El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, continúa apostando por una agenda diametralmente contraria a la de Pedro Sánchez a nivel nacional.

Ayuso aprobó una histórica desregulación sobre la actividad empresarial, sobre la cual se eliminan casi 40 certificaciones, procedimientos legales, inscripciones, autorizaciones previas y comunicaciones que desalentaban la radicación de empresas en la comunidad.

La nueva Ley de Mercado Abierto estipula que las empresas y los profesionales en la Comunidad de Madrid no tendrán ninguna otra imposición adicional solo por el hecho de operar dentro de la región, y se limitarán a cumplir las determinaciones dispuestas por el Estado nacional.

Entre otros beneficios, quedan eliminadas regulaciones como la certificación adicional de productos ecológicos a la hora comerciar en el mercado minorista, o la inscripción al Registro Inmobiliario de la Comunidad de Madrid para sociedades realizan estos trámites en otras jurisdicciones.

Se eliminan todas y cada una de las regulaciones, trámites y permisos previos sobre la actividad en residuos no peligrosos de construcción y demolición de obras, se liberaliza completamente el asentamiento de laboratorios en la Comunida de Madrid, y se determina la libre operación de actividades profesionales sin burocracia previa (como el caso de los veterinarios o los tatuadores).

El nuevo marco normativo entró en vigor a partir del 1 de octubre, y garantiza un mayor dinamismo del PBI regional por un monto equivalente de hasta 4.000 millones de euros. Las proyecciones apuntan a que la economía podría responder a la desregulación con una expansión cercana al 1,6%, un hecho con el potencial para generar 50.000 nuevos puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid.

De esta manera, y bajo el liderazgo de Ayuso, Madrid se convirtió en la primer comunidad autónoma en haber desregulado completamente las cadenas adicionales sobre la oferta en su jurisdicción.

En lo que va de su administración, la presidente Ayuso también impulsó la desregulación inmobiliaria a través del cambio de la Ley de Suelo para favorecer la concesión de permisos urbanísticos, y el Decreto Ómnibus por medio del cual se eliminaron cargas administrativas obsoletas que se heredaban del siglo pasado.