Hubo una vez una Marcha Verde. Ocurrió entre el día 6 y el 9 de noviembre de 1975. Fue organizada, planificada y utilizada por el reino de Marruecos como instrumento de presión sobre España. El Jefe del Estado entonces era un anciano enfermo. Murió el día 20 de ese mismo mes y año. La Historia conoce bien las circunstancias en las cuales sucedió el acontecimiento.

Hoy, cincuenta años después, con un monarca y un presidente del Gobierno, en plenitud y buena edad, asistimos a otra realidad que merece una profunda reflexión. No avanza por tierra. Llega desde el mar. Por eso la denomino como la Marcha Azul.

No hablamos de personas que cruzan una frontera por un puesto habilitado, ni de quienes solicitan protección internacional conforme a ley. Hablamos de entradas irregulares, muchas de ellas producidas de forma colectiva, en avalancha, atravesando el espigón o bordeando la costa de Ceuta. Cada imagen que contemplamos transmite la sensación de que nuestras fronteras exteriores son cada día más vulnerables y de que el Gobierno responde con creciente indiferencia. Como si esto estuviese ocurriendo en Portugal.

Un país tiene el derecho y la obligación de controlar sus fronteras. No por rechazo al extranjero ni por falta de solidaridad, sino porque el Estado de Derecho solo puede funcionar cuando las leyes se cumplen. La política migratoria con el derecho internacional en la mano, debe combinar humanidad con firmeza. Cuando una de las dos desaparece, el equilibrio se rompe.

Resulta preocupante que episodios de entradas masivas puedan repetirse una y otra vez sin que la ciudadanía perciba una estrategia clara para evitarlos. Esa percepción alimenta la incertidumbre y erosiona la confianza en las instituciones.

También corresponde a los poderes públicos explicar con claridad el marco jurídico. Las decisiones de los tribunales deben cumplirse, pero el Gobierno tiene la responsabilidad de actuar dentro de ese marco, reforzar los medios disponibles y buscar acuerdos eficaces con los países de origen para gestionar la inmigración irregular.

Ceuta no es una cuestión local. Se trata de una frontera de un territorio español y también de la Unión Europea. Lo que sucede allí no debería contemplarse con resignación, sino con una política de Estado sostenida y firme en el tiempo.

La solidaridad no puede confundirse con la renuncia al control de las fronteras. Defender una frontera legalmente establecida no es incompatible con respetar la dignidad de las personas. De hecho, ambas obligaciones pueden y deben coexistir.

La Historia nos enseñó lo que significó la Marcha Verde. Ojalá no tengamos que recordar dentro de unos días,meses o años que nadie quiso prestar atención a lo que hoy empieza a parecer otra marcha anexionista: la Marcha Azul.