Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que vendía falsas ofertas de trabajo a inmigrantes en situación irregular. Los arrestados les cobraban entre 500 y 700 euros a cambio de un contrato laboral con el que tramitar el alta en la Seguridad Social, prometiéndoles la regularización en el país. Los detenidos daban de alta a los inmigrantes empleando el nombre de hasta 32 empresas distintas sin su consentimiento. Han sido detenidas 18 personas en la provincia de Almería.

Las investigaciones dieron comienzo en febrero de 2011, a raíz de una serie de denuncias por parte de algunos perjudicados y de la información facilitada por la Oficina de Extranjería de Almería. Desde el principio, las pesquisas policiales se centraron en la existencia de varias empresas, que sin tener actividad real, solicitaban de forma masiva autorizaciones de trabajo y residencia para extranjeros o bien empresas cuyos administradores desconocían que a través de ellas se estaban realizando contratos de trabajo, requisito necesario para presentar una solicitud de Residencia y Trabajo en España por arraigo social.

Posteriormente se practicaron gestiones de investigación sobre los posibles implicados. Esto, unido a la colaboración de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Almería, permitieron identificar una serie de contratos a nombre de diversas empresas que habían sido realizados sin el consentimiento de las mismas, con los que se ofrecían determinados puestos de trabajo a inmigrantes en situación irregular en el país. El nexo en común entre todas ellas era una asesoría en la localidad de Roquetas de Mar, sobre la que los agentes centraron las investigaciones.

Una asesoría como nexo común

Estas sociedades tenían un nexo en común, todas ellas eran “clientes” de la misma asesoría, que gestionaba toda la documentación ante la Oficina de Extranjería. Los investigadores hallaron también una relación directa entre su responsable y la mayor parte de los miembros de la red desarticulada, que operaban como intermediarios en la venta de ofertas de empleo.

Posteriormente, los investigadores lograron identificar a todos los miembros de la trama. Los agentes averiguaron también que el importe medio por contrato tramitado oscilaba entre los 500 y 700 euros. Un total de 32 empresas se han visto afectadas por la utilización fraudulenta de sus datos.

Explotación de la operación “Odisea”

Finalmente, el pasado día 21 de junio, 18 personas fueron arrestadas, entre ellas, el principal responsable de la mencionada asesoría y el hijo de éste, acusados todos ellos de los presuntos delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y estafa. Asimismo, han sido intervenidos cuatro ordenadores y abundante documentación relativa a la venta de contratos que está siendo analizada por los investigadores.

Siete operaciones y 54 personas detenidas en el primer semestre de año

Con ésta última actuación, son 54 las personas detenidas en lo que va de año en las localidades de Almería y El Ejido, en las distintas operaciones desarrolladas por las Unidades contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de la Policía Nacional, en colaboración con la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno, por su relación con distintos entramados de falsedad documental y estafa a ciudadanos extranjeros.

Esta última operación está considerada como una de las más relevantes en la provincia de Almería, junto a las llevadas a cabo en abril y mayo de este año. En la primera de ellas, agentes de la UCRIF de la Comisaría de El Ejido descubrieron una estafa de más de 150.000 euros como beneficio obtenido por la venta de falsos contratos de trabajo.

Igualmente, a finales del pasado mes de mayo, en una macro-operación contra estas redes y llevada acabo en Almería, Murcia, Jaén y Alicante, los agentes de las Unidades contra Redes de Inmigración Falsedad detuvieron a un empresario que formalizaba falsos contratos para percibir ayudas por desempleo. Junto a él fueron detenidas otras 64 personas y que habrían estafado hasta ese momento 440.000 euros al Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE).