El conseller de Educación, Vicent Marzà, aplaude desde su escaño tras la aprobación de la nueva ley

El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este miércoles con el respaldo de PSPV, Compromís, Podemos y los ‘agermanats’ y el rechazo del PP y Ciudadanos la ley por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, que establece con carácter general que el tiempo mínimo impartido en valenciano y en castellano debe ser de un 25% en ambos casos, y entre el 15 y el 25% en inglés (en el segundo ciclo de Infantil el inglés se incorporará con un 10% del horario curricular).

Uno de los artículos especialmente criticados es el que señala que se promoverá que los centros sostenidos con fondos públicos vehiculen el 50% del tiempo curricular en valenciano y en 25% en inglés. La ley deroga, además, el decreto ley 3/2017 del Consell por el que se regulaba el plurilingüismo el presente curso en Infantil 3 años.

Durante un tenso debate que se ha prolongado durante casi dos horas, PSPV, Compromís y Podemos han defendido la nueva norma en base a sus criterios pedagógicos y el objetivo común, que los alumnos dominen las tres lenguas en igualdad de condiciones y oportunidades. El PP, por su parte, ha censurado que “margina el castellano, no se ajusta a la ley” y ha advertido: “Esto es el ‘procés’ valenciano y nos les quepa ninguna duda de que vamos a frenarlo antes de que sea demasiado tarde”.

Ciudadanos también se ha mostrado muy crítico con esta propuesta que, si bien “descafeinada” respecto a los decretos anteriores, “no busca un plurilingüismo efectivo, sino adulterado hacia una ideología nacionalista que poco tiene que ver con lo que desean las familias”.

Josep Nadal (Compromís) ha indicado que esta ley supone “un paso de gigante” en la educación valenciana tras décadas en las que la sociedad “aún arrastra muchos de los dogmas que impuso el franquismo, uno de ellos el monolingüismo en la escuela, la calle, el trabajo o los medios de comunicación”.

Así, ha definido esta propuesta como “equilibrada” que conjuga la opinión de expertos, comunidad educativa y el marco legal, y ha negado que haya “imposiciones, por mucho que lo digan” PP o Ciudadanos. “Esta no es la ley que hubiera hecho Compromís, pero estamos satisfechos”, ha admitido, porque “habla de mucho más que de plurilingüsmo, habla de pluralidad y diversidad” frente a las “proclamas ‘guerracivilísticas'”.

En este sentido, ha advertido a la bancada del PP: “El proyecto de enfrentamiento, de romper la convivencia entre valencianos, no triunfará nunca por mucho que algunos lo intenten”. También ha lanzado un mensaje a Ciudadanos: “No se crean que van a conseguir votos siendo la marca blanca del PP, la gente prefiere el original”.

La ‘popular’ Beatriz Gascó ha asegurado que aunque el refranero popular dice que “a la tercera va a la vencida”, con esta “ley del engaño lingüístico tampoco van a acertar” porque “está hecha de espaldas a la sociedad y coarta la libertad de las familias” y “está condenada a fracasar”.

Ha incidido en que se trata de una ley “nacionalista y sectaria” y ha reclamado ver el informe de los expertos de las universidades, porque si es el mismo usado para los decretos anteriores “no hay que ser Einstein para augurar el mismo final”. “No están legislando para el pueblo”, ha dicho, para lamentar que “van a imponer un modelo único, su modelo de libertad” con la recuperación “de ese monolingüismo franquista”.

“Es una dictadura lingüística”, ha reiterado la diputada del PP, que ha indicado que su grupo nunca ha estado en contra del valenciano, pero sí de las imposiciones, con un “plurilingüismo sin inglés”, ya que “en Infantil lo dejan al 10%”. Además, ha advertido de que “son una fábrica de gente que no quiere hablar en valenciano, que les están cogiendo manía”.

Por su parte, la diputada Mercedes Ventura (Cs) ha recordado las palabras de Noam Chomsky en las que aseguraba que ni científicos ni políticos tienen “nada que decir acerca de las fronteras que delimitan las lenguas” y ha lamentado que se mantengan “los viejos errores de la imposición lingüística que sólo nos ha llevado a un conflicto entre valencianos y a la autonomía vecina al odio”.

Aunque ha reconocido que se ha intentado “suavizar” este “tercer intento de aplicar la ideología lingüística en las aulas”, ha señalado que la normalización lingüística debe trabajarse “desde el consenso, alejándose de cualquier tipo de ideología que favorezca la imposición” y, por ello, ha lamentado el artículo que establece, a su juicio, “una imposición en diferido” que puede dejar al castellano como lengua vehicular en el 25% del horario lectivo.

El diputado de Podemos César Jiménez ha defendido la necesidad de mejorar la competencia en lenguas de los alumnos “haciendo caso a los expertos y eliminando la cuestión del debate electoralista”, para hacer a los niños “libres”.

También ha alertado de que “no hacen ningún favor los partidos que relacionan el aprendizaje de lenguas con el nacionalismo”, ha pedido “no reducir el valenciano al ámbito del folclore”. “Superemos esa etapa en la que la lengua ha significado conflicto”, ha reclamado.

Por su parte, Ana Besalduch (PSPV) ha resaltado la necesidad de este nuevo instrumento ante los resultados de las “nefastas políticas educativas” del Consell anterior y ha destacado que la ley “respeta la realidad sociolingüística de cada centro”.

“Esta ley podría salir por unanimidad si todos los grupos pusieran por delante de los intereses partidistas o electorales los del alumnado”, ha aseverado, para criticar acto seguido que el PP haya “resucitado el adoctrinamiento y el catalanismo” a modo de “fantasmas con los que tapar sus vergüenzas”.

Asimismo, ha criticado que se intente “trastocar de forma maquiavélica el verbo promover, que no es imponer” y ha incidido en que “esta ley no impone absolutamente nada”. Además, ha señalado que si el PP lo estima oportuno acuda a los tribunales, “pero con el superávit del grupo, no con dinero de los alicantinos o castellonenses”.