No me considero encasillado en nunguna de esas  posturas ideológicas de tipo partidista que están destrozando a la sociedad española. Conocen ya los lectores mi opinión sobre las democracias liberales y sus efectos amnésicos sobre lo mejor de la condición humana. Los resultados del invento del 78 saltan a la vista: vivimos en una sociedad donde no es lícito fumar, pero sí mostrar a los escolares el camino de la sodomización y el sexo oral.

A los apologistas de este estercolero les arrojaría a la cara el dato elocuente de que hoy sean muchos más los riesgos de que un ciudadano decente pueda ingresar en prisión que los que existían en el franquismo. A los defensores de este modelo constitucional supuestamente tan garantista con nuestros derechos y libertades simplemente les recordaría que basta una simple denuncia por un supuesto caso de maltrato doméstico contra un hombre, para que el denunciado, sin derecho alguno a la presunción de inocencia, se enfrente al traumático trance de unas humillantes diligencias policiales en la comisaría más cercana a su domicilio.

Por eso, queridos lectores, a la vista de nuestra precaria salud moral, de la práctica desaparición de la pulcritud en la vida pública, de nuestra debilidad como nación, del fracaso institucional, del cainismo territorial, de la fragmentación del Estado, del endeudamiento exterior, de la ruina interior (con la mitad de las empresas españolas en suspensión de pagos o en quiebra), del paro creciente, de la inflación desbocada, de nuestra indefensión ante ciertas leyes, debemos empezar a admitir y proclamar, por mucho que el Gobierno pretenda enmascarar el dramatismo de la situación, que España está en la más absoluta, total e indiscutible ruina moral, social, política y económica.

Todas las medidas aprobadas hasta ahora para revertir la situación de quiebra han sido demagógicas, insuficientes, técnicamente malas, políticamente rechazables, estériles en la práctica, al haber provocado el pánico de los inversionistas y llevar la ruina a las haciendas modestas. Resulta ahora que el ahorro conseguido con tanto esfuerzo, se desmantela, cuando la Hacienda pública pretende entrar a saco en los modestos frutos de ese ahorro, de ese trabajo, de ese esfuerzo y gravar de forma escandalosa la propiedad inmobiliaria, las rentas logradas con tanto sacrificio y hasta violar el que, tradicionalmente, venía siendo uno de los principios más serios e inconmovibles de la Banca: el secreto contable.

Por si fuera poco, se ha consagrado legalmente la militarización de uno de nuestros sectores productivos. Cuando pensábamos que el ejercicio de la milicia era para algo tan importante y decisivo, tan grave, tan patriótico, como defender España de sus enemigos de dentro y fuera, luchar por la integridad del pedazo de patria que nos vio nacer, puede ahora rechazarse apelando a unos dictados pacifistas de conciencia, que es lo que hace el Gobierno cada vez que el reyezuelo de Marruecos promueve una declaración de guerra contra nuestras ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Se acaba de marcar, sin embargo, un interesante precedente. Si nuestro ordenamiento constitucional permite al Ejército intervenir en un sector de la sociedad para la supuesta mejor defensa del interés nacional, ¿por qué no puede admitirse asimismo, como principio jurídico, la intervención de nuestros uniformados en otras instancias de la vida española necesitadas de respuestas tan contundentes como las promovidas en los aeropuertos?  ¿Por qué no aceptar la intervención de nuestro Ejército para garantizar la aplicación de aquellos principios esenciales que han sido menoscabados por la incompetencia, la traición y la vesania de nuestros políticos? ¿Es más grave la cancelación de vuelos comerciales que las restricciones marroquíes a la entrada de productos básicos en Melilla o los ataques perpetrados contra la unidad de la nación por instituciones al servicio teórico del Estado? ¿Por qué no es igual de válido el derecho a la huelga de un controlador aéreo que el de un sanitario, un estibador o un docente? ¿Es lícito que objetemos la función de los militares en lo que constituía su más noble faceta: la prestación personal del ciudadano, y en cambio no objetemos la utilización de los militares en beneficio exclusivo de los intereses del Gobierno y del partido socialista?

Y no sólo eso. Vayamos a la raíz filosófica de la cuestión. Discutamos la vigencia de un sistema político cuando ese sistema político ampara normas e iniciativas que no son éticamente defensibles y carecen de justificación moral, cuando nuestros impuestos no están repartidos con equidad y cuando el Derecho Positivo contribuye a exacerbar las peores taras morales y sociales.

¿Puede alguien asegurar que el vigente sistema está siendo beneficioso para los españoles con apego a la moral cristiana y al pasado heredado de sus padres? ¿Puede alguien garantizarnos la supervivencia de esta sociedad, con estos políticos y estas normas que debilitan el andamiaje de nuestra construcción humanística y cristiana? ¿O es que acaso no estamos todos conforme en las injusticias, en las irregularidades, en las corrupciones, en los errores, en las arbitrariedades, en el sectarismo, en el odio ideológico que presiden las tomas de decisiones? Pues entonces, ¿por qué seguir defendiendo la fórmula que se aplica para acabar con nuestra unidad territorial, nuestra identidad espiritual y nuestra uniformidad cultural? En conciencia, a mí me constan cada día más las deficiencias de este sistema tan execrable desde el punto de vista de nuestra dignidad humana y de nuestra razón de vida.

Por ello, y también en conciencia, apelo al derecho a cambiar todas esas reglas, que son mucho más letales para el porvenir de esta vieja nación que todas las cancelaciones aéreas que puedan imaginarse.