La regularización masiva de inmigrantes está en marcha y, aunque esta semana el Tribunal Supremo celebrará una vista en base a la denuncia de la organización Hazte Oír, nadie del Gobierno ha mostrado el más mínimo coste sobre cómo esta decisión impactará en los servicios públicos. Sanidad, educación, servicios sociales y vivienda atraviesan ya una etapa de fuerte presión presupuestaria por lo que resulta razonable y pertinente preguntarse si existe una memoria económica detallada que cuantifique el coste de incorporar a más de un millón de personas como nuevos beneficiarios de prestaciones y servicios.

Uno de los focos del debate está, sin duda, en el IMV, que ya tiene un coste de 20.000 millones de euros, y que, como hemos podido ver estos días, el certificado de vulnerabilidad se ha convertido en el gran éxito a mostrar por las personas que ya lo han conseguido y están en el proceso. La vivienda aparece como el otro gran frente sobre el que el Gobierno no parece haber hecho números. Distintos expertos y el Banco de España vienen advirtiendo desde hace tiempo del fuerte desequilibrio entre oferta y demanda. Se cifra en más de 700.000 viviendas las que, como mínimo, se necesitan cada año para cubrir la formación de nuevos hogares.

En las grandes ciudades y en sus áreas metropolitanas, el acceso al alquiler y a la compra son una quimera y su déficit va a seguir acarreando escasez y subida de precios. España afrontará en 2026 el cuarto ejercicio consecutivo sin cuentas públicas, aunque hemos conocido no solo que el Gobierno gastó según la Intervención General del Estado más de 75.000 millones de euros en 2025 sin control parlamentario, sino que fondos europeos han sido utilizados para pagar pensiones, IMV, educación, vivienda o industria.

De momento, unos 15.000 millones. El gobierno asegura que es normal aunque parece que Bruselas está pidiendo explicaciones. También sobre la reducción del déficit público a base de no deflactar la tarifa del IRPF. Una forma de operar nada transparente y que genera desconfianza, sospecha y prevención en los operadores económicos.