gestión de aquella época.

Fue por ella que conocí el funcionamiento de las bolsas de trabajo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) gestionadas, según numerosas denuncias sindicales, con criterios clientelares por el partido en el gobierno andaluz hasta 2018 y de los sindicatos «de clase».

También conocí cómo se modificaron las valoraciones curriculares y de los concursos de méritos para beneficiar determinados perfiles, todo ello denunciado por los sindicatos CSIF y SATSE, en numerosas ocasiones. Y podrían citarse más ejemplos.

Pero me voy a referir a una experiencia más reciente, como ha sido la muerte de mi madre hace poco más de dos meses, con más de 94 años.

Murió en el magnífico Hospital Comarcal del Guadalhorce, tras doce días de hospitalización y coincidiendo con una semana de huelga de médicos. Ni una sola palabra de reproche hacia el hospital o su personal, sino todo lo contrario. Y quiero subrayar aquí la importancia de la sanidad comarcal, muchas veces menos visible en el debate político, pero decisiva para miles de familias.

Pero antes de llegar a este oasis sanitario, tuvo que pasar el calvario de estar más de 30 horas en una de esas denominadas camillas X de las Urgencias del Hospital Clínico Virgen de la Victoria. En ese plazo me dio tiempo de analizar las condiciones de prestación del servicio y las conclusiones no pudieron ser más claras:

Primera: la planificación hospitalaria de casi cuarenta años ha brillado por su ausencia, más conociendo lo que se tarda en proyectar y construir un hospital, como hemos comprobado con el nuevo hospital Virgen de la Esperanza.

Mientras que el crecimiento poblacional del área metropolitana de Málaga ha sido de más del 49% entre 1989 y 2025, cómo es posible que no se hubiese planificado la atención hospitalaria de esa demanda más que prevista. Quiero resaltar el ámbito metropolitano, no como oposición al ámbito comarcal anteriormente citado, sino como la constatación de los distintos ámbitos a atender.

Y segunda, que una parte importante de los usuarios que colapsaban el servicio de urgencias, acudían por motivos que podrían haberse resuelto en atención primaria.

La casuística es grande, pero el hecho cierto es ese, y ratificado por el personal sanitario y administrativo que presta servicio en esas urgencias, los cuales además de trabajar bajo un estrés que pasará factura, tienen que soportar la mala educación, incluso las amenazas de unos usuarios frustrados en sus distintas expectativas que en muchos casos poco tienen que ver con una urgencia hospitalaria (análisis de venéreas, píldora del día después, paliativos de drogadicción, bajas laborales discutibles, etcétera).

Atención primaria

Y así llegamos a la atención primaria. Todavía recuerdo cuando era factible sacar una cita con tu médico de familia a través de la aplicación o del servicio telefónico de una forma ágil y rápida. De hecho, la aplicación ClicSalud+ se puso en marcha en 2018 funcionando de forma estable. En 2019 se alcanzó la cifra de más de 700.000 citas mensuales gestionadas por esta aplicación.

A partir de la pandemia, el uso de la aplicación se disparó y, desde 2023, conseguir cita se ha vuelto cada vez más complicado. Rara vez aparecen huecos disponibles, aunque posteriormente puedan obtenerse presencialmente o existan tramos horarios con menor carga asistencial. Según explican muchos profesionales, solo una parte de las citas se libera en la aplicación, reservándose el resto para demandas no demorables, atención telefónica o gestión directa desde el centro.

Ya sé que hay mucho debate sobre esto y sobre quienes deciden los cupos. Pero voy a contar un caso que creo que explica bastante bien la realidad, aun a pesar de correr el riesgo de elevar al rango de práctica habitual lo que algunos dirán que es una anécdota.

Ocurrió en un centro de salud del distrito oeste de Málaga, en un barrio muy poblado y envejecido, donde una persona muy cercana a mí acudió en compañía de su madre de más de 90 años, porque había sido imposible obtener una cita por cualquier medio para renovar la medicación que ésta requería.

Trabajaba en dicho centro una persona que había sido su amiga por más de 40 años, y a la que se quejó de las molestias que suponía tener que acudir, en horas de trabajo, para solo pedir una cita. La respuesta de la trabajadora del SAS fue «encima no se lo vamos a poner fácil a Juanma». La respuesta de la usuaria fue «a la que me lo pones difícil es a mí que hasta ahora era tu amiga».

Muchos usuarios de la atención primaria acumulan experiencias parecidas, aunque sería injusto convertir una anécdota en una categoría general, por lo que no es posible hablar de boicot, ni de mala praxis generalizada. Se trata de reconocer que, cuando el sistema falla —por unos u otros—, quienes de verdad lo sufren son los ciudadanos.

Y eso debería ser motivo suficiente para exigir algo más que ruido político.