El empresario y presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, ha manifestado este miércoles su declaración como acusado en el juicio del Tribunal Supremo que tuvo que retirar una oferta a la SEPI por una parcela en el centro de Madrid porque el exasesor ministerial Koldo García le dijo que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “la quiere para ella”.

Dicha oportunidad era, según ha contado Aldama, el complejo inmobiliario de la SEPI en Campos Velázquez, que ocupa las calles “María de Molina, Serrano y otras dos calles colindantes”, y que tiene una extensión de 43.000 metros cuadrados.

Aldama ha explicado que fue contratado por un fondo de inversión para gestionar la compra. “En ese momento habíamos bajado de 250 millones de euros, si no me equivoco, a 208 millones de euros, en el que yo tengo un contrato por vender eso. Si se vende a los seis meses de presentación de esa oferta, 20 millones de euros de comisión, y si se vende después de esos seis meses, 15 millones de euros de comisión”, ha contado.

Pasados “tres o cuatro meses”, Koldo le dijo que tenían “un problema con Campos Velázquez” y le indicó que tenía que “retirar la oferta”: “Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha dicho que quiere Campos Velázquez para ella”.

Entonces, tuvo que “retirar la oferta, con todo lo que conlleva”, y se le ofreció “un suelo que ni ellos saben de quién es titularidad” y Koldo le dijo que ya estaba “arreglado”, aunque Aldama respondió que no les había llegado “ningún tipo de notificación”.

Aldama ha explicado que llamó al exasesor ministerial para informarle que iban a llegar esas ocho millones y Koldo hizo “sus gestiones, como siempre, ordenando y mandando, y cambia de cuatro a ocho”. “Compramos ocho millones porque era un problema en China comprar mascarillas. Y luego por un tema muy importante, por los fletes: Air Europa en ese momento, los aviones que utilizamos, no tenía autorización para sobrevolar espacio aéreo chino”, ha explicado.

El exasesor ministerial explicó a Aldama que el Ministerio no podía comprar mascarillas, sino que lo tenía que hacer un “ente interno”, ha declarado, como pueden ser Puertos, Adif o Correos.

En ese momento, el acusado ha hecho un inciso para hablar del “error” de Correos. Según él, la entidad pública hizo una transferencia de “8,3 millones de euros sin un contrato”. “Nosotros llamamos alertados y le decimos que qué hacen mandándonos una transferencia sin un contrato y qué hacemos con eso, si no tenemos todavía para ellos mascarillas”, ha explicado.

Desde Correos le dijeron que había sido Koldo el que había dado la indicación de “mandar” la transferencia “Nosotros nos hacemos cruces y les decimos que no nos queda más remedio que devolver el dinero”, ha manifestado.

Aldama ha explicado que este incidente le provocó “un problema” porque, cuando recibieron las mascarillas, no sabían a quién vendérselas. Pensando en a quién podían vender esas mascarillas, es cuando “entra Canarias y entra Baleares”. Koldo me dijo, ‘no te preocupes, que ya lo soluciono'”, ha rememorado.

Según Aldama, la entonces presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, “aceptó” adjudicar el contrato de compra de mascarillas con Soluciones de Gestión, la empresa epicentro del caso, al igual que hizo después el presidente canario y ahora ministro, Ángel Víctor Torres.

Tras casi ocho horas de declaración ante el Tribunal Supremo, el empresario Víctor de Aldama ha cerrado su declaración asegurando, a preguntas de su defensa, que en el Ministerio de Transportes “había más Aldamas”, más personas que hacían “lo mismo” que él, en alusión al reparto de comisiones a cambio de contratos públicos.