Federico Parra.- Cientos de habitantes de la barriada caraqueña de Petare salieron el jueves por la noche a la calle para gritar: «Tenemos hambre, queremos comida». Un joven de 21 años, José Tovar, murió, según sus padres asesinado por la policía, que usó armas de fuego para reprimir la cacerolada.

El número de saqueos y la violencia han ido en aumento en todo el país desde mayo y, en la última semana, se han hecho cotidianos no solo en el interior de Venezuela, sino también en Caracas, donde cada vez se producen más cerca de la sede del Gobierno. Grupos de ciudadanos salieron a la avenida Baralt, una de las más importantes de la ciudad y muy cercana al palacio de Miraflores, y hasta la medianoche del jueves sostuvieron una cacerolada en protesta por el hambre que culminó con los manifestantes entonando el himno nacional.

Especialmente sintomático es que las manifestaciones se produzcan en Petare, un cúmulo de casas sobre una montaña al este de la ciudad en el que viven más de un millón de personas y que se disputa con Rocinha, en Río de Janeiro, el título no oficial de ser el barrio marginal más grande de América Latina. Poblado primero por inmigrantes llegados del interior de Venezuela y que en los años de la bonanza petrolera creció con pobladores de países vecinos que han ido invadiendo espacios cada vez más extensos de la montaña hasta colonizarla casi por completo, Petare es el paradigma del fracaso económico de uno de los países más ricos del mundo.

En este barrio fueron asaltadas tres panaderías y dos supermercados el jueves, entre ellos uno muy cercano a una de las sedes de la Hermandad Gallega en la capital venezolana, un club de campo en una de las poquísimas zonas verdes que la invasión indiscriminada ha respetado.

Varios barrios de Petare ubicados en la cercanía de Caracas fueron tomados por la Guardia Nacional y la Policía Nacional, que se tuvieron que enfrentar a tiros con los manifestantes, que les disparaban desde las chabolas. A medianoche, las autoridades cortaron el suministro eléctrico en los barrios y lograron que los manifestantes se recogieran, aunque desde sus casas seguían golpeando las cacerolas.

Además de los saqueos en Petare, la autopista que conduce al aeropuerto de Maiquetía desde la capital fue cortada por manifestantes que exigían comida en el estado Vargas, vecino a Caracas; por segundo día, se registraron saqueos en Mérida y en el vecino Trujillo, ambos en la zona de Los Andes; y también en Guárico, en el centro del país.

Ayer no amaneció mejor. En otra zona pobre del suroeste de Caracas, La Vega, fueron saqueados otros tres comercios; y en el oeste de la ciudad, en Catia, se produjo otra masiva protesta de transportistas con cortes viarios por la muerte de un chófer de autobús, que murió asesinado por criminales comunes.

Historias aterradoras

Las protestas no dejan ver historias aterradoras, que podrían pasar desapercibidas. Once niños fallecieron en la última semana en un hospital venezolano por enfermedades relacionadas con la desnutrición; una octogenaria con mal de Parkinson fue hallada en su casa en Caracas con un cuadro que también se asocia a la falta de alimentos. Sus vecinos, también sin medios, la ayudaron mientras pudieron, pero dejaron de verla una semana y la encontraron tirada en el piso, porque la falta de medicamentos y alimentos la postró.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció que la oposición cuenta con 1,3 millones de firmas para iniciar el proceso de referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, pero también que más de 600.000 fueron excluidas por «deficiencias técnicas». Aunque el resto es un número más que suficiente para seguir adelante, miles de venezolanos comenzaron a quejarse en Twitter, bajo la etiqueta #YoFirmé, de que no podrán validar sus rúbricas en el proceso que se iniciará el 20 de junio. Sin embargo, quienes consideren que sus nombres fueron añadidos sin su permiso o fraudulentamente sí podrán retirarlo la próxima semana.

La criba de firmas fue tan grande que el propio impulsor del revocatorio, Henrique Capriles, se encuentra entre los excluidos. «Mi firma fue un hecho público, me fui a chequear con mi cédula de identidad y aparezco como no firmante […]. A diez firmantes de mi planilla los excluyeron», señaló el líder opositor. Alfonso Acevedo se quejaba en Twitter de que su firma no fue aceptada, pero la de su madre, que tiene 70 años y firmó inmediatamente después de él, sí.

Advertencias chavistas

Además, los venezolanos critican que el punto de validación será solo la oficina regional del CNE del estado en que vota cada ciudadano, lo cual en un país tan grande implica una movilización costosa y azarosa. Para dificultar más el proceso, Lucena anunció que «ante cualquier hecho de violencia, suspenderemos el proceso de validación», lo que lo deja a merced de los revoltosos del Gobierno, que ya han comenzado a movilizarse para tratar de frenarlo.

El comisionado del presidente para la revisión de las firmas de la oposición, el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, calificó la existencia de 605.000 firmas defectuosas como un «fraude a la Constitución» y anunció que denunciará a la directiva de la MUD ante el Supremo. A Rodríguez se lo acusa de dirigir entre bastidores el CNE tras haber sido presidente del organismo, y a Lucena frecuentemente se la señala como una de sus «fichas».