¿Hay algún español de bien que no sienta que la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico está conformada por héroes abandonados por el Estado?

Hay momentos en los que una sociedad se retrata a sí misma por cómo trata a quienes arriesgan su vida para defenderla.Mientras las redes mundiales del narcotráfico aumentan su poder en Andalucía, especialmente en sus costas, los hombres y mujeres de la Guardia Civil continúan enfrentándose a estas organizaciones criminales cada vez más violentas, más sofisticadas y mejor financiadas con medios insuficientes, con una preocupante falta de respaldo político y con la sensación creciente de que el Estado les exige heroísmo a la vez que les niega protección.

Los recientes episodios vividos en Huelva y anteriormente en Barbate no son hechos aislados. Son la prueba de que el narcotráfico ha dejado de ser un simple fenómeno delictivo sin más para convertirse en un auténtico desafío a la autoridad del Estado.

Las mafias ya no actúan con miedo, lo hacen con arrogancia. Embisten a las patrulleras, desafían a los agentes, controlan zonas enteras de la costa y manejan recursos materiales que en ocasiones, superan a los de quienes tienen la obligación de combatirlas.

Lo más grave es que esta realidad lleva años denunciándose sin que exista una reacción política tendente a solucionar el problema.

Son muchos los guardias civiles que denuncian una situación de indefensión permanente. Falta personal, embarcaciones adecuadas, medios tecnológicos, refuerzos y sobre todo, falta una voluntad política firme para afrontar el problema sin complejos ideológicos ni cálculos partidistas.

Combatir el narcotráfico no puede hacerse únicamente desde los despachos ni desde ruedas de prensa estratégicamente preparadas. Se combate sobre el terreno, muchas veces de madrugada, sin mirar las horas, en persecuciones marítimas, labores de vigilancia que pueden durar días, semanas incluso meses, jugándose la vida frente a delincuentes que no dudan en matar si es necesario para proteger su negocio multimillonario.

Por eso han provocado tanta indignación las histriónicas declaraciones de la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía por el PSOE , María Jesus Montero, reduciendo tragedias humanas a simples expresiones burocráticas como “accidente laboral”. No se trata de una cuestión semántica. Se trata de algo mucho más grave, pues ese lenguaje refleja la manera en que un gobierno entiende la realidad.

Para millones de españoles, cuando un guardia civil muere en acto de servicio luchando contra organizaciones criminales violentas, no estamos ante un mero accidente administrativo. Estamos ante servidores públicos caídos defendiendo la ley, el orden y la seguridad de todos.

La sensación que existe hoy en amplios sectores de la sociedad es que los agentes reciben más exigencias que apoyo, más discursos que medios y más exposición al peligro que cobertura institucional. Se les pide firmeza mientras se debilita su autoridad; se les exige resultados mientras se limitan recursos; y se les envía a combatir mafias extremadamente peligrosas sin la infraestructura adecuada para afrontar una amenaza que ya tiene dimensiones internacionales.

Sin embargo…continúan cumpliendo.Continúan patrullando nuestras costas, desmantelando redes criminales y protegiendo a los ciudadanos incluso cuando sienten que quienes deberían respaldarlos miran hacia otro lado. Esa vocación de servicio merece respeto, reconocimiento y apoyo real, no homenajes vacíos después de cada tragedia.

España no puede normalizar que sus fuerzas de seguridad trabajen en inferioridad frente al crimen organizado. No puede aceptar como inevitable que los narcotraficantes actúen con una creciente sensación de impunidad. Y no puede permitirse una clase política más preocupada por controlar el relato que por garantizar la seguridad efectiva de quienes nos defienden.

Cuando un Estado deja de proteger suficientemente a quienes lo protegen a él, lo que se debilita es su propia autoridad moral.