ya no se conforma con que el catalán se imponga en Cataluña. Ahora quiere enterrar el uso del castellano en todas las Comunidades Autónomas con lengua propia y regiones aledañas, así como obligar a que el resto de España empiece a aprender los idiomas cooficiales. Para ello registró en el Congreso de los Diputados en febrero una proposición de ley orgánica de protección de las lenguas españolas distintas del castellano que aboga por establecer como «preferente» el uso del catalán en Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y las comarcas catalanohablantes de la franja oriental de Aragón; y hacer lo mismo con el euskera en Vascongadas; el occitano en Arán y el gallego en Galicia, en la franja occidental de Asturias y en la franja noroccidental de Castilla y León.

Ello conllevaría que cualquier institución, agencia u organismo dependiente del Estado debería utilizar la lengua cooficial y no el castellano en todas estas regiones, lo que acabaría residualizando su uso. La ley de ERC solo prevé permitir que jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales puedan usar el castellano en comunidades con lengua propia «si ninguna de las partes se opusiere». Pero exige el establecimiento de un «nivel mínimo de conocimiento de las distintas lenguas oficiales, exigible para poder concursar a las plazas de magistrado, juez o secretario judicial vacantes en las distintas comunidades autónomas» y de cualquier otra vacante en los cuerpos de funcionarios del Estado.

Y aún más. ERC plantea varias medidas para imponer el aprendizaje del catalán, gallego, euskera y occitano al resto de España. Para ello, reclama que las emisoras de radio y televisión, públicas y privadas «emitan al menos la mitad de su programación en las lenguas oficiales distintas del castellano» y que la mitad de este tiempo se emita en horas de máxima audiencia o prime-time. También hay consideraciones para la escuela. Reclama que se incluya el estudio de estos idiomas en los planes de estudio de las comunidades castellanohablantes en todos los niveles de enseñanza, desde primaria hasta la universidad, incluyendo los centros escolares españoles situados en el extranjero.

El texto del grupo republicano aboga por convertir al catalán, euskera, gallego y occitano lenguas oficiales del Estado «en situación de igualdad y dignidad equiparable» al castellano en todo el territorio nacional. Ello supondría que todas las personas físicas y jurídicas se podrían «relacionar con plena validez y eficacia jurídica» con cualquier servicio, institución u organismo del Estado y que éste debería corresponder en la lengua elegida por el ciudadano y «sin dilaciones indebidas”. Esto es, policías jueces…. En las regiones con lengua propia, toda la documentación oficial pasaría a expedirse en el idioma escogido por el interesado: «DNI, permiso de conducir, pasaporte, libro de familia, tarjetas de residencia y trabajo para extranjeros, certificados de toda clase, diplomas y títulos oficiales de todo tipo», reza la proposición de ley. Y plantea la disposición de moneda, sellos oficiales, sellos postales y toda clase de efectos timbrados».

Dentro de las Comunidades Autónomas que no tengan idioma cooficial, toda oferta de bienes y servicios debería ser realizada en todas las lenguas cooficiales «incluyendo etiquetajes, instrucciones de uso, catálogos y la atención al cliente», pero también programas informáticos, aparatos y servicios de telefonía fija y móvil. Pero también Y de cara al exterior propone que el Estado emprenda las acciones necesarias para su reconocimiento en la Unión Europea, así como su presencia y utilización en los «organismos internacionales».

Coste mínimo de 2.373 millones

El Gobierno echó mano del veto presupuestario el pasado 16 de marzo para echar atrás esta ley e impedir que ni siquiera llegue a debatirse en el Pleno. La Mesa del Congreso aceptó sus argumentos en la reunión de la semana pasada, aunque ahora ERC puede solicitar su reconsideración. Moncloa sitúa el coste las medidas de ERC en un mínimo de 2.373,4 millones de euros anuales en costes de traducción a los que habría que añadir un desembolso de entre 26,5 y 417,7 millones de euros más en concepto de costes únicos. Y en estos importes no estarían incluidas partidas como las indemnizaciones por destino que habría que abonar a los 1.944 traductores que sería necesario contratar para las embajadas, misiones permanentes y consulados con que cuenta España en el exterior, o la inversión necesaria en «hardware, software, desarrollos, mantenimiento o gestión».

«En cada uno de los ministerios, y en cada uno de los órganos, agencias y servicios dependientes de la Administración tendría que haber cuatro empleados públicos con categoría de traductor que garantizasen que cualquier ciudadano pudiera dirigirse en catalán, en euskera, en gallego y en occitano o aranés», advierte el Gobierno. ERC no se da por vencido y prepara modificaciones a esta ley para intentar sortear el veto del Gobierno en el próximo periodo de sesiones que arrancará en septiembre.

(ABC)