Pablo Ruz, el juez del chivatazo a ETA, viajó hoy en secreto a París para entrevistarse con los principales mandos de la lucha antiterrorista españoles en el país vecino y los enlaces galos a fin de aclarar por qué Francia abortó en el último momento y por cuenta propia la operación contra el aparato de extorsión de ETA. El magistrado, que volverá a Madrid este martes, según fuentes judiciales, podría reunirse también con la juez antiterrorista gala Laurence Levert, para conocer de primera mano las llamadas ‘actas de Thierry’, los documentos internos incautados a la banda en mayo de 2008 en los que se asegura que enviados del Ejecutivo esgrimieron el soplo a los recaudadores de ETA en mayo de 2006 como un gesto de buena voluntad en las negociaciones durante la penúltima tregua terrorista.

El viaje de Ruz, que se ha traslado a París en absoluto secreto y sólo acompañado de un funcionario de su juzgado y una discreta escolta, viene provocado por la famosa comisión rogatoria de 645 folios que la juez antiterrorista gala Laurence Levert remitió, tras varias peticiones infructuosas, a principio de enero con las diligencias abiertas en Francia sobre la ‘operación Faisán’.

En ese documento hay nueve folios, que el juez decretó secretos y que sólo la Fiscalía puede consultar. En esas páginas, la magistrado da cuenta de las denominadas ‘actas de Thierry’, el resumen de los encuentros entre ETA y el Gobierno que hicieron los terroristas y que le fue incautado al entonces jefe del aparato político de ETA y supuesto número 1 de la banda, Francisco Javier López Peña ‘Thierry’, detenido el 21 de mayo de 2008 en Burdeos. En uno de esos documentos, ETA asegura que el ‘número 4’ de los negociadores del Gobierno, al que posteriores documentos de la banda identifican como el abogado José Manuel Gómez Benítez, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, blandió el chivatazo como muestra de la buena voluntad del Gobierno cuando su interlocutor etarra se quejó de que las detenciones seguían y, en particular, mostró su enfado por la redada contra el aparato de extorsión que había ordenado el magistrado Fernando Grande-Marlaska, del que ETA sospechaba que no actuaba de ‘motu proprio’, sino apoyado por el Ejecutivo.

Comisión rogatoria

Desde que recibiera esa comisión rogatoria, Ruz lleva varias semanas practicando diligencias en secreto sobre esos contactos ETA-Gobierno entre marzo de 2006 y junio de 2007. A principios de febrero ya interrogó sin ningún tipo de publicidad a buena parte de la cúpula de Interior por entonces, entre ellos: el que fuera director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida; los entonces directores de apoyo operativo de ambos cuerpos, el comisario Miguel Ángel Fernández Chico (todavía lo es) y el general José Manuel García Varela (ya en excedencia). A esa lista se ha unido el presidente del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Jesús Eguiguren.

Además de las actas de Thierry, responsables de la Audiencia Nacional desvelaron que Ruz quiere recabar “explicaciones directas” de por qué Francia, por su cuenta y riesgo, decidió paralizar la operación contra el aparato del extorsión el 4 de mayo de 2006, a pesar de que los magistrados de Fernando Grande-Marlaska y la propia Levert había dado ya su visto bueno.