Gabriela Moreno.- El crimen organizado no le teme al frío glaciar ni a los fuertes vientos de la Patagonia chilena. Ahora, la zona que se extiende desde Puerto Montt hasta Punta Arenas, bordeada por el Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle y Tierra del Fuego, hasta llegar al territorio antártico, se convirtió en la nueva ruta del narcotráfico, de acuerdo con autoridades que han detectado el uso creciente de estas rutas marítimas y zonas poco controladas del extremo sur de Chile y parte de Argentina.

El decomiso de cannabis y ketamina por la Policía Marítima de la Armada de Chile esta semana después de cuatro meses de investigación, interceptaciones telefónicas y seguimientos autorizados por la Fiscalía, confirmó el arribo de mafias internacionales a puertos australes.

La necesidad de conexión marítima para traficar cocaína a Oceanía motiva el interés en la zona donde tienen condiciones a favor para operar: una extensa geografía, baja densidad poblacional, frontera terrestre con Argentina y puertos con salida al continente insular, donde una dosis cuesta 263 dólares frente a los 30 dólares que se cotiza en Estados Unidos.

Tránsito con más ganancia

Mover sustancias y mercaderías ilícitas por el «Chile continental» genera más ganancias al crimen organizado que emerge en la Patagonia. Según el fiscal de Magallanes y la Antártica, Cristián Crisosto, la vulnerabilidad de la zona que abarca desde el golfo de Corcovado hasta el cabo de Hornos triplica la rentabilidad del crimen organizado.

Por ejemplo, traficar cigarros desde Argentina es un negocio redondo. Las bandas adquieren las cajetillas en Río Grande en 1500 pesos chilenos y las comercializan en las calles chilenas en 5000. Lo logran con impunidad, pasando el cruce San Sebastián, ubicado en Magallanes, porque en esta zona «no hay ningún hito geográfico. No hay un río ni una montaña. Es una pampa que permite un tráfico y un contrabando más nutrido», asegura el fiscal.

«Son rutas contraintuitivas», revela el funcionario. Es cierto. Para las autoridades resultaba impensado que el territorio más austral pasaría de recibir 200 mil senderistas aventureros anuales a un enclave de narcotraficantes.

Tránsito con presión

El Ministerio Público tiene varios antecedentes recopilados sobre el crimen organizado en la Patagonia, a tres meses del despliegue militar en la frontera norte ordenado por José Antonio Kast.

Si bien las organizaciones trasladan los cargamentos desde Bolivia o Colombia, en lugar de cruzar por el desértico Colchane lo hacen por Argentina vía marítima. El giro les permite llegar a Puerto Natales con drogas y cigarrillos.

La incautación en ese punto de 450 mil cajetillas de cigarros fabricados en la India, avaluados en 700.000 dólares, confirmó el cambio en las rutas del crimen organizado. Por la maniobra, hay ocho detenidos, dos con arresto domiciliario total y tres con nocturno acusados de lavado de activos.

Bandas en la Antártica

La situación del narcotráfico en la Patagonia presiona al gobierno de Kast no sólo por la salida de Trinidad Steinert del ministerio de Seguridad, a dos meses de su designación, sino también por ejecutar el «Plan Escudo Fronterizo» enfocado en las regiones del norte, Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta para frenar la inmigración sin incluir a la región austral.

Extender la iniciativa del Ejecutivo comienza a ser una demanda del gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, quien confirma un «aumento permanente de microtráfico y algunos intentos de instalación de bandas» en la región que geográficamente está aislada, con conectividad terrestre con Argentina y marítima a través de distintos puertos y caladeros naturales.

Las primeras actuaciones ya están en manos de la Policía de Investigaciones (PDI). La institución instaló móviles de control aleatorios en los puertos . Sin embargo, Luis Barría, alcalde de la comuna de Timaukel, que comparte 3000 kilómetros de frontera con Argentina, recalca que «son pocos los funcionarios que hay para el extenso territorio. Es imposible fiscalizarlo».

Lo cuestiona mientras espera el inicio de la temporada del paso terrestre por el Complejo San Sebastián, en la isla de Tierra del Fuego, que arranca en octubre y terminará en mayo de 2017.

En la Cámara de Diputados habrá debate sobre la situación. La próxima semana la comisión de Gobierno Interior solicitará una sesión especial con el fiscal Crisosto y los ministros del Interior, Claudio Alvarado; y de Seguridad Pública, Martín Arrau.