La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha citado a declarar a los exconsellers de Cultura de la Generalitat Santi Vila y Lluis Puig como investigados por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por negarse a facilitar el retorno de los bienes del Monasterio de Sijena desde el Museo de Lérida.

En su auto, la magistrada convoca a ambos el próximo 25 de abril en los juzgados de la capital altoaragonesa, tras la reapertura de la causa penal instada por la representación legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y secundada por la fiscalía oscense.

Aunque las 44 piezas reclamadas fueron finalmente trasladadas por la Guardia Civil a Sijena el pasado mes de diciembre a instancias del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca, la juez mantiene abierta la instrucción por presunta desobediencia y prevaricación contra Vila y Puig por su intervención en el litigio.

La magistrada sobreseyó provisionalmente el pasado mes de septiembre la querella penal tras argüir que el consistorio no había aportado los documentos acreditativos de los hechos denunciados, pero volvió a reabrir la causa tras recibir la información requerida.

En su auto de reapertura del proceso, la juez valoraba tanto el informe de la fiscalía de Huesca como el emitido por el fiscal del Tribunal Supremo, al que llegó inicialmente la denuncia al estar ambos políticos catalanes aforados.

El letrado de Sijena, Jorge Español, denunció los hechos en el juzgado de guardia de Huesca tras perder ambos exconsellers su condición de aforados, acompañándola de un informe elaborado por la Fiscalía del Tribunal Supremo que veía indicios de la comisión de presuntos delitos en la conducta de ambos.

En el escrito de adhesión al recurso hecho por el fiscal jefe de Huesca, Juan Baratech, se advertía de que ambos exconsellers incumplieron con “rotundidad” las órdenes judiciales a pesar de los apercibimientos que les fueron comunicados.

Consideraba, además, que las consecuencias de este incumplimiento y de la desobediencia fueron “capitales”, ya que la operación requirió un gran despliegue de medios materiales y humanos.

Medios, subrayaba, que la administración aragonesa y la policía judicial tuvieron que habilitar para “suplir la obstinada voluntad de los investigados y también por el riesgo de alteración de la seguridad y de la pacífica convivencia ciudadana”.

Tras la reapertura de la causa, la juez remitió un escrito al Parlamento catalán para que certificara si Lluis Puig había sido elegido diputado autonómico tras las últimas elecciones, hecho que, al no ser corroborado, ha motivado su citación como investigado en Huesca.