AD.- Hay que decirlo alto y claro a tenor de lo ya vivido. Pedro Sánchez es un gafe redomado, una desgracia para los españoles, un imán de catástrofes y tragedias.

El presidente del Gobierno tiene la curiosa ‘habilidad’ de atraer sobre la población todo tipo de calamidades.

La lista es larga, pero sin duda hay que empezar por la última, la amenaza del hantavirus, cuya gravedad aún no sabemos cuantificar del todo, Esta nueva crisis sanitaria requeriría sobre todo de buena coordinación entre administraciones, transparencia y mensajes claros. Y llamar a la calma muchas veces no funciona sin un liderazgo claro y la información precisa.

En los últimos tres días se nos acumulan los anuncios contradictorios y los choques institucionales. De lo primero es el Gobierno el único responsable, que se ha demostrado incapaz de coordinarse consigo mismo; para lo segundo, para los choques institucionales, cuenta el Gobierno con la inestimable ayuda de la oposición, que no ha dudado en aprovechar el hantavirus como ingrediente más para azuzar el choque y la polémica. Esto tampoco ayuda a la calma.

Como no ayuda que en 72 horas, la ministra de Sanidad haya dicho que el barco no entraría en Tenerife, luego que sí y ahora resulta que no, que no atracará. El domingo, cuando llegue el crucero afectado por hantavirus lo fondearán y sacarán los pasajeros del crucero en lanchas para su evacuación hasta el aeropuerto. Sin contacto con la población canaria.

Entre tanto, la ministra de Defensa creó más confusión diciendo, en contra de lo que decía Sanidad, que la cuarentena de los pasajeros sería voluntaria. La última hora es que no, no lo será. Sanidad está preparando un informe jurídico que permita internarlos a todos en una cuarentena aún por determinar.

Adamuz: El 18 de enero, 46 personas resultaron muertas después de que dos trenes de alta velocidad de las compañías Iryo y Renfe descarrilasen en Adamuz, un municipio de la provincia de Córdoba.

Casi cuatro meses después del trágico accidente ferroviario de Adamuz que acabó con la vida de 46 personas, aún se desconoce si primero se rompió el raíl o la soldadura del carril. Para aclararlo, han tomado declaración a un total de 19 maquinistas de las compañías Ouigo, Renfe e Iryo que circularon ese mismo día por ese tramo. El informe detalla que “salvo uno”, “el resto no reporta ningún tipo de incidencia o sensación extraña”. Además, la CIAF comprobó las ruedas de varios trenes que pasaron por el lugar y encontró “muescas compatibles con una rotura de raíl”.

Tras conocer que la vía llevaba rota desde el día anterior al accidente, la pregunta es clara: ¿Por qué no lo detectó el sistema de alerta?

Tal y como explicó en Antena 3 el catedrático de Ingeniería Química y Materiales, Ricardo Díaz, ese sistema de alerta sí detectó esa rotura, pero ha habido varias negligencias. Díaz ha detallado que “para instalar ese sistema, primero se tienen que publicar un pliego de condiciones con una serie de especificaciones”. En esas especificaciones, se destaca “que el sistema tiene que localizar cualquier tipo de la rotura de la vía”.

La primera incidencia es que “cuando se instala ese sistema, Adif no lo exige porque asegura que es poco fiable”. El mismo “Adif deshecha ese sistema y circulan trenes sin tener una vigilancia de rotura de vía de forma instantánea”. Así ha detallado Díaz la que podría ser la primera incidencia o negligencia.

Asimismo, confirmó que este accidente se ha provocado por un cúmulo de fallos. Asegura que, aunque “está claro que el problema ha sido del carril o de la soldadura”, “se podría haber hecho una mala ejecución en la soldadura”.

También que, a las pocas horas de conocer el accidente, el presidente de Adif dijo “que no sabía si se había utilizado el kit que se recomendaba para los raíles”. En el caso de que se tengan dos raíles iguales, “hay que utilizar un kit de soldadura que sea homogéneo”. Si son distintos, “hay que utilizar el que sea más dúctil”. Se produce otra negligencia porque en el pliego de condiciones, figuraba el otro kit, según ha confirmado Díaz.

