Las declaraciones del empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo han situado en el foco a varios miembros del Gobierno.

Según el testimonio expuesto, María Jesús Montero habría ofrecido al propio Aldama la posibilidad de quedarse con inmuebles vinculados a la SEF, en el marco de una supuesta relación de colaboración. Un extremo que, de confirmarse, abriría un escenario de alto impacto político.

Uno de los puntos más controvertidos gira en torno al supuesto aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Aldama. Según lo debatido, pese a informes técnicos contrarios de la Agencia Tributaria, dicha deuda habría sido finalmente aplazada. El empresario sostiene que la orden partió directamente de María Jesús Montero, quien habría indicado que se le prestara ayuda “en todo lo que necesitara”.

Los analistas de Hablamos de Madrid subrayaron la coherencia del relato de Aldama, destacando el nivel de detalle y la continuidad en sus declaraciones. No obstante, también recordaron que será la investigación judicial la que determine la veracidad de estos hechos y su eventual trascendencia penal.