Fernando Ariza.- El presidente Pedro Sánchez enfrenta uno de los momentos más delicados de su mandato. Los casos de corrupción estructural que afectan al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han puesto contra las cuerdas la credibilidad de su liderazgo y del propio partido. Sin embargo, lejos de asumir la responsabilidad política que exige una situación de esta gravedad, Sánchez ha optado por una estrategia que ya es un clásico en su manual: agitar el espectro de la derecha y la ultraderecha como cortina de humo para desviar la atención. En sus propias palabras, ‘entregar las riendas del país a PP y Vox sería una tremenda irresponsabilidad’. Este discurso, lejos de apaciguar la crisis, no hace más que agravar la percepción de un líder atrincherado en el poder, dispuesto a todo con tal de mantenerse en La Moncloa.

La corrupción no es un fenómeno nuevo en la política española, pero cuando se torna estructural, como parece ser el caso en el PSOE, la respuesta no puede ser la negación o el señalamiento al adversario político. Los escándalos que han salpicado al partido socialista, desde presuntas tramas de financiación irregular hasta casos de enchufismo y tráfico de influencias, exigen una respuesta contundente: transparencia, rendición de cuentas y, en última instancia, la asunción de responsabilidades políticas al más alto nivel. Sin embargo, Sánchez ha elegido el camino opuesto. Al demonizar a PP y Vox, no solo evade el problema, sino que polariza aún más el panorama político, alimentando una narrativa que presenta cualquier crítica como un ataque de la ‘ultraderecha’. Esta maniobra, aunque efectiva en el corto plazo para movilizar a su base, erosiona gravemente su legitimidad democrática y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

El atrincheramiento de Sánchez en el poder no solo es un error estratégico, sino que tiene el potencial de generar una crisis de mayores dimensiones. Cada día que pasa sin una respuesta clara ante las acusaciones de corrupción, el PSOE y el gobierno de coalición pierden capital político. La imagen de un presidente que se aferra al cargo mientras su partido se tambalea bajo el peso de los escándalos no hace más que alimentar el desencanto ciudadano. En un contexto de creciente desafección política, esta actitud podría traducirse en un combustible inesperado para el voto de la derecha, precisamente el escenario que Sánchez dice querer evitar. La paradoja es evidente: al rehuir su responsabilidad, el presidente está fortaleciendo a sus adversarios.

La única salida digna y responsable para Sánchez es clara: dimitir y convocar nuevas elecciones generales. Este gesto, lejos de ser una muestra de debilidad, sería una demostración de compromiso con los principios democráticos y con la regeneración política que España necesita con urgencia. Continuar en el poder, recurriendo a tácticas de distracción y polarización, no solo es injustificable, sino que agudizará la crisis de confianza que atraviesa el gobierno de coalición y el propio PSOE. La historia reciente demuestra que aferrarse al poder en medio de escándalos rara vez sale gratis. Sánchez, con su maniobra, está jugando con fuego, y el precio podría ser no solo su propio legado, sino la estabilidad política de España.

En un momento en que la ciudadanía reclama transparencia y responsabilidad, Pedro Sánchez tiene la oportunidad de dar un paso al frente, abandonar el barco y permitir que los españoles decidan el rumbo del país en las urnas. Cualquier otra dirección amenaza con profundizar una crisis que, tarde o temprano, pasará factura. La pelota está en su tejado, pero el tiempo se agota.