Antonio Naranjo.- El PP ha resucitado en la apertura del curso político un espinoso asunto que el propio Feijóo elevó a público, nada menos que en el Congreso, antes del verano: los negocios de la familia de Begoña Gómez en el sector del ‘relax’ y el beneficio que de ellos pudo lograr el propio Pedro Sánchez, a través de su esposa.

Lo ha vuelto a denunciar Elías Bendodo, que no parece ser un lobo solitario: algo así no se dice sin el permiso y la tutela de la jefatura, que obviamente ha valorado antes los pros y los contras de colocar ese asunto en el centro del debate.

Tal vez porque la sangría del PSOE en el voto femenino es ya escandalosa y difícil de revertir, o simplemente porque se considera justo y merecido aprovechar este bochorno para retratar el cinismo de un dirigente que, él sí, ha hecho del juego sucio una de sus herramientas de guerra favoritas.

Aun a sabiendas de que Sánchez jamás renunciaría a explotar algo así y que incluso sería capaz de inducir bulos mayúsculos sobre sus rivales con la colaboración interesada del concubinato mediático (ahí tienen las acusaciones falsas al hermano de Ayuso o a ella misma, a la esposa y la hermana de Feijóo o al juez Peinado), preguntarse si es oportuno o no priorizar este asunto que distingue a alguien decente de alguien como el líder socialista, que no lo es.

Y una vez aplicado ese control de calidad moral, la respuesta es afirmativa: claro que tiene todo el interés publico constatar la diferencia entre lo que predica en las instituciones un dirigente político y lo que tolera en privado. Sin necesidad de que haya un beneficio directo, preguntarle a Sánchez cómo se compadece su supuesta sensibilidad abolicionista con la prostitución con tener una familia política que se ha dedicado a ella es intachable: la coherencia entre lo que se legisla para el resto y lo que se admite en privado forma parte del catálogo de obligaciones elementales de un presidente del Gobierno, a quien también se le mide por cómo cumple él con las exigencias que le pone al resto. Solo faltaba.

Pero en este caso, hay algo más, que hace todavía más imperioso preguntarse por este episodio y, lo que es más importante, apelarle formalmente por él al aludido en sede oficial y donde sea menester.

Porque es un hecho que, bajo epígrafes comerciales destinados a camuflar la verdadera actividad de la familia Gómez, se explotó sexualmente durante lustros a hombres y mujeres, incluso en inmuebles de titularidad pública a nombre de Muface, un dato incomprensible que se prolonga aparentemente hasta hoy en día, con un alquiler hereditario a precio irrisorio que es intolerable y se asemeja al de los célebres «fondos buitre» tan señalados por el Gobierno.

Y porque nadie ha desmentido, porque no puede, que una parte de la siniestra riqueza obtenida de un negocio tan sórdido que según el PSOE debe ser perseguido y prohibido, mantuvo al matrimonio del actual presidente durante muchos años y le procuró al menos una vivienda de lujo en Pozuelo de Alarcón y otra de vacaciones en Almería.

Si Sánchez aceptó o disfrutó de esos regalos del suegro a sabiendas de a qué se dedicaba y si, todavía en la actualidad, disfruta de los ingresos por arrendamiento de algún inmueble a nombre de su esposa, inquilina de La Moncloa, el nivel de exigencia de explicaciones se dispara y lo convierte en una cuestión prioritaria.

En ningún país civilizado de Europa se toleraría que su primer ministro tuviera la más mínima relación con la explotación sexual de seres humanos, y desde luego mucho menos que tuviera en el pasado, ¿y en el presente?, el más mínimo dividendo gracias a ella, mientras se saca de la manga una ley precipitada para, de paso, tapar los casos de puteros o acosadores a los que él mismo promocionó y mantuvo hasta el último segundo.

Es Sánchez quien le debe una explicación a la sociedad española, en éste y tantos otros asuntos bochornosos, y no quien se las pide a quienes los airean, denuncian o exigen que dé cuentas. Ya está tardando.