Estanislao de Kostka.- Mientras la sociedad española parece anestesiada ante los escándalos de corrupción que salpican a las más altas esferas del poder, son los jueces y fiscales —paradójicamente— quienes han decidido alzar la voz y plantarse en defensa de los principios esenciales de la democracia. Cientos de miembros de la judicatura y la fiscalía se han manifestado frente al Tribunal Supremo bajo el lema: “Sin Estado de derecho no hay democracia”. No es una consigna vacía: es una advertencia urgente ante las reformas impulsadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que amenazan con dinamitar la independencia judicial y, por tanto, el propio armazón democrático del país.

La Protesta Judicial: un grito por la separación de poderes

La convocatoria, respaldada por todas las asociaciones judiciales y fiscales (salvo las afines al Gobierno), es el preludio de una huelga nacional los días 1, 2 y 3 de julio. El motivo: dos reformas legislativas —la llamada “ley Bolaños”— que modifican el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal y refuerzan el control político sobre la Fiscalía. Los convocantes lo han dejado claro: “No es una lucha contra el Ejecutivo ni contra el Legislativo, es un acto a favor del Poder Judicial. Estamos aquí para defender lo de todos”.

El manifiesto leído durante la concentración subraya que la independencia judicial es “clave para hablar de una democracia real” y recuerda que la Constitución de 1978 instauró el Estado de derecho sobre la base del imperio de la ley, la separación de poderes y un Poder Judicial libre de toda injerencia política.

Las Reformas de Bolaños: un ataque frontal a la democracia

Las reformas promovidas por Bolaños pretenden modificar los criterios de acceso a la judicatura y la fiscalía, abriendo la puerta a la politización y debilitando el principio de mérito y capacidad. Además, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal refuerza la figura del fiscal general del Estado —nombrado directamente por el Gobierno—, lo que incrementa el riesgo de control político sobre el Ministerio Público.

Estas medidas no solo suponen una amenaza directa a la imparcialidad del sistema judicial, sino que constituyen una “politización encubierta” que mina la confianza ciudadana en la Justicia y erosiona el equilibrio de poderes. La independencia judicial no es un privilegio corporativo: es la garantía de todos los ciudadanos frente a los abusos del poder y la corrupción.

Bolaños: el ministro del control y las técnicas autocráticas

La actitud del ministro Bolaños no es la de un servidor público comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, sino la de un operador político empeñado en someter la Justicia a los designios del Ejecutivo. Su respuesta a las críticas ha sido arrogante y reveladora: “No tengo por costumbre preguntar a los jueces y fiscales qué opinan de la gestión de ningún ministerio. Y no creo que sea mi labor”. Esta frase, impropia de un ministro de Justicia en una democracia madura, evidencia una concepción autocrática del poder y un desprecio absoluto por los contrapesos institucionales.

No es casualidad que Bolaños esté en el centro de todas las grandes maniobras del Gobierno para blindarse ante los escándalos de corrupción y controlar los resortes del Estado. Su perfil, descrito como el “negociador en jefe” y el “fontanero legalizado” de Moncloa, lo sitúa como el ejecutor de una estrategia que busca neutralizar cualquier investigación incómoda y someter a la prensa y a la judicatura a la voluntad del Ejecutivo.

Principios Esenciales de la Democracia: lo que está en juego

La democracia no se reduce al voto: es un sistema de equilibrios, de respeto a la ley y de garantías para todos. Los principios esenciales son claros: la separación de poderes, ya que sin un Poder Judicial independiente, la democracia degenera en autocracia; el estado de derecho que garantiza que todos, incluidos los gobernantes, están sometidos a la ley; la igualdad ante la ley y protección de derechos, que significa que solo una justicia imparcial puede garantizar que los derechos y libertades no sean papel mojado; y la limitación y control del poder, esto es, el control mutuo entre poderes es el antídoto contra el abuso y la corrupción.

Cuando el Ejecutivo pretende colonizar la Justicia, lo que está en juego no es una cuestión corporativa, sino la esencia misma del Estado democrático.

Ciudadanos silenciados, jueces en Pie

Resulta paradójico y preocupante que, mientras la ciudadanía permanece callada ante los escándalos de corrupción, sean los jueces y fiscales quienes se vean obligados a salir a la calle y anunciar una huelga histórica. Su protesta es, en realidad, la última línea de defensa de la democracia frente a la tentación autoritaria de un Gobierno que ha olvidado que el poder debe estar limitado y sometido a control.

La historia juzgará a quienes, desde el poder, intentaron doblegar la Justicia para protegerse a sí mismos. Pero también juzgará a una sociedad que, por silencio o resignación, permitió que se dinamitara el pilar fundamental de su libertad.

Sin justicia independiente no hay democracia. Y sin democracia, solo queda la sombra del autoritarismo.

*Abogado jefe de AD y politólogo