Durante ocho años, UGT y CC OO han convivido con la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, el encarecimiento de la cesta de la compra, el precio de la vivienda y unas facturas de la luz y el gas que han puesto contra las cuerdas a millones de familias. Sin embargo, ahora, cuando se acercan las elecciones, los dos «grandes» sindicatos anuncian una huelga general cuyo objetivo, a juzgar por las declaraciones de sus propios protagonistas, no parece ser exclusivamente la defensa de los trabajadores.

¿Dónde estaban UGT y CC OO cuando los españoles necesitaban que alzaran la voz? ¿Por qué tanta paciencia con un Gobierno que ha permitido que la inflación erosione los salarios y fría a impuestos a los trabajadores? Hay silencios que retratan a quienes los mantienen y el de las «grandes» centrales sindicales durante las legislaturas sanchistas contrasta ahora con la súbita urgencia por movilizar las calles. Una huelga general es una herramienta legítima en democracia.

Los sindicatos tienen todo el derecho a convocarla cuando consideran que los derechos laborales están amenazados. Pero también tienen la obligación de explicar con claridad qué reivindican, contra quién protestan y qué soluciones proponen. Si la convocatoria se dirige contra la oposición y no contra el Ejecutivo que gobierna y la cuestión laboral queda relegada a un segundo plano, es difícil ignorar la instrumentalización política del sindicalismo. Para los que tuvieran alguna duda, las declaraciones de María Jesús Montero, jefa de estrategia de Pedro Sánchez, y algunos representantes sindicales enmarcando la movilización como una protesta contra la oposición, reafirma la idea de que la huelga es contra lo que podría hacer un futuro gobierno. No extraña, por tanto, que otros sindicatos se desmarquen de una convocatoria que consideran política. Incluso UGT y CC OO de Ceuta no están por la labor. Igual se entiende mejor la actitud de unos sindicatos, que ya ni son mayoritarios, si nos fijamos en el dinero público que reciben.

Desde que gobierna Sánchez, decenas de millones, tanto como recibieron entre subvenciones, convenios y ayudas de Zapatero y Rajoy juntos. Son cifras aproximadas, ya que UGT y CC OO no son precisamente organizaciones transparentes que rindan cuentas, ni siquiera sobre el número de afiliados y cuántos de ellos pagan la cuota. No resisten un mínimo escrutinio, por lo que muchos nos preguntamos por qué siguen arrogándose una representación que no tienen. La legitimidad sindical no se hereda ni se compra con subvenciones, se gana defendiendo a los trabajadores cuando hay que hacerlo, todos los días y por sus derechos laborales.