Indicó que al hacer la soldadura, “no había inspectores delante del soldador para certificar que aquello se hacía como corresponde”, siendo esto obligatorio.

En octubre de 2024, la DANA de Valencia se convirtió en la tragedia natural más devastadora que ha sufrido Europa en los últimos 300 años. El cenizo de Sánchez podemos extenderlo también a todos los ámbitos de este Estado semi fallido: un presidente corrupto y rodeado de corrupción, catástrofe mal gestionada, avance del narcotráfico, partidos políticos corrompidos, tendencias totalitarias en el poder político, desprestigio internacional, delincuencia en las calles, invasión de inmigrantes sin controlar, fuerzas armadas devaluadas, policía ineficaz, un jefe policial que esconde 20 millones de euros, hundimiento de los valores y un izquierdismo en el poder que empuja al país hacia la ruina y el desastre.

La lista de calamidades con Pedro Sánchez en el gobierno es interminable. Lo peor es que con Pedro Sánchez en el Gobierno todo siempre es susceptible de empeorar.

Y, aunque pueda parecer coña, ya le advirtieron al inquilino de La Moncloa que se dejase de jugar con los restos de Franco y los dejase tranquilamente en el Valle de los Caídos.

Pero no. En octubre de 2019, en vísperas de la campaña electoral del 10 de noviembre, montó una ‘superproducción’ para que todos los españoles viesen como su ‘sanchidad’ hacía ver que él solito era capaz de derrotar al Caudillo.

Ni que decir tiene que a partir de esa ‘performance’ se incrementó la fama de gafe de la que siempre ha hecho gala Pedro Sánchez.

De hecho, a las pocas semanas de formar su nuevo Ejecutivo con ministros de Unidas Podemos empezó un carrusel de desgracias.

Pandemia: A finales de enero de 2020 empiezan a emitirse las primeras alarmas sobre el riesgo de coronavirus en varios países. Comienzan a darse los primeros casos en España, cierto es que de manera aislada, pero aún así el Ejecutivo de Sánchez ignora las advertencias y recomendaciones. Ya en marzo de 2020, previo al mortífero 8-M, el contador de fallecidos va subiendo sin que se ponga remedio por parte de las autoridades. Solo una vez celebrada la manifestación feminista y que a partir del 9 de marzo se disparen los contagios y, posteriormente, los fallecimientos. El 14 de marzo de 2020 se decreta el estado de alarma y el confinamiento de los españoles durante dos largos meses.

Coches atrapados por la nieve de la borrasca Filomena

Filomena: Enero de 2021. El servicio de meteorología anuncia fuertes nevadas en la Península, especialmente en el Sistema Central. Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez, con ministros como el entonces titular de Transportes, José Luis Ábalos, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, desprecian las alertas. ¿Resultado? Colapso como nunca se vio en la capital de España, en toda la provincia de Madrid y en regiones cercanas. La nieve no solo paralizó durante varios días la gran urbe madrileña, sino que todo un aeropuerto como el de Barajas se vio superado y tuvieron que cancelarse durante varias horas todas las operaciones aéreas.

Volcán de La Palma

Volcán de La Palma: Obviamente, nadie va a acusar a Pedro Sánchez de darle al botón para que se inicie una erupción volcánica, pero desde luego es lo que le faltaba a su presidencia, que después de una pandemia y una nevada también la tierra escupiese fuego y cenizas. Tampoco hubo un plan preparado en la isla de La Palma por parte del Gobierno de España a pesar de que ya iba dando avisos el volcán de Cumbre Vieja. Eso sí, para desgracia de los palmeros afectados por la lava, aparte de tener que ver más de media docena de veces al presidente en la Isla Bonita, a nivel de ayudas económicas, un cero como una catedral de grande.

Calima: A mediados de marzo de 2022 la Península Ibérica se vio envuelta en una gran polvareda. Polvo africano del Sáhara, la llamada calima, invadió sin piedad todo el territorio peninsular. Este fenómeno, habitual en Canarias durante varias veces al años, sorprendió a todos los habitantes e hizo maldecir especialmente a quienes dejaron sus vehículos en la calle cuando vieron el grosor de la capa de arena que había ya no solo sobre techo y capó, sino en los propios cristales.

