AD.- Donald Trump, en el colmo de su delirio, publicó en Truth Social una imagen que lo representaba como una figura idéntica a Jesucristo sanando a un enfermo, en lo que constituye una execrable burla a la figura cenital del Cristianismo. Uno de los silencios más elocuentes es el de ciertos sectores que, en teoría, deberían alzar la voz con firmeza moral. Resulta especialmente llamativo el caso de algunos abogados que se identifican como cristianos, cuya reacción —o falta de ella— ante determinadas expresiones blasfemas parece depender menos de la gravedad del acto y más de quién lo comete.

Cuando figuras como Donald Trump realizan comentarios o gestos irreverentes hacia Jesucristo, el silencio de estos supuestos defensores de la fe es ensordecedor. No hay comunicados indignados, ni análisis jurídicos sobre la protección del sentimiento religioso, ni apelaciones a la dignidad de lo sagrado. En cambio, cuando el autor de una ofensa religiosa pertenece a un espectro ideológico distinto —habitualmente progresista o anticlerical—, la reacción es inmediata, vehemente y jurídicamente articulada.

Este doble rasero no es trivial. Revela una preocupante inversión de prioridades: la fe deja de ser un principio absoluto para convertirse en una herramienta condicionada por afinidades políticas. La defensa de lo sagrado, en lugar de ser coherente y universal, se vuelve selectiva. Esa selectividad erosiona tanto la credibilidad moral como la consistencia jurídica de quienes dicen proteger valores trascendentes.

El problema no es simplemente la incoherencia; es la instrumentalización de la religión. Cuando la indignación se activa o se desactiva según la identidad ideológica del “ofensor”, el mensaje implícito es claro: no se defiende a Dios, se defiende a los aliados. La blasfemia deja de ser un problema en sí misma y pasa a serlo únicamente cuando conviene políticamente.

Quienes se apresuran a invocar la protección jurídica de los sentimientos religiosos cuando el supuesto blasfemo encaja en el perfil ideológico “correcto” —léase progresista, laicista o crítico con la religión—, de repente descubren una llamativa tolerancia cuando el autor pertenece a su propio bando. Entonces ya no hay sacrilegio, sino “exageración mediática”, “interpretaciones interesadas” o directamente un silencio cuidadosamente calculado. Y esto no es incoherencia accidental. Es hipocresía estructural.

Pero el daño no se limita al ámbito jurídico. También afecta al testimonio religioso. Un cristianismo que calla ante ciertas ofensas mientras amplifica otras transmite una imagen profundamente contradictoria: la de una fe que no es firme, sino oportunista.

En última instancia, la pregunta es incómoda pero necesaria: ¿qué se está defendiendo realmente? Si la respuesta depende de quién esté en el banquillo de los acusados, entonces quizá no sea Dios el centro de esa defensa, sino la ideología.

Y cuando la ideología ocupa el lugar de lo absoluto, la fe deja de ser fe para convertirse en estrategia.

Porque si la blasfemia es realmente un agravio intolerable, lo es independientemente de quién la pronuncie. Y si no lo es, entonces toda la retórica indignada que despliegan en otros casos queda desnuda como lo que es: un instrumento de combate ideológico disfrazado de defensa religiosa.

El patrón es demasiado evidente para ignorarlo. No se juzga el acto, se juzga al actor. Tampoco se defiende lo sagrado, se protege al aliado. Y en ese intercambio, Dios queda relegado a un papel secundario, útil únicamente cuando refuerza una posición política previa.

Para profesionales del derecho autollamados cristisnos, esto resulta especialmente grave. No estamos hablando de opinadores cualquiera, sino de personas que presumen de operar bajo principios de coherencia, universalidad y rigor normativo. Sin embargo, cuando esos principios chocan con sus simpatías políticas, son estos últimos los que prevalecen sin rubor.

La consecuencia es devastadora: su discurso pierde toda autoridad moral. Ya no son defensores de la fe ni del derecho, sino operadores ideológicos que activan o desactivan su indignación como quien enciende un interruptor. Su vara de medir no es la gravedad del acto, sino la conveniencia del momento.

Y eso tiene un nombre claro: moral selectiva. Una moral que no se guía por convicciones, sino por alineamientos, que no protege principios, sino trincheras, que no responde a lo que se dice o se hace, sino a quién lo dice o lo hace.

El resultado final es un vaciamiento completo del contenido religioso que dicen defender. Porque una fe que sólo se invoca contra el adversario político deja de ser fe para convertirse en arma arrojadiza. Y un Dios que sólo se defiende cuando conviene deja de ser el centro para convertirse en excusa.

Lo más irónico —y lo más preocupante— es que, en ese proceso, quienes creen estar defendiendo su identidad religiosa terminan demostrando exactamente lo contrario: que su verdadera lealtad no está en lo trascendente, sino en lo ideológico.

Y llegado a ese punto, ya no hay contradicción que explicar. Sólo queda una evidencia incómoda: no es que pongan la ideología por encima de Dios; es que han sustituido a Dios por la ideología.