El Consejo de Ministros ha dado luz verde al decreto del que se podrían beneficiar más de medio millón de personas. Los trámites arrancarán este jueves 16 de abril de forma telemática y el próximo lunes, día 20, de forma presencial.

Entre 500.000 y un millón de inmigrantes ‘sin papeles’, según cifras del Gobierno y las organizaciones sociales, podrán obtener un permiso para trabajar y residir en España durante un año con la nueva regularización extraordinaria aprobada este martes en el Consejo de Ministros. El decreto, que entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), activa un mecanismo extraordinario para aquellos extranjeros en situación administrativa irregular, que ya viven y trabajan aquí, pero que no tienen su documentación en regla. El único requisito que se exigirá será haber vivido al menos cinco meses de forma ininterrumpida en España, a 1 de enero de 2026, y carecer de antecedentes penales reconocidos en el ordenamiento jurídico español.

Eso sí, tras las reticencias mostradas por el Consejo de Estado sobre el hecho de que el borrador contemplara una mera declaración jurada de la persona solicitante para demostrar esa ausencia de penales cuando su país de origen no contestase, el Gobierno finalmente ha incluido un nuevo paso para que el Ministerio de Justicia intervenga diplomáticamente para exigir ese certificado.

Según ha avanzado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, los trámites para la regularización arrancarán este mismo jueves, 16 de abril, de forma telemática, y el próximo lunes, día 20, de forma presencial en las ventanillas habilitadas por el Ejecutivo, siempre con cita previa. Habrá poco más de dos meses para presentar la solicitud, pues el plazo vence el 30 de junio, y las resoluciones tardarán entre 15 días y tres meses. En este proceso participarán un total de 60 oficinas de Seguridad Social, 371 de Correos y otras cinco oficinas de Extranjería habilitadas, y el Ejecutivo asegura que se llevará a cabo un refuerzo de más de 550 personas encargadas de tramitar y de atender específicamente a estos solicitantes.

El Gobierno ha trabajado hasta el último momento en pequeñas modificaciones del texto, para incluir algunas de las observaciones que hizo el Consejo de Estado la semana pasada, en un informe en el que, en general, pedía ser más estrictos con la exigencia de ausencia de antecedentes penales y con los requisitos que demuestren la estancia mínima exigida en España.

En el texto inicial, el decreto exigía a los inmigrantes un documento de su país de origen en el que se demostrase que no tenían antecedentes y, en caso de no conseguirlo, bastaba con una declaración de responsabilidad del propio solicitante. Esto, para el órgano consultivo del Gobierno, podía generar cierta inseguridad jurídica y pedía ser más estrictos. Finalmente, el Ejecutivo ha dejado esa declaración responsable, pero no bastará, sino que si el solicitante no consigue el certificado de ausencia de antecedentes, puede presentar la declaración y entonces será el Ministerio de Justicia el que se encargue de contactar con los países de origen para exigir los antecedentes —o la ausencia de ellos—.

Entre las novedades, también consta la exclusión de los apátridas del proceso de regularización, lo que afectará sobre todo a la población saharaui en España. El Ejecutivo alega que la situación de estas personas es distinta a la de los inmigrantes en situación irregular, y asegura que con esta exclusión evitarán solapamientos en los procedimientos, que sí incluyen a los solicitantes de la vía de la protección internacional.

Así, la medida va dirigida, concretamente, a los solicitantes de Protección Internacional en España antes del 1 de enero de 2026 y a aquellos que se encuentren en situación administrativa irregular que llegaron al país antes de esa misma fecha. ¿Los requisitos? Acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública. Se habilitarán, para ello, dos vías: una presencial, que funcionará únicamente con cita previa desde el 20 de abril en cualquiera de las 450 oficinas habilitadas para ello; y otra telemática, disponible desde este 16 de abril las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante todo el plazo de la solicitud.

Los solicitantes deberán presentar varios documentos en esas ventanillas habilitadas por el Ejecutivo, más allá del citado certificado de antecedentes penales. En primer lugar, la solicitud impresa y firmada (que estará disponible en el portal de Regularización), junto a una copia completa del pasaporte, cédula de inscripción o título de viaje, que se aceptarán incluso aunque estos estén caducados. También habrá que aportar cualquier documento que demuestre haber vivido de forma real y continuada en España durante los cinco meses anteriores, siempre y cuando este incluya datos personales que permitan acreditar su identidad.

Asimismo, para aquellos que no hayan sido solicitantes de Protección Internacional (que tendrán que renunciar al proceso en el que estuvieran para que no se solape con la regularización), el decreto exige la acreditación de al menos uno de los tres siguentes supuestos: haber trabajado con contrato por cuenta ajena o propia en el país, contar con una unidad familiar compuesta con menores de edad o mayores con discapacidad y ascendentes de primer grado, y encontrarse en una “situación de vulnerabilidad”, que se agreditará a trabés de uin certificado acreditado y sellado por las entidades sociales inscritas en el RECEX.

Una vez obtenida una resolución favorable, será necesario tramitar la gestión de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en el plazo de un mes a partir de la fecha de resolución.

Según los datos que maneja el Ministerio de Migraciones, el 65% de quienes solicitarán esta regularización ya están trabajando en España, aunque sin papeles. “Hay una demanda real y una necesidad de esta economía.. de cubrir vacantes”, subrayan fuentes del departamento de Elma Saiz, que defiende que esta “medida extraordinaria” lo único que busca es “transformar” una realidad que ya se ve en las calles en un sistema “ordenado”, “controlado” y “justo” para los que se van a beneficiar de él.

El Gobierno calcula que, una vez tramitadas las solicitudes, habrá en torno a 500.000 beneficiarios de esta regularización: una mitad, unos 250.000, serán solicitantes de protección internacional, y la otra por la vía del arraigo. De momento no han aportado datos sobre las nacionalidades que más se espera que entren en este proceso, pero sí que intuyen que la mayoría serán procedentes de países latinoamericanos y de Marruecos.