Y por si fuera poco, más de 220 personas murieron y decenas permanecen desaparecidas por las graves inundaciones que afectaron principalmente a la región de Valencia.

En unas pocas horas cayó en algunas zonas el equivalente a un año de lluvia, lo que provocó grandes riadas que arrasaron localidades enteras, dejando atrapadas a miles de personas.

En algunos lugares se registraron más de 500 litros por metro cuadrado.

Las precipitaciones, que llegaron acompañadas de fuertes vientos y tornados, fueron provocadas por un fenómeno meteorológico conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha afectado a una amplia zona del sur y el este del territorio español.

El responsable de la gestión de una catástrofe de la dimensión de la sufrida por la Comunidad Valenciana y, en menor medida, por otras cuatro regiones. Lo es antes de que se produzca, para adoptar medidas preventivas, y lo es a continuación, para auxiliar a los afectados y atender los estragos.

No es una interpretación, como tantas otras que señalan al presidente del Gobierno o al de la Generalitat valenciana en función de meros posicionamientos políticos, sino un hecho inapelable derivado del preciso ordenamiento jurídico nacional, pisoteado por unos, ignorado por otros y enmarañado por algunos más para borrar la huella de las infinitas negligencias cometidas en este drama.

Pedro Sánchez siempre ha estado y estará al frente de emergencias como esta, previstas e incluidas por él mismo en su hoja de ruta para preservar la Seguridad Nacional, que a su vez se asienta en una Ley sin interpretaciones alternativas, que también fija el papel, secundario aunque relevante, de otras administraciones como la encabezada por Carlos Mazón.

El presidente del Gobierno tiene el mando, no puede renunciar a él ni delegarlo y no existen leyes, reglamentos ni protocolos de superior rango a esa obligación legal, sustentada además en el más elemental sentido común: a una emergencia nacional le corresponde una respuesta nacional, con todos los recursos del Estado necesarios para atenderla que, obviamente, solo puede movilizar la máxima autoridad ejecutiva de un país.

No era necesario, como sostienen unos u otros, que el presidente valenciano elevara la alerta para activar al Estado. Ni tampoco que el presidente impulsara un Estado de Alerta o de Emergencia, como hizo con la pandemia en toda España o en exclusiva para la Comunidad de Madrid, en este caso con intenciones políticas contra Ayuso que, visto todo con perspectiva, demuestran su capacidad para suplantar supuestas competencias autonómicas que ahora consideraba falazmente intocables.

El despliegue preventivo y a continuación el socorro de las víctimas y de las zonas afectadas solo hubiera necesitado de un decreto presidencial que debió aprobarse y se ignoró, en un flagrante caso de omisión con resultados horribles, ahora tapado con la enésima campaña de la izquierda para convertir una tragedia, de la que en este caso es además responsable, en una oportunidad política contra sus rivales.

Sánchez debió anticiparse a los estragos poniendo en marcha, con la ingente información recibida, una respuesta activa que minimizara los daños, con medidas tan sencillas como instar a los ciudadanos a quedarse en sus casas, cerrar el tráfico por carretera o incluso evacuar los pueblos potencialmente más afectados.

Tuvo suficientes alertas de que algo grave iba a pasar, tenía a su alcance remedios paliativos y disponía de la herramienta jurídica para hacerlo todo con la urgencia requerida. Y, desde luego, disponía de la autoridad legal para, a renglón seguido, acudir al rescate de los afectados con todos los recursos del Estado y el apoyo, en el papel que él decidiera, del resto de administraciones.

Que el Gobierno no activara sus facultades para atender una emergencia de «interés nacional», perfectamente descrita en el ordenamiento jurídico español, es la prueba de su negligencia dolosa, y no un argumento para señalar a la Generalitat valenciana: es intolerable que la falta de reacción a la que estaba obligado se transforme en una exoneración por el burdo procedimiento de ubicar en el espacio autonómico lo que siempre estuvo en el ámbito nacional: Sánchez no tenía derecho a mirar para otro lado. Y, sin embargo, lo hizo.

