Las estadísticas indican que al menos 5403 colombianas —equivalentes al 30,7 % de los casos reportados entre 2017 y 2024— obtuvieron su residencia tras una denuncia por violencia de género. (Imagen generada mediante inteligencia artificial)

Gabriela Moreno.- Las denuncias interpuestas por mujeres extranjeras contra sus parejas, por violencia de género en España, coincidieron con un aumento del 500 % en la aprobación de permisos de residencia en el país por esta causa desde 2018. Partiendo de aquel entonces, las entregas de estos documentos aumentaron de 617 en 2017 a 3758 en 2024, permitiendo residir legalmente en el país a quienes se declaren víctimas de violencia física o psicológica, incluidas agresiones sexuales, amenazas, coacciones o privación arbitraria de libertad.

Las cifras corresponden a la última data del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, luego de la entrada en vigencia de una nueva normativa que concede la autorización de residencia temporal y trabajo a mujeres por sufrir «circunstancias excepcionales», así como a algunos de sus familiares, como hijos menores de edad o ascendientes en primer grado y línea directa.

Con el beneficio, cualquier procedimiento sancionador que existiera por su situación administrativa irregular, como una expulsión, queda sin efecto.
Colombianas y marroquíes en el primer lugar

Las estadísticas indican que al menos 5403 colombianas —equivalentes al 30,7 % de los casos reportados entre 2017 y 2024— obtuvieron su residencia tras una denuncia por violencia de género.

A ellas les siguen 5270 marroquíes, que representaron el 29,9 %; 1913 peruanas, con el 10,9 %; 1815 hondureñas, que alcanzaron el 10,3 %; y 1312 bolivianas, que cerraron los cinco primeros lugares con el 7,5 %. Después figuran las brasileñas, paraguayas, nicaragüenses y venezolanas.

En el caso de las colombianas, la aprobación de la residencia por violencia de género creció de 50 solicitudes en 2017 a 1620 en 2024, un aumento del 3140 %, mientras que entre las marroquíes, el alza varió de 166 a 996. Pese a ello, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, matiza los números e insiste en que el nuevo Reglamento de Extranjería «es especialmente sensible con esta realidad, a lo que se suma que muchas veces las mujeres migran para huir de la violencia y la discriminación».

Giro en el reglamento

El presidente del Gobierno, Pedro y Sánchez, flexibilizó los requisitos para obtener la residencia en España por denuncias de violencia de género. En 2023, su administración ordenó que se regularizaran a las mujeres extranjeras que hayan sido víctimas de este delito, independientemente de la situación migratoria en la que se encontraban o si su permiso estaba vinculado al agresor, como ocurre en los casos de reagrupación familiar.

La orden se basó en una «unificación» de criterios administrativos para derribar el miedo entre las víctimas a denunciar por temor a un impacto en sus trámites. ¿Facilitó el mandatario el camino de la regularización con la flexibilización del marco legal? El debate es amplio, considerando que sólo se requiere una denuncia de violencia de género para obtener un permiso de residencia provisional en España por un año y, posteriormente, acceder al definitivo.

Tanto el permiso de residencia provisional como el definitivo computan para solicitar la nacionalidad española por residencia. En el caso de los ciudadanos latinoamericanos, el plazo exigido es de solo dos años. Sin embargo, para acceder a la residencia definitiva, el proceso penal debe concluir con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial firme que reconozca la existencia de violencia de género.

Beneficios sin certezas

En el transcurso de ese lapso todas las migrantes que denuncian violencia de género acceden al Ingreso Mínimo Vital entregado por el Ejecutivo, cuyo monto es de hasta 1739 euros mensuales.

A ese cuadro, se agrega que España reconoció como refugiadas por motivos de género a 1588 mujeres y niñas entre enero y octubre de 2025. La cifra representó el 65 % del total de beneficiarios durante ese periodo. De la misma forma, entre 2021 y 2024, estas solicitudes se triplicaron al pasar de 23500 a 70700. Este aumento tiene mensaje: la búsqueda de asilo en España también es una alternativa para la regularización.

Ante la falta de certezas sobre cuántos casos son reales, pierden credibilidad las estadísticas sobre violencia de género que recoge el programa VioGén del ministerio del Interior, dedicado a recopilar información sobre víctimas, evaluar su riesgo y proporcionar alertas, avisos y seguimiento interinstitucional.

Incluso, la tendencia se extiende entre las españolas: 2.692.564 afirman haber sufrido violencia física o sexual dentro o fuera de la pareja, mientras que otras 3.076.748 reconocen haber atravesado situaciones similares.

Epidemia de pasaportes perdidos

Para la Unión Europea, las disposiciones en materia migratoria de Sánchez ignoran el Pacto de Migración y Asilo de la comunidad y ponen en riesgo el espacio Schengen. De hecho, un informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras asegura que existe un patrón de fraude alarmante en la «epidemia de pasaportes perdidos» que protagonizan los extranjeros solicitantes de residencia en España. El bloque advierte que el extravío es una maniobra para burlar controles.

Esa situación llevó a Bruselas a enfatizar que “un permiso de residencia nacional no autoriza a desplazarse por la UE, sino únicamente a vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió». El límite es claro: la UE cuenta con normas claras que deben respetarse y, si se descubre a una persona titular de un permiso de residencia nacional en situación irregular en otra parte de la UE, o si esa persona solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia.