El PP demanda al Constitucional por avalar la reforma que permitió al CGPJ nombrar a dos de sus magistrados
Fachada del Tribunal Constitucional.
El Partido Popular ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la actuación del Tribunal Constitucional (TC) al avalar la reforma del Gobierno que permitió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones pudiera nombrar a dos candidatos a magistrado de la corte de garantías.
Así, el PP acusa al TC por haber violado «su derecho como recurrentes a un proceso justo y equitativo conforme a lo establecido en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos», tal y como ha adelantado El Mundo.
En su demanda al TEDH, el Partido Popular argumenta que la jurisprudencia del TJUE exigía al Constitucional «una motivación de la decisión denegatoria debidamente fundada», algo que nunca existió —según alegan— y que vulneró el derecho de los recurrentes «un proceso justo y equitativo ex artículo del Convenio Europeo».
Según el PP, el TC ha incumplido «flagrantemente las exigencias del TJUE», a la vez que rechazaron el planteamiento de la cuestión por «una decisión inmotivada» que no permitió a los demandantes «conocer la razón de la negativa en cuestión». Por ello, el partido acudirá por primera vez a Estrasburgo para denunciar la actuación del Tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido.
Interdicción de la arbitrariedad
El Constitucional avaló la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permitió que el Gobierno empleara para que el CGPJ nombrara a María Luisa Segoviano y César Tolosa, dos de sus candidatos a magistrado de la propia corte de garantías.
La modificación de esta ley se llevó a cabo en marzo de 2021 y pretendía evitar que un CGPJ en funciones pudiera hacer nombramientos en la cúpula judicial. Sin embargo, en 2022 se llevó a cabo una nueva reforma debido a que era necesario renovar un tercio del Constitucional, permitiendo así al Consejo cumplir con su parte.
Cincuenta diputados del PP presentaron un recurso de inconstitucionalidad de la modificación de la ley, que fue desestimada por el TC. El Partido Popular quería plantear una cuestión prejudicial al TJUE. La formación de Alberto Núñez Feijóo alegaba que se estaban vulnerando los artículos 23 y 93 de la Constitución, debido a la tramitación parlamentaria por medio de una proposición de ley del PSOE. Igualmente, señalaban que se estaba violando la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, evidenciados en el artículo 9.3.
Desde el partido se ponía el foco, también, en el artículo 165, exponiendo que su contenido afectaría al régimen jurídico del Tribunal Constitucional, así como al 159.1 por establecer un plazo de designación de los magistrados de la corte de garantías.
