Lance D. Johnson.- Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), acaba de publicar el último plan de acción globalista para el control de la población, la vigilancia y la censura. El plan, titulado Principios globales para la integridad de la información, busca poner fin a la “desinformación dañina, la información errónea y el discurso de odio” en línea, al mismo tiempo que “defiende los derechos humanos como la libertad de expresión”.

Guterres presentó el plan de juego con un sentido de urgencia, ordenando a los gobiernos, las empresas tecnológicas, los medios de comunicación y los anunciantes que asuman el control y establezcan narrativas oficiales, al tiempo que acallan las voces de la oposición. La ONU apoya el control algorítmico de las grandes tecnológicas sobre el flujo de información en línea y busca controlar aún más la libertad de expresión en línea. Un grupo global de élites busca eliminar lo que cree que es desinformación y busca desacreditar y desmonetizar a las voces de disidencia. Toda la censura que proviene de los sistemas de poder globales es una guerra contra la libertad de expresión, pero también es una guerra contra la verdad, para que estos sistemas de poder no puedan rendir cuentas por sus abusos.

El sistema de vigilancia y control de la información de la ONU busca centralizar la censura para la dominación global

La ONU está construyendo un sistema de vigilancia y control de la información que crea narrativas autoritarias que limitan el acceso a conocimientos que pueden salvar vidas. Estos sistemas de control no sólo censuran, sino que enseñan a la gente qué decir, cómo comportarse y qué pensar. La ONU quiere crear un mundo de simplones que renuncien a su soberanía y se inclinen ante entidades manipuladoras y abusivas y autoridades falsas.

Estos algoritmos o procesos de revisión automatizados se programarán para filtrar y eliminar contenido considerado objetable o políticamente sensible. Esto puede incluir el bloqueo de sitios web, publicaciones en redes sociales o plataformas enteras que critiquen al gobierno, promuevan el disenso o discutan temas sensibles como abusos de los derechos humanos u oposición política.

En tiempos de inestabilidad política o durante crisis fabricadas, los gobiernos pueden imponer bloqueos de Internet o restringir el acceso a sitios web o plataformas de redes sociales específicos.

Esta táctica silencia eficazmente las voces disidentes, impide la difusión de información sobre las protestas o los abusos de los gobiernos y limita la capacidad de los ciudadanos para comunicarse y organizarse. Se observaron ejemplos de esta tiranía en la plataforma de redes sociales Facebook, cuando Meta atacó y cerró grupos comunitarios que discutían los daños causados ​​por la vacuna contra la COVID-19. Toda oposición a los mandatos de vacunación fue ridiculizada como “desinformación” y todos los grupos que se organizaron a favor de la libertad médica fueron clausurados mediante algoritmos o su alcance fue severamente restringido.

Además, las tecnologías de vigilancia pueden utilizarse para monitorear las actividades en línea en tiempo real, rastrear las huellas digitales de las personas e identificar voces o activistas disidentes. Esta vigilancia crea un efecto amedrentador que disuade a las personas de expresar opiniones controvertidas o participar en el discurso político en línea.

Al manipular los resultados de búsqueda, los gobiernos y las compañías farmacéuticas pueden influir en los algoritmos de los motores de búsqueda para priorizar o esconder cierta información sobre curas para enfermedades infecciosas, enfermedades cardíacas, cáncer y otras enfermedades crónicas. Al controlar qué información aparece en la parte superior de los resultados de búsqueda, las compañías farmacéuticas pueden moldear la percepción pública, suprimir puntos de vista alternativos o promover propaganda y narrativas oficiales para mantener a la gente enferma y haciendo que vuelva a comprar más medicamentos y vacunas que no funcionan.

La ONU abusará de su poder para controlar las narrativas y eludir la responsabilidad por acciones totalitarias
Los gobiernos pueden promulgar leyes y reglamentos que impongan restricciones al contenido digital, como exigir a las plataformas que eliminen el contenido “dañino” u “ofensivo”. Estas leyes pueden ser vagas e interpretarse de manera amplia, lo que permite a las autoridades atacar a periodistas, activistas o ciudadanos comunes que expresen opiniones disidentes. Esto se vio en Estados Unidos cuando la administración Biden atacó a la llamada “disinformation dozen”, que fue eliminada y desmonetizada en todas las plataformas de redes sociales . El gobierno de Biden también elaboró ​​una “lista de no promocionar” para los libros que abordaban el tema de la vacunación. El gobierno federal coaccionó a uno de los mayores distribuidores de libros, Amazon, para que restringiera el acceso a estos libros.

Las autoridades pueden atacar selectivamente a periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas o miembros de comunidades marginadas mediante acoso, intimidación o amenazas legales. Esto crea un clima de miedo y autocensura , donde las personas se abstienen de expresar opiniones disidentes o abogar por el cambio social. La ONU puede limitar la velocidad de Internet o bloquear canales de comunicación como aplicaciones de mensajería o servicios de VoIP durante períodos de agitación e incertidumbre. Esto restringe la capacidad de las personas para comunicarse de forma segura, compartir información o coordinar protestas o activismo.

Al igual que sus predecesores, estos sistemas de control de la información respaldados por la ONU se implementarán sin transparencia ni rendición de cuentas, y no habrá un debido proceso para quienes los utilicen. Esta falta de supervisión permite a quienes están en el poder manipular los flujos de información sin escrutinio público, lo que exacerba el impacto de la censura en los procesos democráticos y las libertades civiles.

Con esta medida, la ONU y sus alianzas militares prácticamente declaran la guerra a la prensa, a los analistas de investigación y al periodismo independiente.