Jueces y fiscales contra el chavista Sánchez
Antonio R. Naranjo.- Miles de jueces y fiscales de toda España, con la simbólica excepción de los que creen que García Ortiz es inocente, Martín Pallín un gran jurista y Conde-Pumpido un impecable presidente del Tribunal Constitucional, activaron anteayer la alerta roja definitiva sobre el futuro de la democracia en España.
La mera movilización de la Justicia en plena oleada de corrupción sanchista, endémica y con más frentes que Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ya debería ser suficiente para escandalizar a España entera y tener un estruendoso eco en Europa.
Nadie con un mínimo de decencia y respeto por la inteligencia media del personal puede devaluar la importancia de que, mientras los tribunales arden en incesantes instrucciones judiciales respaldadas por precisas investigaciones de la UCO, los responsables de los procedimientos consideren imprescindible protestar públicamente por las injerencias invasivas de quienes, precisamente, están inmersos en esas causas y tienen, como única reacción, el ataque agresivo contra ellos, incluso desde la mesa del Consejo de Ministros, jaleada por un presidente desaparecido e insurgente a las normas y convenciones de la democracia.
Si esto ya es suficiente para preguntarse hasta dónde llega ya la amenaza al Estado de derecho, lo que hay detrás de la primera motivación de la protesta produce espanto: convertir las coacciones puntuales para amedrentar a los instructores de los escándalos en vigor en una ley estructural, para evitar que en el futuro puedan volver a las andadas.
Porque eso, exactamente eso, es lo que el prófugo de explicaciones está haciendo mientras tiene en capilla a su esposa, a su hermano, a su mano derecha y quién sabe si a sí mismo: legislar para que la designación de jueces dependa de un organismo vinculado al siniestro Bolaños; retirar a los magistrados de las instrucciones judiciales para dárselas al fiscal general del Estado procesado y poner a la UCO a sus órdenes; anular las causas en marcha si el Gobierno considera que se inspiran en bulos o, entre otros atentados contra la independencia judicial y el sentido común, intervenir en los medios de comunicación a los que califican de «máquinas del fango» cuando publican informaciones ciertas y documentadas que simplemente disgustan en La Moncloa.
Los jueces se equivocan, claro, y tienen un sesgo ideológico, como los árbitros son de un equipo de fútbol y los periodistas tenemos creencias. Pero esas pulsiones o defectos personales son irrelevantes en una democracia con los procedimientos regulados, las garantías activas y la capacidad de recurso casi infinita.
Todo ello compensa los ocasionales errores, las manías e incluso la mala fe que puedan asaltar a cualquier operador democrático, con una exigente opinión pública como garantía de que todo exceso no quedará recluido en un oscuro sótano.
Sánchez no quiere mejorar la democracia, pues, sino acabar con ella, generando un ecosistema adaptado a sus necesidades e intereses que anule sus miedos y consagre su derecho a la inmunidad y a la impunidad: jueces que le den la razón, guardias civiles que investiguen solo a sus rivales y medios de comunicación que canten su grandeza; en un nuevo Estado colonizado por adeptos que den apariencia de legalidad a sus abusos sistémicos.
Puro chavismo, pues, con todas las instituciones subordinadas al partido y éste, a su vez, a las órdenes exclusivas de él mismo, definitivamente metamorfoseado en cacique autoritario.
Los jueces y fiscales, en fin, no están peleando por su prurito personal, sino por el futuro de un Estado de derecho amenazado por un capo que, en lugar de enviar cabezas de caballo, promulga leyes totalitarias en el BOE.