AD.- Vox vuelve a tensar la cuerda con el Partido Popular en un momento especialmente delicado para el bloque de la derecha. Las advertencias lanzadas en los últimos días desde el entorno de Santiago Abascal no dejan lugar a demasiadas dudas: los pactos autonómicos con el PP podrían tener fecha de caducidad tras las próximas elecciones generales. Un movimiento que no solo introduce incertidumbre institucional, sino que evidencia una estrategia política marcada más por el cálculo y el resentimiento que por la estabilidad.

En el trasfondo de esta amenaza late una incomodidad nunca resuelta. La necesidad de Vox de pactar con el PP en Aragón y Extremadura respondió, en gran medida, al temor de que una estrategia de bloqueo institucional terminase pasándole factura en territorios clave como Andalucía. Tras comprobar el desgaste que puede generar ante el electorado una imagen de intransigencia o de obstáculo para la formación de gobiernos, el partido de Abascal optó por una mayor flexibilidad táctica. Este giro buscó evitar la percepción de irrelevancia o de irresponsabilidad política, especialmente en comunidades donde su apoyo es determinante y donde el votante valora la estabilidad. Estos acuerdos se alcanzaron como una medida preventiva para no erosionar su base electoral en Andalucía. La doble negociación en sendas comunidades, sin embargo, parece haber dejado heridas abiertas dentro de la dirección del partido.

Santiago Abascal arrastra desde hace años una relación compleja y marcada por el rencor con el Partido Popular, formación en la que militó antes de liderar Vox. Esa ruptura, lejos de haberse enfriado con el tiempo, continúa condicionando su forma de hacer política. Sus decisiones sugieren que la estrategia no se guía únicamente por intereses programáticos, sino también por una voluntad de marcar distancias, incluso a costa de debilitar al principal partido de la oposición.

El problema es que esta dinámica tiene consecuencias. La amenaza de romper acuerdos autonómicos introduce inestabilidad en gobiernos que dependen de esos apoyos para funcionar con normalidad. Además, proyecta una imagen de imprevisibilidad que puede terminar pasando factura electoral a todo el espacio político que pretende ocupar Vox.

Un dirigente político no solo debe ser firme en sus convicciones, sino también fiable en sus compromisos. En este sentido, la actitud de Abascal genera dudas razonables. Gobernar implica negociar, ceder y sostener acuerdos en el tiempo. Convertir cada pacto en una herramienta de presión permanente erosiona la confianza, tanto entre socios como entre votantes.

Si Vox opta finalmente por dinamitar los acuerdos autonómicos tras las generales, no solo estará enviando un mensaje al PP, sino también a sus propios electores: que la confrontación interna pesa más que la estabilidad institucional. Se trataría de una apuesta arriesgada en un contexto político que ya de por sí es volátil.

La derecha española no necesita más gestos de ruptura calculada, sino liderazgos capaces de acabar con el sanchismo. Lo contrario conduce a un escenario de bloqueo y erratismo político, donde las estrategias personales terminan imponiéndose sobre el interés general.

Para evitar «líos» con Santiago Abascal, como los que ha tenido con María Guardiola durante meses de bloqueo, el único antídoto es una mayoría suficiente para que el PP no termine dependiendo del chantaje de Vox en Andalucía.