El pasado 20 de marzo, se produjo un acontecimiento político insólito en España hasta ahora, protagonizado por el ala comunista del Frente Popular gubernamental. Consistió ese suceso en negarse los 5 ministros de Sumar –con la vicepresidenta 2ª Yolanda Díaz liderando la protesta– a incorporarse a la mesa del Consejo de Ministros. El motivo fue su protesta por no incluirse en el RD Ley previsto en el Orden del Día del Consejo –con las medidas necesarias para hacer frente a la crisis provocada por la guerra de Irán– la propuesta de Sumar sobre la prórroga de los alquileres de las viviendas. De tal manera que el comienzo de la reunión gubernamental estuvo pospuesto durante dos horas, hasta que Sánchez se comprometió a aprobar un Real Decreto Ley monográfico sobre los alquileres. Incluyendo unas condiciones sobre su prórroga y la okupacion, claramente alineadas con la ideología comunista «progresista» en la materia.

El PP y Vox, además de Junts, se manifestaron en contra de su aprobación desde el primer momento, sumándose finalmente también el PNV con su abstención, a esa posición. Y por si faltara algo, el portavoz peneuvista Aitor Esteban suspendió un encuentro previsto en La Moncloa, al sentirse ofendido por una publicación en las redes sociales efectuada por el PSE, de una imagen suya elaborada por IA. Que los nacionalistas catalanes de Puigdemont, y ahora también los vascos, se alejen del sanchismo, hace absolutamente insostenible su situación en el Gobierno.

Ahora, Yolanda Díaz enfurecida por el rechazo a su iniciativa por el Congreso de los Diputados, hace un llamamiento general para que todos los perjudicados por esta decisión se manifiesten en la calle. Es decir, que a una democracia parlamentaria que tiene un gobierno que carece de mayoría en el parlamento por lo que está incapacitado de legislar, hasta el punto de que no se ha aprobado ni un solo Presupuesto en la legislatura, se le añade ahora esta otra novedad. Nada menos que es el Gobierno quien llama a manifestarse contra la oposición, por no convalidar su enésimo Real Decreto ley. El deterioro provocado a la calidad de nuestra democracia por el sanchismo es de tal magnitud que va a exigir una reforma constitucional para impedir que su conducta política se consolide en el futuro por el precedente que ha creado.

La salida normal ante la «bunkerización» de Sánchez en La Moncloa sería una moción de censura, pero ni Junts, y mucho menos el PNV, están dispuestos a votar su defenestración. Por lo que España va a tener durante un año, hasta las elecciones generales de 2027, una situación de absoluta incapacidad de gobernar por quienes ostentan esa elevada responsabilidad.