AD.- En política, las decisiones de gran calado deberían responder a diagnósticos rigurosos y a una visión de país a largo plazo. Sin embargo, hay momentos en los que ciertas medidas parecen obedecer más a cálculos inmediatos que a una verdadera política de Estado. La propuesta de una regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez se inscribe peligrosamente en esta lógica.

El oportunismo político de Sánchez al convertir un asunto estructural en una herramienta de rentabilidad electoral ha traspasado todas las líneas rojas. Se trata de un gesto táctico para ampliar una base de votantes potenciales, más que como una solución responsable.

Este tipo de decisiones tiene consecuencias que van más allá del corto plazo. En primer lugar, socava la confianza en las instituciones. Si las reglas del juego pueden modificarse en función de intereses electorales, ¿qué mensaje se envía a quienes han seguido los procedimientos legales para residir y trabajar en el país? La percepción de agravio comparativo no es menor y puede alimentar tensiones sociales innecesarias.

En segundo lugar, una regularización masiva sin planificación suficiente puede desbordar servicios públicos ya tensionados. La integración efectiva no se decreta: requiere recursos, tiempo y políticas coherentes en educación, empleo y vivienda. Sin estos elementos, la medida corre el riesgo de ser más simbólica que efectiva, dejando tanto a los recién regularizados como a la población general en una situación peor.

Pero quizá lo más preocupante sea la banalización del debate migratorio. Convertir una cuestión tan delicada en un instrumento de captación de votos empobrece la discusión pública y polariza a la sociedad. En lugar de buscar acuerdos amplios y sostenibles, se opta por decisiones unilaterales que dividen y generan desconfianza.

Utilizar la regularización masiva como herramienta electoral no solo es irresponsable, sino que pone en juego la credibilidad de las instituciones y la cohesión social.

Un día después de aprobar el Consejo de Ministros la regularización, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, alerta de la opacidad en Moncloa: “El Gobierno no solamente ha aprobado un decreto en contra de lo que hemos aprobado en el Congreso, sino que hoy, en una pregunta muy clara y muy diáfana, ‘¿cuántos inmigrantes irregulares van a obtener la residencia legal y por tanto los derechos en España?’, la ministra portavoz ha negado esa información a la Cámara”.

Ha mostrado Feijóo cierta comprensión con el hecho de que al Gobierno “no le interesa el Parlamento”, pero se ha mostrado indignado porque “lo que no puede hacer es gobernar en contra del Parlamento”. Y, en su opinión, es “especialmente grave” lo que Elma Saiz, responsable de Migraciones, “acaba de decir”. En realidad, el motivo de su estupor ha sido precisamente lo que no ha dicho: a cuántas personas afectará la regularización.

Una vez más, el jefe de la oposición ha martilleado contra el método elegido por el Gobierno para normalizar la situación de personas extranjeras que residen en España sin papeles. “Esta política de inmigración no es sensata y responsable. La regularización se hace individualizadamente”, ha defendido.

“Ningún precedente”

“No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país y el Gobierno ha dicho muy claramente que con antecedentes policiales se va a regularizar a ese inmigrante”. Que personas que han “abusado de una mujer, robado a un ciudadano o incumplido varias veces la legislación española” puedan tener papeles, ha alertado Feijóo, “no tiene ningún precedente en ningún país de la Unión Europea”.

Sobre la posición de su partido: “Inmigración legal, ordenada, que venga a aportar, a cumplir las leyes y sin antecedentes penales y policiales, cuando sea necesaria, es lo correcto”. Pero, “una inmigración a granel que venga simplemente” a generar “un efecto llamada” para que “las mafias sigan traficando con seres humanos” y que convierta a España “en la puerta de entrada de la ilegalidad” resulta inédito. “No lo ha hecho ningún gobierno de la Unión Europea”, ha reiterado.

En resumen, Feijóo ha calificado como “un disparate” la regularización del Gobierno. Por que va “contra la legislación europea, contra los acuerdos del Congreso”, porque no arroja “ningún tipo de información” y porque se lleva a cabo por la vía del “real decreto”, en contra de “la voluntad popular”.

Gobernar no debería ser sinónimo de improvisar ni de calcular beneficios a corto plazo. Cuando se trata de cuestiones estructurales como la inmigración, el precio del oportunismo de Sánchez para mantenerse a toda costa en el poder puede ser demasiado alto para el futuro de España.