La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle, han anunciado esta tarde un acuerdo para formar gobierno en Extremadura, por el que la popular será la presidenta del Ejecutivo autonómico y Vox ocupará dos consejerías, una con rango de vicepresidencia.

Así lo han anunciado en una comparecencia conjunta convocada esta tarde en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, en la que ambos dirigentes han mostrado su satisfacción por un acuerdo que consta de 61 puntos y 74 medidas y en el que han acercado posturas “más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir”, según Guardiola.

La intención es que el pleno de investidura se celebre el martes 21 y miércoles 22 de la próxima semana y que María Guardiola sea reelegida como presidenta de la Junta de Extremadura el viernes 24 de abril.

El partido verde volverá a ostentar responsabilidades -una vicepresidencia y dos consejerías- en una administración autonómica tras la “espantá” que ordenó Santiago Abascal en verano de 2024, con motivo de un reparto de menores inmigrantes. Y, precisamente, el apartado más destacado del primer acuerdo que sellan ambas formaciones desde aquellas alianzas que luego se rompieron es la inmigración ilegal. El epígrafe donde el PP más cede dentro de un documento que, por otra parte, no recoge ninguna alusión al aborto ni a las políticas de género, banderas de Vox.

Los dos partidos suscriben su “rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central” y prometen que la Junta “se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

El documento, que establece plazos de complimiento para cada medida, recoge varias propuestas que representan, más bien, brindis al sol. Porque no se pueden aplicar desde una región. O porque suponen emplazamientos al Gobierno de España que tiene que llevar a cabo el Gobierno de España. Como “adaptar de forma inmediata a la legislación nacional el nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo”.

En el marco de sus “limitadas competencias”, los dos partidos aseguran que el gobierno extremeño “promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”. Por otro lado, anuncian: limitar la creación de plazas de menores en centros de acogida, endurecer los regímenes disciplinarios para garantizar la seguridad en los centros, verificar la edad de los inmigrantes ilegales; una auditoría sobre todos los gastos vinculados a la “inmigración masiva” y suprimir todas las “subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal”.

Otros que verán reducidos sus aportaciones, en un 50%, serán sindicatos y patronales de empresarios que “no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva”, para garantizar así “que los recursos públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades de los extremeños”.

Relacionado con la inmigración, PP y Vox adelantan que la Junta extremeña prohibirá el “uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos”, por ser “incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia”. Además, se suprimirá “la aplicación del Programa para la Enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura Marroquí”.

Con la finalidad de poner fin al “uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales”, se creará la “Unidad Extremeña de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva”. Entre sus funciones: “La detección de empadronamientos ficticios, la verificación de la residencia efectiva, la coordinación con ayuntamientos y la activación de actuaciones inspectoras cuando existan indicios de fraude”.

Prioridad nacional

En el terreno de la vivienda, destaca la construcción de “al menos” 3.500 nuevos inmuebles y un sistema de “alquiler social” que se inspira en el principio de “prioridad nacional”, un concepto que se repite en varios campos -la sanidad, por ejemplo- y que hace alusión a la preferencia de los españoles en el acceso a cualquier prestación pública en detrimento de los inmigrantes. Aunque en ningún caso se explica cómo se articula semejante discriminación.

Después de unas elecciones anticipadas por la ausencia de Presupuestos, destaca el compromiso de “aprobar presupuestos anuales”, que estarán orientados a reducir los impuestos y optimizar el gasto público. Figuran rebajas fiscales en el IRPF. En el ámbito económico e industrial, al margen de la simplificación administrativa o la liberalización de suelo para impulsar la creación de empresas, llama la atención el coto a las energías renovables en suelos productivos o de valor ambiental.

En el capítulo de familia, natalidad y demografía: PP y Vox se centran en las ventajas fiscales, como una deducción en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos, o beneficios por la compra de material escolar, y anuncian una “nueva ley de familia”, que tendrá el objetivo de “fomentar la natalidad y reconocer el valor social de la familia, con especial enfoque en familias numerosas”. Ni media palabra sobre la Ley LGTBI que aprobó el popular José Antonio Monago y que Vox quería suprimir. O sobre el aborto.