Luis Javier Sánchez.- La Plataforma Multisectorial contra la morosidad (PMcM) denuncia que 96 consistorios de nuestro país tardan de media más de un año en pagar, según datos extraídos del Ministerio de Hacienda.

A este respecto, según dicha información el Ayuntamiento de Jaén tendría una deuda superior a 61 millones de euros y una forma de pago de 624 días y Parla, en Madrid, 39 millones de euros pendientes y un plazo de pago de 384 días.

Junto con ellos, Jerez de la Frontera, una deuda pendiente de 42 millones de euros y unos pagos que realiza en 302 días; Puerto de Santa María (Cádiz) más de 11 millones de euros pendiente y una forma de pago en 211 dias, por citar algunos ejemplos.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda indican que los ayuntamientos pagan a una media de 69 días, en vez de a un máximo de 30 como marca la ley. Todo ello puede hacer empeorar la situación financiera de pymes y autónomos en los próximas semanas.

En este contexto, la PMcM calcula que si no se implementan medidas para atajar la morosidad en España podrían llegar a tener que echar el cierre unas 500.000 empresas, entre el 15% y el 20% del tejido empresarial español.

En la actualidad hay pendientes de pagar 57.000 millones de euros. La mayor parte son responsabilidad del IBEX 35.

Ante estos datos, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, exige que se implementen de una vez por todas medidas eficaces para atajar la lacra de la morosidad, tanto en el sector privado como en el público.

Esta plataforma agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos. Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.

Cañete recuerda que está sobre la mesa la posible multa que está estudiando imponernos la Unión Europea. La institución europea está analizando exhaustivamente toda la documentación relativa tanto al sector público como al privado, con el fin de reducir al máximo la morosidad.

Así lo informó a la propia PMcM en una reunión mantenida hace apenas unas semanas, en la que profundizaron en el problema de la morosidad en España, coincidiendo en la necesidad urgente de que se tomen medidas contundentes.

Al parecer el expediente contra España fue abierto en 2015 y ahora el Ejecutivo comunitario da un paso más en el procedimiento de infracción con el envío de un dictamen motivado, el último aviso antes de elevar el caso a la Justicia europea si pasado el plazo establecido persisten los incumplimientos.

«España dispone ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión el pasado mes de junio. En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir llevar al país ante el Tribunal de Justicia», explican a Confilegal algunos expertos.

El Ejecutivo comunitario busca en particular que España adopte las medidas necesarias para garantizar una «correcta aplicación» de la directiva sobre morosidad y así «evitar pérdidas a empresas, en especial a pequeñas y medianas empresas».

En concreto, la Directiva sobre morosidad obliga a las autoridades públicas a pagar sus facturas en un plazo de treinta días (o de sesenta días en el caso de los hospitales públicos) y otorga al sector público una «obligación especial» de pagar a sus proveedores a tiempo y «servir de ejemplo» en la lucha contra las malas prácticas de pago en el entorno empresarial.

La Comisión explica en su comunicado que los pagos atrasados «tienen un efecto negativo en las empresas, ya que reducen su liquidez, les impiden crecer, obstaculizan su resiliencia y su capacidad para volverse más verdes y digitales».

Este impacto dañino resulta más perjudicial en el contexto económico actual, dado que las empresas, sobre todo las pymes, dependen de pagos regulares para operar y mantener los puestos de trabajo tras el impacto del Covid-19.

El sector privado, también incumplidor

En lo que se refiere al sector privado, la PMcM manifiesta que supone una afrenta que, para alegar que se paga en plazo y así poder acceder a los fondos NGUE, solo sea necesario presentar una “declaración responsable”.

“Seamos serios, hay que imponer que se cumplan unos determinados requisitos y que además se certifiquen, sobre todo para empresas de más de 50 trabajadores”, reclama al Gobierno el presidente de la PMcM.

En esta línea, alienta a “conseguir también que se modifique la fórmula de cálculo del plazo medio de pago (pmp) para que se tengan en cuenta los ‘confirming’ (estos enmascaran la realidad de los plazos de pago)”.

