Ignacio Pozo.- El Gobierno de España y el representante de ERC, el condenado a 13 años por sedición -y aun cumpliendo codena de inhabilitación para cargo público, Oriol Junqueras han alcanzado un acuerdo que sentará las bases para un modelo de financiación «singular», orientado a reforzar la autonomía fiscal de Cataluña. El pacto prevé que Cataluña se beneficie de 4.700 millones de euros extras, lo que supone nada más y nada menos que un 12% de su presupuesto. Este sería el primer paso para cesión de toda la gestión (recaudación) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).

Como era previsible, todas los grupos políticos de la oposición, comunidades autónomas, y algunos barones socialistas han rechazado esa singularidad inventada, e incluso el presidente socialista castellano- manchego ha vuelto a criticar al presidente Sánchez, manifestando que esa financiación es un misil a la línea de flotación del propio partido al suponer “el mayor quebranto de la ideología del Partido Socialista en toda su historia”.

Esta acuerdo hay que enlazarlo con otro alcanzado para la investidura de Illa en Cataluña. La diferencia es que el primero va ser difícil de cumplir en sede parlamentaria pues carece de los apoyos para ello, al oponerse abiertamente la oposición y otros socios que sostienen al gobierno de Sánchez, como son los independentistas de Junts, liderada de facto por la presidente del Parlament, Borrás, y su representante en Madrid, Nogueras.

Más allá de lo factible del acuerdo, no es muy creíble que la “singularidad” que vende el gobierno case con solidaridad, base de nuestro ordenamiento jurídico que exige al Estado la garantía de mantener un equilibrio económico justo entre territorios. Pero, a Sánchez acostumbrado a ser “el de las primeras veces”, esa exigencia constitucional no es problema alguno.

Ahora bien, el problema lo van a tener los candidatos socialistas en las próximas convocatorias electorales que se avecinan. Si Extremadura el vuelco electoral fue mayúsculo (casi un 60% de los electores votaros a formaciones de centro-derecha), las de Aragón, Andalucía y Castilla-León llevan el mismo camino.

Difícil se lo están poniendo dese Moncloa a los a los candidatos socialistas la gestión del gobierno de Sánchez con acciones tan “singulares”, a parte de la corrupción que no cesa. Pero una cuestión es el castigo por corrupción de los votantes de izquierdas que aun la soslayan en aras a que no gobierne la derecha, y otra muy distinta es a la solidaridad interterritorial, a la estabilidad presupuestaria y a la garantía de una prestación adecuada y equitativa de los servicios públicos esenciales en todo el territorio nacional, que este tipo de financiación provocaría.

Sin ser perfecto el actual sistema de financiación de las comunidades autonómicas, es el mejor conocido, ya que garantiza una distribución razonable de recursos y una autonomía financiera suficiente. Lo cierto es que la anomalía si esta en el privilegio injustificado que suponen los regímenes forales del País Vasco y Navarra, a lo que la ministra Montero, y próxima candidata a la presidencia andaluza, quiere añadirle Cataluña, sufragándolo con la creación de nuevos

Impuestos, y suprimiendo las exenciones fiscales de otros existentes actualmente y gestionados por las CCAA, como son el de sucesiones o donaciones. Todo ello, no deja de ser otro mazazo a las futuras expectativas electorales al Partido Socialista.

*Abogado y colaborador de AD