Sánchez abandonó a su suerte a miles de ciudadanos en cinco regiones, ignoró la Ley que le obligaba a actuar antes y después, renunció arteramente a un mando que tenía, omitió la figura institucional que diseñaba la forma de proceder ante la tragedia y coordinaba al Estado en todos sus niveles e incumplió una Ley inequívoca por encima de la cual no existe nada de rango superior que la pueda marginar. Las víctimas se merecen la verdad. Y el conjunto de los españoles también, sin cálculos políticos inaceptables, en favor de unos u otros, cuando el escenario es de devastación, tantas vidas se han perdido o han quedado dañadas y solo la decencia ha de modular la acción política, la respuesta institucional y las opiniones públicas.

Sánchez es en sí mismo una tragedia para España, igual o peor que las siete plagas de Egipto. Su marcha del poder evitaría a millones de españoles más tragedias y calamidades. Allá quien quiera relativizar estás cosas, pero por el bien de los españoles, y para evitar más sufrimientos, hay que decirlo, sostenerlo y ponerle el precio que su infinito ‘gafismo reclama.

Accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba): Al menos 41 personas han resultado muertas, varias más han resultado heridas -algunas de ellas de gravedad- y otro número indeterminado permanecen atrapadas después de que dos trenes de alta velocidad de las compañías Iryo y Renfe hayan descarrilado esta tarde en la provincia de Córdoba, según ha confirmado la Guardia Civil. Entre los fallecidos se encuentra el maquinista de la operadora pública española.

El tramo ferroviario de Adamuz arrastraba un largo historial de problemas mucho antes del brutal choque entre dos trenes registrado este domingo por la tarde. Desde 2022, Adif ha contabilizado al menos 20 incidencias en esta infraestructura, según detalla The Objective.

El siniestro tuvo lugar a las 19.45 horas del domingo 18 de enero, cuando los últimos vagones del Iryo 6189, con unos 300 pasajeros a bordo y que cubría el trayecto Málaga-Madrid, descarrilaron e invadieron la vía contigua. En ese momento circulaba por ella el Alvia 2384, con el que se produjo el impacto frontal.

El balance provisional es devastador. Al menos 41 personas han muerto, decenas más permanecen ingresadas, de las cuales 11 adultos y un menor continúan en la UCI, según fuentes sanitarias. Los equipos de emergencia siguen trabajando en la zona, lo que mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el número final de víctimas.

El accidente se ha producido en un punto concreto de la línea Madrid-Sevilla que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha definido como «raro y difícil de explicar», al tratarse de una línea recta cuya vía fue reformada el pasado mes de mayo. Sin embargo, los datos oficiales desmienten cualquier carácter excepcional.

Sólo en los últimos tres años, este tramo entre Adamuz y localidades próximas como Villanueva de Córdoba o Alcolea ha registrado incidencias continuas en la infraestructura, la señalización y la catenaria. Averías, fallos técnicos y retrasos se han repetido con una frecuencia alarmante, afectando tanto a trenes de alta velocidad como a servicios de larga distancia.

Las incidencias se acumulan mes tras mes: problemas de señalización en septiembre, mayo y junio de 2025; fallos en la catenaria en abril de ese mismo año; retrasos provocados por averías en 2024 y 2023; y alertas constantes desde 2022 por deficiencias en un tramo clave para la conexión entre Madrid y Andalucía.

Fuentes del sector ferroviario recuerdan que maquinistas habían solicitado rebajas de velocidad en este tramo debido al mal estado de las vías y a los «botes» que se producían durante la circulación. Advertencias que, a la vista del historial, no derivaron en soluciones estructurales eficaces.

La tragedia de Adamuz no se explica como un hecho aislado ni imprevisible. Llega después de años de avisos, incidencias documentadas y una gestión que ahora queda bajo escrutinio público. Mientras se investigan las causas exactas del choque, el foco se dirige de forma inevitable hacia la responsabilidad de quienes tenían la obligación de garantizar la seguridad de una infraestructura crítica.