Por segunda vez en menos de un mes, Cataluña ha realizado una eutanasia reclamada por motivos psiquiátricos. Este jueves, tres semanas después de que la joven de 25 años Noelia Castillo recibiese el suicidio asistido, se aplicó la eutanasia a Pere Puig, un vecino de Reus (Tarragona) de 54 años que había pedido tres veces la eutanasia por sufrir una depresión severa y crónica desde hacía 20 años, resistente a los tratamientos.

Puig comunicó la aplicación de la eutanasia en su blog personal –«hoy habrá terminado el sufrimiento», dejó escrito–, y este viernes su familia publicó una esquela. Puig llevaba desde diciembre de 2023 reclamando la eutanasia, por su depresión y por sufrir «ansiedad las 24 horas del día y ataques de pánico diarios», según relató recientemente en una entrevista para El Periódico en la que explicaba que había probado «todas las terapias» y que consideraba que su vida «no era digna».

El lobby pro-eutanasia Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha venido respaldando el caso de Puig, que tenía reconocido un grado de discapacidad del 68 % desde 2006. Sus solicitudes de eutanasia fueron rechazadas en tres ocasiones por su médico de cabecera, al considerar que su depresión no tenía un carácter incapacitante. Puig elevó el caso a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGEC), quienes avalaron este pasado mes de marzo la petición de eutanasia.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, este miércoles en el Parlament

El informe de la CGEC concluía que Puig «mantenía plena capacidad para expresar de manera libre e informada su voluntad» y que la combinación de su patología psíquica y su deterioro físico «limitaba de manera significativa su autonomía», además de que se estimaba que no había posibilidades de mejora. Con esta resolución, a Puig se le asignó una nueva médico de cabecera, que emitió un informe favorable a la eutanasia.
Debate abierto

Los casos de Castillo y Puig, ambos fundamentados en motivos psiquiátricos, han vuelto a poner sobre la mesa el debate de la eutanasia en Cataluña, que es la comunidad que lidera las cifras de muerte asistida en España. Según las últimas cifras publicadas por el citado lobby DMD, en 2024 Cataluña registró 358 solicitudes de suicidio asistido –un 63,4 % más que el año anterior– y llevó a cabo 142 eutanasias, un 51 % más que en 2023.

Esta semana, una votación en el Parlament de Cataluña retrató a los diversos partidos políticos. Se votaba sobre si tramitar por lectura única una propuesta para presentar al Congreso una proposición de ley de reforma de la ley de eutanasia, para acortar los plazos judiciales y para dificultar los recursos de los familiares en casos como el de Castillo o como el de Francesc –un hombre de 55 años que pidió la eutanasia hace un año y medio y cuyo padre intenta impedirlo en los tribunales–, todavía abierto.

En el pleno del Parlament, votaron a favor de la medida el PSC, Junts, ERC, los Comunes, la CUP y Aliança Catalana, y votaron en contra Vox, PP y dos diputados del grupo de los socialistas: el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, y Guillem Mateo, ya que ambos pertenecen al partido democristiano Units per Avançar, integrado en la estructura parlamentaria del PSC.

Tras la votación, Vox anunció que ha pedido las comparecencias en el Senado de los 19 miembros de la CGEC que autorizaron la eutanasia de Noelia Castillo, al considerar que existe «un manifiesto conflicto de intereses y una falta completa de neutralidad en la toma de decisiones».

El Debate