Todo hace sospechar que durante la campaña electoral adquirirá gran relevancia, de nuevo, la presencia de funcionarios y laborales de la Junta de Andalucía, heridos y humillados por los Decretazos de Griñán y los sindicatos UGT y CC.OO. Tras la consagración de la «faena» publicando resoluciones que dan a los externos de los entes instrumentales de la Junta personalidad jurídica similar a funcionarios y laborales sin haber realizado ni pruebas ni demostración alguna con luz y taquígrafos de su mérito y su capacidad, las diversas organizaciones que representan a los miles de trabajadores públicos que rechazan este procedimiento, han comenzado a denunciar el caso, de nuevo, ante la Justicia.

Por ejemplo, el sindicato USTEA ya ha presentado denuncia ante los jueces. pero sobre todo se prepara la gran manifestación del día 14 de mayo, en plena campaña electoral.

Cuenta Europa Press que Ustea ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los recursos contenciosos administrativos contra los estatutos de las agencias públicas, contempladas en la Ley de Reordenación del sector público andaluz, y contra los protocolos que han sido publicados en el BOJA. Como saben, todo el conjunto de empresas públicas, fundaciones y entes diversos se ha refundido en varias superagencias donde funcionarios, laborales de la Junta y trabajaadores externos convivirán bajo una dirección común y normas y condiciones crecientemente comunes. Es lo que se denuncia. De hecho, la Junta y el PSOE convierten en empleados públicos casi de iure a casi 35.000 externos sin más prueba que el de los hechos consumados.

El sindicato está a la espera de que sean admitidos a trámite estos recursos. Según señalan, la Administración «sigue» aprobando los estatutos de las agencias públicas y los protocolos de integración del personal «al igual que como ocurrió con la Ley, sólo con el apoyo de UGT y CCOO».

Ustea denuncia que «de nuevo se vuelve a obviar a los sindicatos más representativos de la mesa sectorial de negociación, que rechazaron la citada ley y ahora los estatutos y protocolos». Ustea afirma que, como ya denunció en la última mesa sectorial, «no ha participado ni en la aprobación de los estatutos ni en la negociación de los protocolos de integración», por lo que su «oposición es total» ante «toda operativa» iniciada con los decretos 5 y 6/2010 y mantenida con la ley por cuanto afecta a «un gran número» de empleados públicos.

Otras dos centrales sindicales que han anunciado la presentación recursos son Safja y CSIF, así como la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA). También se prevén más impugnaciones ante el Tribunal Constitucional por parte de la Plataforma (a través del Defensor del Pueblo Estatal) y del Partido Popular.

La responsable de CSIF, Alicia Martos, dijo ayer a ABC que probablemente los servicios jurídicos de su organización tendrán listos los recursos la próxima semana. Martos advirtió de que una vez más la Junta aprovecha un periodo de descanso de muchos de los funcionarios, en este caso la feria de Sevilla, para publicar en el BOJA nuevos aspectos de la polémica normativa. Ya ocurrió en verano con el «decretazo», que posteriormente se convirtió en Ley, y con los estatutos, que vieron la luz en Semana Santa. «Cuando ocurre una vez se puede pensar que es casual, a la segunda ya no parece que es tanto, y si son tres es evidente que tiene un propósito, tratar de desmovilizar al personal, y lo que no saben es que la gente se ha dado cuenta y más cabreada está».

Este enfado, resaltó Alicia Martos, seguro que volverá a ponerse de relieve en la gran manifestación que todos los colectivos que se oponen al «funcionarizo» tienen previsto secundar el próximo 14 de mayo en Sevilla. «Podríamos haberla convocada el 20 ó el 21, en vísperas de las elecciones, pero no lo hemos hecho», y ante la posibilidad de que desde la Junta en cualquier caso se pudiera interpretar como un intento de los funcionarios de mediatizar los comicios, Alicia Martos señaló que «el PSOE lo hubiera pensado antes de hacer esta barrabasada. Nosotros vamos a lo nuestro», apostilló.

Protestas en plena campaña electoral

Seerá la tercera gran movilización que los empleados públicos de la Junta de Andalucía llevarán a cabo para manifestar su rechazo a la reordenación del funcionariado, y en esta ocasión coincidirá con el ecuador de la campaña electoral a la municipales. Precedentes de esta acción fueron las marchas celebradas el 13 de noviembre de 2010 y el 22 de enero del presente año, que culminaron ante las puertas del Parlamento andaluz. En ambos casos, los sindicatos, las plataformas y las asociaciones que desde el pasado verano vienen protagonizando acciones de protestas contra la los planes del Gobierno andaluz consiguieron la participación de más de 30.000 personas.

«Cajonazo» en la Diputación de Cádiz

Lo que ha ocurrido en Cádiz da una idea del «juego sucio» que existe en las elecciones sindicales. En el proceso de elecciones al Comité de Empresa de la Diputación de Cádiz del próximo 11 de Mayo, CSI-F presentó en tiempo y forma una lista de candidatas/os que cumplía con todos los requisitos legalmente exigibles. El día 25 se proclamaron provisionalmente las candidaturas en la que CSI-F se presentaba por la lista de Administrativos y Técnicos con 10 candidatos. El día 26, que según el calendario electoral, era el día para presentar reclamaciones contra las candidaturas, no se presentó ninguna reclamación contra esta candidatura.

Pero el día 27, día de la resolución (de las posibles reclamaciones) y proclamación definitiva, se comunicó a CSIF que se había producido la renuncia de uno de sus candidatos (se sabía desde antes que había “presunta” existencia de coacciones y amenazas al menos a dos de sus candidatas/os; coacciones y amenazas que se denunciaron ante la Mesa Electoral y el Juzgado).

La Mesa dio 24 horas de plazo para corregir esta deficiencia mediante la presentación de otro candidato. CSIF se negó entendiendo que su candidatura se había presentado en tiempo y forma y que, al no haber habido alegaciones, la lista debió ser proclamada definitivamente. Pero pese a la ley y pese a que el departamento de Recursos Humanos intentó mediar tanto UGT como CCOO propusieron la exclusión de la candidatura del CSIF, amenazando con demandas en caso contrario.

Dice CSIF de Cádiz que «ante esta nueva injusticia perpetrada contra nuestro Sindicato (posiblemente motivada por el descalabro que estos Sindicatos están sufriendo en todos los procesos electorales que se están celebrando en las distintas Administraciones Publicas), no hemos visto obligados a denunciar este hecho ante el CMAC y, en su caso, presentar posteriormente, si fuera necesario, una demanda ante el Juzgado de lo Social, a fin de defender nuestros derechos a no ser acosados por motivos sindicales, y a poder participar en estas elecciones, dentro de un proceso limpio y democrático. En definitiva, a que no se conculque el derecho a la libertad sindical. En caso de que nos den la razón, el proceso deberá repetirse desde el día en que se nos ha excluido del mismo. Nuestra intención es hacer que el Comité vuelva a ser un Órgano vivo en la Diputación, ya que hace más de dos años que no se reúne con regularidad, incumpliendo su propio reglamento, sin que a nadie parezca importarle. «