Ignacio Loring.- La gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha generado una de las mayores controversias sanitarias y políticas de los últimos años. Lo que comenzó como una emergencia internacional limitada a un barco aislado frente a Cabo Verde ha terminado convirtiéndose en un episodio marcado por la improvisación, la falta de transparencia y el choque institucional entre Moncloa y Canarias.

Mientras la Organización Mundial de la Salud trataba de coordinar una respuesta internacional para contener el brote, el Ejecutivo español decidió aceptar la llegada del crucero a Canarias pese a las dudas expresadas por autoridades autonómicas, expertos y parte de la opinión pública. El resultado ha sido una sensación creciente de descontrol y de incertidumbre que recuerda errores de otras crisis recientes.

El primer dato que sorprende es el cambio de criterio. Durante las primeras horas de la crisis, distintas informaciones apuntaban a que los casos más graves serían evacuados desde Cabo Verde y que el resto del pasaje permanecería aislado. Sin embargo, el Gobierno terminó autorizando la llegada del barco a territorio español. La decisión fue presentada como una obligación “ética, moral y legal”, pero nunca se explicaron con claridad los criterios técnicos concretos que justificaban trasladar el problema a Canarias en lugar de contenerlo donde ya estaba localizado.

El presidente canario, Fernando Clavijo, denunció públicamente la falta de información y reclamó una reunión urgente con Pedro Sánchez. Sus críticas fueron especialmente contundentes al asegurar que el Ejecutivo central estaba tomando decisiones sin compartir todos los datos epidemiológicos con las autoridades autonómicas.

La sensación de improvisación aumentó a medida que se conocían nuevos contagios, fallecimientos y posibles contactos estrechos. La propia OMS confirmó varios casos sospechosos y admitió la complejidad del rastreo internacional de pasajeros que habían abandonado el barco previamente.

La gran preocupación: el riesgo sanitario

Aunque los expertos han insistido en que el riesgo de transmisión masiva del hantavirus es limitado, también han recordado que la variante andina detectada en el crucero puede transmitirse entre personas en determinadas circunstancias. Precisamente por eso muchos ciudadanos se preguntan por qué el Gobierno optó por acercar el foco del problema a territorio nacional en vez de extremar el aislamiento.

La decisión de trasladar pasajeros y tripulación a Canarias y posteriormente a Madrid ha generado inquietud entre profesionales sanitarios y entre miles de ciudadanos que todavía recuerdan las contradicciones políticas y técnicas vividas durante la pandemia de COVID-19.

El Ejecutivo insiste en que existen protocolos estrictos y circuitos seguros. Pero el problema no es únicamente sanitario: también es político y comunicativo. Cuando una crisis de salud pública se maneja con mensajes cambiantes, filtraciones contradictorias y disputas entre administraciones, la confianza ciudadana se deteriora rápidamente.

Canarias, una vez más, ignorada

El enfado en Canarias no se explica solo por el miedo al brote. También responde a una percepción cada vez más extendida de que el archipiélago es utilizado por el Gobierno central como territorio de contención para problemas complejos sin una coordinación adecuada.

Las críticas del Ejecutivo canario reflejan un malestar institucional profundo. La impresión transmitida por Moncloa fue la de una decisión tomada desde Madrid y comunicada posteriormente a las autoridades locales, en lugar de consensuar una estrategia conjunta.

En cualquier democracia madura, una crisis sanitaria de este nivel exigiría máxima transparencia, comparecencias técnicas continuas y coordinación absoluta entre administraciones. Sin embargo, lo ocurrido ha estado marcado por rumores, rectificaciones y mensajes políticos

El Gobierno sostiene que actuó por responsabilidad internacional y razones humanitarias. Pero eso no elimina las preguntas legítimas que siguen sin respuesta:

¿Por qué se descartó definitivamente mantener el aislamiento fuera de territorio español? ¿Qué informes técnicos concretos avalaron la llegada del crucero? ¿Por qué Canarias denunció falta de información? ¿Existían alternativas logísticas menos arriesgadas? ¿Se está minimizando el impacto real para evitar alarma política?

Los españoles no necesitan propaganda ni mensajes tranquilizadores vacíos. Necesitan información clara, coherencia y decisiones comprensibles.

España tiene capacidad médica y profesionales preparados para afrontar situaciones complejas. Lo preocupante es que, una vez más, la sensación dominante sea la de un Gobierno que comunica tarde, improvisa demasiado y obliga a la población a enterarse de los detalles más delicados a través de filtraciones y enfrentamientos políticos.

Como ocurrió con el covid, ahora que de nuevo entra en juego la salud pública, el Gobierno de Sánchez ha decidido que la improvisación vuelva a formar parte del protocolo.