La situación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se complica ahora que el juez Juan Carlos Peinado ordenó procesar a la esposa del mandatario por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En términos simples, el magistrado considera que hay indicios suficientes de delito y decide continuar la causa.

Aunque el delito de intrusismo profesional queda descartado por contar con «un indicio endeble», esto no matiza la gravedad de la situación a la que se enfrenta el matrimonio y la continuidad del proceso judicial por los demás cargos. Y es que las polémicas en las que aparece involucrada Gómez han golpeado en los últimos meses la imagen la Sánchez, venida a menos por otros escándalos como el caso Ábalos o las investigaciones contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Lo que comenzó en abril de 2024 tras una denuncia del grupo sindical Manos Limpias por la participación de Begoña Gómez en una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ahora llega a una nueva instancia judicial donde las partes tendrán un plazo de cinco días para que «insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral [que contará con un jurado popular] formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales».
Cuántos años podría recibir la esposa de Pedro Sánchez

En caso de que la causa avance a juicio y de que la justicia española hipotéticamente declare culpable a Begoña Gómez por alguno o la totalidad de los delitos investigados, la eventual condena quedaría condicionada a la gravedad de los hechos y la existencia de agravantes.

Según el Código Penal español, las penas previstas para estos delitos oscilan desde los seis meses hasta más de ocho años de prisión. La malversación figura como el delito con penas más severas, sobre todo si se acredita lucro o perjuicio significativo al dinero público. No obstante, el juez aplica criterios de concurso de delito. Es decir, dicta una misma sentencia. En este caso podría traducirse en una condena de entre tres y diez años de cárcel, con posibilidad de incrementarse en supuestos de mayor gravedad.

Respecto a Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, será procesada por los mismos delitos, según la última decisión del juez Juan Carlos Peinado. Sobre ella pesan sospechas por haber desempeñado labores para la agenda privada de Gómez, frente a la UCM, a pesar de ser empleada pública y pagada con recursos del Estado. El empresario Juan Carlos Barrabés también figura en este caso por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Como resultado, quedan a un paso del banquillo, al igual que la esposa de Pedro Sánchez.

Detrás del «esposa de» usado por Begoña Gómez

El magistrado también mantiene en pie que el estatus de Begoña Gómez como «esposa de» pudo haber sido el factor determinante para ejercer el presunto tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, de carácter público.

Cada uno de los presuntos delitos está detallado en el documento judicial. En el caso del señalamiento por corrupción, Gómez habría sido «la impulsora de la captación de fondos privados», no para esa cátedra universitaria pública, sino para «su patrimonio personal».

También se cita el patrocinio de la cátedra por parte de empresas y que pudieran esconder «retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno del esposo de la investigada».