Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI

Acometer una consolidación fiscal más rápida con una reducción drástica del gasto, realizar una reforma de las pensiones que asegure sus sostenibilidad real, la armonización de los tipos del IVA, aumentar la productividad, el impulso de un plan eficaz de vivienda que aumente la oferta y acabar con la sobrerregulación y el exceso de burocracia ante el deterioro del acceso habitacional generalizado de la población. Con esta dureza, el Fondo Monetario Internacional (FMI) avisa al Gobierno de Pedro Sánchez de que debe afrontar una cambio en sus políticas fiscales y sociales ante el deterioro evidente que se ha producido, y que se agravará por el impacto de la guerra de Irán, pese a que en España augura un golpe más suave, tras proyectar que crezca este año un 2,1% -dos décimas menos-, pero solo “gracias a la aún fuerte demanda interna”, algo que puede deteriorarse rápidamente por el negativo contexto geopolítico internacional.

Por ello, el FMI advierte de que los riesgos para el crecimiento incluyen un” prolongado conflicto en Oriente Próximo, otras tensiones geopolíticas y comerciales, así como la fragmentación política interna”, por lo que advierte al Gobierno de que debe no centrar el crecimiento solo en “el consumo respaldado en el corto plazo por la continua y fuerte inmigración”, así como desarrollar “un mercado laboral ajustado, normalizar unas “tasas elevadas tasa de ahorro” y seguir implementando las inversiones de los fondos europeos ‘Next Generation’.

En concreto, el FMI, en su informe anual sobre la economía española (Artículo IV), ha reclamado a España que suspenda las rebajas fiscales a la energía puestas en marcha a raíz de la guerra en Oriente Medio, que considera que solo deberían mantenerse si se “materializa un escenario grave” y de forma muy “enfocada”, sin distorsionar los precios de la energía. El decreto ley del Gobierno con el plan de respuesta a la guerra contra Irán ya preveía la desactivación de las ayudas a partir de junio en función de la evolución de los precios, de forma que el próximo 1 de junio el IVA de la electricidad y el gas volverá al 21%, mientras que la rebaja al 10% del IVA de los carburantes se mantendrá en principio solo hasta el 30 de junio, aunque no se descarta que las medidas sean prorrogadas.

El informe destaca el “acelerado deterioro” del acceso a la vivienda en España por lo que sugiere mejorar e impulsar la oferta con medidas que flexibilicen los trámites y la fiscalidad impuesta sobre el sector de la construcción, además de proponer el “impulso de un desarrollo urbano más rápido, la reducción de la incertidumbre jurídica acabando con el control de los precios del alquiler y la simplificación de los procedimientos de concesión de permisos de construcción”.

Pese a la crisis de vivienda, el informe señala que los riesgos financieros sistémicos siguen siendo bajos, con hogares, empresas y bancos en una buena salud financiera. Así, advierte de que el persistente aumento de los precios de la vivienda y los primeros indicios de una flexibilización de los estándares crediticios podrían, a la larga, “generar vulnerabilidades en el sector financiero”. De este modo, a pesar de mostrarse satisfecho con el “sólido desempeño” económico de España, el Fondo destaca la importancia de recuperar margen fiscal e impulsar reformas estructurales para garantizar un crecimiento sostenible, para lo que apuestan por “una consolidación fiscal discrecional más rápida y favorable al crecimiento para reconstruir las reservas fiscales”, en un contexto de aumento del gasto relacionado con el envejecimiento de la población.

Entre las medidas clave planteadas se incluyen la “eliminación gradual de las recientes medidas de apoyo a la energía, el estudio de una mayor reforma de las pensiones y la armonización de los tipos del IVA”, siempre manteniendo la protección a los hogares vulnerables. Para ello, destaca la “importancia de fomentar la credibilidad y la disciplina”, para lo que es necesario implementar una “estrategia fiscal integral a medio plazo, reforzar el papel del consejo fiscal independiente y alinear las normas fiscales subnacionales con el marco fiscal de la UE”.

La institución bancaria insiste en sus conclusiones en la importancia de fomentar “nuevas reformas para impulsar el empleo y mejorar la productividad, incluyendo el refuerzo de las políticas activas del mercado laboral y facilitar aún más la expansión y la innovación de las empresas mediante un rediseño del crédito fiscal para I+D”, así como abordar el “desajuste de competencias, reducir las barreras comerciales entre las regiones españolas y los países de la UE” y reducir la incertidumbre jurídica.