En su opinión, la esperanza de una posible reducción de la morosidad en nuestro país “se ve empañada una vez más por el nuevo paso que ha dado el Gobierno al elaborar su anteproyecto de la Ley Crea y Crece sin tener en cuenta las recomendaciones de los que trabajamos día a día para resolver esta lacra”.

La PMcM ya ha enviado al Ministerio de Economía, a los grupos políticos y a la Unión Europea su revisión del anteproyecto, que también trasladó en la consulta pública.

El nuevo proyecto también pretende luchar contra la morosidad mediante el impulso de la utilización de la factura electrónica.

A tenor de la entidad, esta iniciativa legislativa no es más que una cortina de humo para decir en Europa que han tomado medidas para combatir la morosidad.

Por otra parte, desde la PMcM ven positiva la propuesta recogida en el anteproyecto sobre implantar la factura electrónica en todas las pymes, lo que supondrá “un gran avance para el control de los periodos de pago en el país”, asegura Cañete.

Sin embargo, “creemos que la redacción del anteproyecto no asegura que se vayan a producir reducción de costes ni de cargas administrativas para pymes y autónomos; muy al contrario, creemos que empeorarán”.

Respecto a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, la PMcM propone que el subcontratista tenga la capacidad de impugnar los contratos, que no sea solo una potestad de los contratistas y la Administración Pública.

Además, Cañete considera que no está funcionando la facturación electrónica de la Administración Pública en lo referido a los subcontratistas, “no se está registrando en FACE la facturación de los subcontratistas, por lo que se pierde toda la trazabilidad de los plazos de pago dentro de la Administración, que en todo caso, deben garantizar el pago de sus deudas a todo el circuito de aprovisionamiento para impedir la ruptura de la cadena de pago».

También ha añadido que los gobiernos “tienen que obligar a que los grandes contratistas paguen a sus proveedores subcontratistas dentro del plazo legal”.

Cotizadas pagan a 200 días

En definitiva, la PMcM aclara que el anteproyecto de la ley Crea y Crece no resuelve los problemas de morosidad, sino que lo que lo haría de forma efectiva sería un régimen sancionador.

“Recordemos que, según las estimaciones realizadas por la PMcM sobre los datos de la CNMV referidos a 2020, las compañías cotizadas liquidaron sus facturas en un periodo medio de 200 días, triplicando el plazo legal permitido (60 días) y aumentando 14 días respecto a 2019. Además, tenían en cartera 81.786 millones de euros sobrepasando los 60 días legales.

“Lamentamos profundamente que ya ha pasado un año desde que el Congreso aprobara por unanimidad sacar adelante el régimen sancionador. Para agilizar el proceso dada la urgencia por la situación de las pymes, no tenían más que aprobar las enmiendas ya negociadas previamente para la Ley presentada por Ciudadanos, pero lo único que ha ocurrido han sido las numerosas ampliaciones del plazo de enmiendas, hasta 34, una tras otra”, denuncia Cañete.

Para este economista, “la desidia del Gobierno en materia de morosidad nos lleva a augurar un empeoramiento de la situación financiera de las pymes, que ya es delicada y sobre la que incide sobremanera la morosidad”.

Los cuatro expertos consideran el futuro régimen sancionador contra la morosidad esencial para el futuro de la economía española.

Así revela que en su último análisis de las empresas del IBEX constatamos que el plazo medio de pago era de 191 días frente a los 60 legales (más que triplicándolos).

Ante las evidencias de que la morosidad es uno de los mayores problemas que afectan a la supervivencia de las pymes, y siendo la PMcM la entidad de referencia en esta materia en España, Cañete no se explica cómo nunca ha sido convocada a participar en el Consejo Estatal de la Pyme.

El tema de la morosidad del sector público se torna más grave con motivo de la crisis ya que muchas empresas presentan problemas de liquidez y se han endeudado al acudir a los préstamos del ICO que ahora deben devolver.

Y, más grave aún, aparte de la morosidad se dan casos de directamente impagos, con la consecuente pérdida del margen y de la prestación del servicio o la materia prima para a pymes o el autónomo p proveedor. Este nivel subió al 5,4% el año pasado, por lo que el cierre de una de cada tres empresas cerradas se debió a la morosidad.