Francisco Marhuenda.- No me refiero solo a España, sino al mundo. Es la mayor operación de ingeniería electoral que se haya conocido jamás. No voy a negar que está dotada de una cierta brillantez, porque nadie imaginó las consecuencias de esa disposición adicional de la ley de la memoria democrática completada con una disparatada instrucción de la fiscal y hermana de Puente. El establecimiento de una presunción de veracidad a quien asegura, sin aportar pruebas, que su padre o su abuelo habían huido de España por la Guerra Civil o el franquismo es jurídicamente estrafalario. Los comunistas, los fascistas, los nazis y los dictadores militares coinciden en su desprecio por la democracia. Es un dato objetivo que cualquier historiador sabe perfectamente, porque no hay ni un solo país que haya sido gobernado por estos regímenes en los que se haya respetado la democracia.

Sánchez ha derivado hacia el autoritarismo democrático. Es comprensible que este domingo saliera en un mitin, exigiendo que el Supremo acepte el chanchullo de la «ley de nietos» y que puedan votar. Es cierto, que no ha conseguido completar en su integridad la operación al verse obligado a adelantar las elecciones. Es de sentido común entender que no se pueden incorporar millones de nuevos ciudadanos que no tienen ningún arraigo y que incluso desconocen no solo España, sino las poblaciones en las que tendrán que votar. Esta operación de ingeniería electoral se sustenta en dos pilares. El primero es la red consular, ya que ha colocado a personas de confianza del sanchismo, y la existencia de esos partidos vinculados al Grupo de Puebla que harán que sus militantes voten a Sánchez y sus aliados.

Otra de las ventajas que tiene el líder socialista es que cuenta con el fervoroso apoyo de los medios de comunicación del régimen. No estamos ante una reparación histórica ni una cuestión de Justicia, sino de un fraude, hay que decirlo con esta claridad, destinado a favorecer sus intereses personales. Lo normal es que adquirir la ciudadanía española sea fruto de un proceso con todas las garantías. Todos tendrían que probar que fue un exilio por razones políticas, religiosas o de identidad sexual. No deberían incluirse, como es normal, aquellos que lo hicieron por causas económicas.