Decenas de inmigrantes hacen cola en el Ayuntamiento de Valencia para adelantar trámites de cara a la regularización.

Los principales sindicatos de la Policía Nacional han vuelto a alzar la voz contra la regularización masiva de inmigrantes que aprobó este martes el Consejo de Ministros y que, según cálculos del Gobierno, permitirá dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas que viven en España sin papeles.

En ese sentido, JUPOL ha advertido que esas previsiones del Ejecutivo se quedan cortas y calcula que hasta 2 millones de personas podrían beneficiarse de esta medida: “Las previsiones reales de esta regularización superan ampliamente las cifras anunciadas por el Gobierno. Frente a los aproximadamente 500.000 beneficiarios señalados oficialmente, se estima que más de un millón de inmigrantes en situación irregular podrían acogerse de forma directa a esta medida, cifra que podría superar los dos millones de personas si se tienen en cuenta los procesos de reagrupación familiar derivados”. Asimismo, advierte “del posible efecto llamada que puede provocar” la medida.

El sindicato SUP también ha manifestado su preocupación ante los planteamientos de regularización masiva “sin que, paralelamente, se garantice un refuerzo real de los recursos humanos, materiales y operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía.

JUPOl ha expresado su “más absoluta preocupación” por esta medida, que puede implicar riesgos para la seguridad ciudadana y que va a suponer más presión para las unidades de Extranjería y Fronteras, que “arrastran desde hace años una sobrecarga estructural” por falta de personal y medios: “Preocupa especialmente el criterio basado exclusivamente en la carencia de antecedentes penales firmes. En la práctica, una persona que haya sido detenida recientemente por hechos graves, puede no contar todavía con antecedentes debido a los plazos judiciales. La ausencia de antecedentes en un momento determinado no equivale necesariamente a la inexistencia de conductas delictivas previas o en investigación”.

Desde el SUP inciden en que “España no puede actuar de forma aislada, ya que existen situaciones en las que personas con órdenes de devolución en vigor en otros países europeos pueden desplazarse dentro del espacio Schengen y solicitar protección en nuestro país, quedando en situación regular mientras se tramita su expediente”.