Un grupo de personas espera para comprar pan en un comercio de Caracas, el pasado 17 de marzo

“Ya no hay colas en las panaderías porque ya no hay pan y arepas en la mesa de los venezolanos”, asegura un ciudadano de a pie, desesperado por la situación de escasez de harina que vive el país. La guerra declarada por Nicolás Maduro a los panaderos la semana pasada se ha saldado con al menos cuatro empleados detenidos y veintiún establecimientos tomados por la fuerza por los denominados «Claps» (antiguos soviets) en Caracas.

La medida ha supuesto un auténtico bumerán. En lugar de mejorar el abastecimiento, la intervención gubernamental ha empeorado la crisis. El régimen ha obligado a las panaderías a hornear el pan popular (canilla o baguete) todo el día con el 90 por ciento del saco de harina que le suministra y el restante para medias lunas y pasteles. El problema es que no hay harina y Maduro no sabe cómo multiplicar los panes.

Las 700 panaderías caraqueñas, aterrorizadas por la arremetida que inició la Superintendencia Nacional de la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) con sus 3.900 fiscales, acompañados por la Guardia Nacional Bolivariana, ya han comenzado a cerrar porque no les llega la harina y no pueden cumplir con el decreto.

El temible superintendente nacional, William Contreras, está ejecutando las amenazas del régimen. Afirma que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Claps) ocuparán las panaderías durante 90 días, en los que contarán con el suministro de harina. Las dos primeras de las veintiuna afectadas fueron Maison Bakery e Inversiones Rol 2025, situadas en el centro de Caracas.

Los empleados detenidos fueron identificados como Enderson Sierra, Jeanpiero Vargas, Héctor José Guillote Marrero y Wilmer Oswaldo Camargo Castillo, quienes -según reseña la Sundde en una nota de prensa- «violentaron» la Ley Orgánica de Precios Justos.

El hambre se disparó en Venezuela a niveles de «miseria extrema», según la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). El diputado venezolano José Guerra señaló que la grave situación que afrontan las panaderías no ocurre por los motivos que expone el Gobierno y explicó que la crisis del pan se debe a que el Estado sería el responsable de monopolizar la producción de trigo y su distribución.

Cifras de la escasez

El desabastecimiento de alimentos y medicinas oscila entre 80 y 90%. Para paliar el hambre que ha lanzado a tres millones de personas a buscar comida entre la basura, Maduro ha fundado los llamados «Claps», que distribuyen bolsas de alimentos subvencionados. Pero solo llega al 30% de los dos millones de «revolucionarios» registrados. El país tiene 30 millones de habitantes.

«Estos revolucionarios reciben una bolsa o caja de productos importados cada 4 y 5 meses», dice un repartidor chavista que pidió permanecer en el anonimato. Pero advirtió de que «nos queda inventario solo para un mes» y reconoció que los Claps son un foco de corrupción que ha causado metástasis en la población. En el interior del país las carreteras son bloqueadas en protesta por no recibir los productos importados de México y Panamá.

Maduro se niega a permitir un canal humanitario para recibir donaciones de alimentos y medicinas del exterior, mientras desaparecen el pan y la arepa (tortilla de maíz) de la mesa de los venezolanos. La poca harina de maíz que llega procedente de México y Colombia ha reemplazado a la nacional.

Presupuesto mínimo

En su presupuesto anual de 2017 destina el 70 por ciento para pagar la deuda externa y solo para el 10% para el Ministerio de Alimentación. «El monto destinado a pagar el endeudamiento es 4 veces superior al que se le asignó al Ministerio de Alimentación, que fue de 82,24 millardos de bolívares», dice la Ley de Presupuesto Nacional.

La inflación de 700 por ciento y la escasez de 80 por ciento no ofrecen muchas opciones al 82% de los habitantes que comen dos veces por día. La poca harina que consiguen en el mercado negro la mezclan con zanahorias y tubérculos para que cunda más.